Hace ya tiempo que creo que los fondos de pensiones se están consolidando cómo uno de los principales actores en la demanda de más transparencia, accountability y responsabilidad en derechos humanos. Un ejemplo de ello es el Fondo Global de Pensiones del Gobierno Noruego y su Comité Ético establecido en el año 2004 con el objetivo de asesorar al Gobierno de este país sobre la conveniencia, o no, de invertir en determinadas empresas en función de unas directrices éticas preestablecidas.
Fruto de este mandato, una cincuentena de empresas de distintos sectores ha visto como el Fondo recomendaba al Ministerio la venta, en el plazo de dos meses, de sus acciones y hacía públicas las razones por las cuales se había tomado tal decisión. Lo que el Comité ético no tenía previsto, y por lo tanto para lo cual no había asignado los recursos necesarios inicialmente, era que se iniciara, como así ha sucedido en la mayoría de casos, un diálogo con las empresas deseosas de ser readmitidas. Todos sabemos que la expulsión de uno de los principales fondos de inversión del mundo es significativo en el expediente reputacional de cualquier empresa que se considere responsable en ámbitos como los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) o el medio ambiente.
Curiosamente, y más allá de los sectores tradicionalmente excluidos, las directrices prevén que se pueda dar la recomendación de expulsión por la “probabilidad” de que una empresa viole los principios éticos en un futuro próximo adoptando por lo tanto sus decisiones un carácter preventivo en la comisión de abusos. En este sentido también, y desde una sabia perspectiva nórdica, el sistema contempla la posibilidad de mantener una empresa en observación si no se dispone de suficiente información para emitir un dictamen o si se considera que la pertenencia al Fondo pudiera mitigar futuros abusos por el mero hecho de pertenecer a él.
Esta experiencia no es sólo interesante por sus resultados (aún pendientes de evaluación), y posible influencia sobre otros fondos de pensiones a escala global, sino porque se halla perfectamente orquestada a través de la coordinación de tres órganos cruciales para que las decisiones no queden en papel mojado, como son el Comité ético, el Ministerio de Finanzas y el Norges Bank. En todo caso, las argumentaciones esgrimidas en las recomendaciones del Comité ético son una fuente extremadamente valiosa de información ética y jurídica sobre tipologías de abusos y su relación con estándares internacionales en un ejercicio práctico de argumentos y contra-argumentos.
Maria Prandi
Instituto de Innovación Social
Boletin Empresa y Derechos Humanos
