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El Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE) es fruto del Diálogo Social tripartito y del consenso político(Parlamento, Senado, Subcomisión RSE, proposiciones no de ley…) y nació como el órgano de mayor rango en Europa sobre esta materia.

Desde su creación, ha desarrollado una labor de diálogo y consenso que hacontado con la participación de representantes de los principales grupos de interés: administraciones públicas, organizaciones empresariales, organizaciones sindicales y otras organizaciones de la sociedad civil. Su contribución no ha podido ser tan fructífera como desde CCOO deseábamos. 

En parte, debido a cierta dejadez desde el Gobierno -el anterior y también el actual- que ni siquiera le ha dotado delos recursos necesarios. Pero especialmente, por el escaso interés que ha mostrado hasta ahora el Grupo Empresarial presente en el Consejo, debatiéndose internamente entre unos pocos que apuestan por cambiarla concepción de la empresa e integrarla RSE en su gestión, frente a una mayoría que sigue entendiendo este concepto comopura estrategia de marketing.
Para que la RSE sea creíble, debe ser medibley contar con un conjunto de indicadores consensuados que evalúe la transparencia, el buen gobierno corporativo, el medio ambiente, los derechos humanos, las relaciones laborales, el consumo sostenible, etc. Estos indicadores no pueden sino emanar del propio Consejo. Es más que probable que ésta sea una de las causas que hace que desde algunos sectores y por parte de algunos “expertos”, se viertan críticas a la labor realizada hasta ahora y se pongan obstáculos en su desarrollo.
Desde CCOO, estamos interesados en mantener y mejorar su funcionamiento, reforzarle como organismo impulsor de las políticas de RSE y convertirle en un espacio más de diálogo social y concertación, para avanzar en el papel decisorio que los trabajadores y trabajadoras deben tener en un modelo productivo distinto, renovado y dispuesto a afrontar los retos que la sociedad del siglo XXI necesita. El Pleno del Consejo decidió en su reunión del 3 de mayo de 2011, la creación de tres Grupos de Trabajo para dar cumplimiento a diversos mandatos encomendados a él por la Ley de Economía Sostenible (LES):“Promoción de la RSE” (Art. 39), “Gestión y Funcionamiento del CERSE (Art. 39); e “Inversión Socialmente Responsable en Fondos de Pensiones” (disposición final trigésimaprimera). Los Grupos de Trabajo han sido el verdadero motor del Consejo desde su constitución. Los correspondientes documentos se están elaborando y deberían terminarse para el fin del verano. Por ahora, ningún miembro los ha rechazado expresamente, aunque desde el Grupo Empresarial se ha abierto un período de reflexión, que esperamos no haga que se demore su conclusión. 
Además, el CERSE deberá afrontar en los próximos meses no sólo el desarrollo de las funciones encomendadas y los mandatos de la LES, sino los nuevos retos planteados desde el Gobierno español y desde la Comisión Europea. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha señalado entre los principales objetivos del Gobierno en esta materia, la elaboración un Plan Nacional, que sirva de referente para el desarrollo de la RSE en los territorios de las Comunidades Autónomas y que esté en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea. Por supuesto, el anunciado Plan debe vincularse al CERSE, “como órganoasesor y consultivo del Gobierno y marco de referencia para el desarrollo de esta materia en España”.
La Comisión Europea publicó en 2011, la Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la “Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas”. Esta comunicación plantea importantes retos y oportunidades al CERSE como principal herramienta para el desarrollo de la estrategia europea en España.
Por otro lado, también la Ley de Transparencia puede ser un instrumento importante para rendir cuentas sobre la responsabilidad social, incluyendo en esto no sólo a las empresas sino también a las Administraciones públicas. El CERSE, la LES y la Ley de Transparencia están interconectadas: las administraciones, organismos y planes públicos deben elaborar informes de sostenibilidad (Art. 35 de la LES). Los indicadores que debe aportar el CERSE(Art. 39) sirven también para el sector público.
Y la Ley de Transparencia obliga a la rendición de cuentas, y ésta debe hacerse mediante informes. 
Por nuestra parte, no abandonamos en nuestra acción sindical diaria la necesidad de incorporar criterios de RSE, ISR y sostenibilidad.
Esperemos que en septiembre se convoque el Pleno del Consejo y, fruto de los debates previos en los Grupos de Trabajo, se puedan aprobar los tres documentos consensuados referidos anteriormente. En los momentos difíciles, como el actual, sehace más imprescindible que nunca realizar un esfuerzo compartido y es en organismos como el CERSE, que cuentan con la participación de los diferentes actores dela RSE, donde mejor se pueden impulsarlos acuerdos necesarios para superarlos.
La Responsabilidad Social (ligada a la Sostenibilidad y a la Inversión Socialmente Responsable) puede y debe ser una de las luces que nos guíe en este camino.
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