En los últimos años ha aumentado mucho la popularidad de la inversión socialmente responsable (ISR) entre los grandes inversores. Las políticas responsables en los ámbitos social y ecológico son para los inversores un indicador de buena gestión interna y externa. Dichas políticas contribuyen a minimizar los riesgos anticipando y previendo crisis que pueden dañar la reputación y provocar caídas espectaculares del valor de las acciones.

 La inversión socialmente responsable (ISR)

La ISR es aquélla que fundamenta sus decisiones sobre cómo invertir sus recursos con criterios responsables socialmente, considerando por tanto aspectos sociales y medioambientales junto con los económicos en la toma de decisiones.

Un fondo de inversión socialmente responsable es, por tanto, un fondo en que a las inversiones, aparte de tratar de ofrecer la máxima rentabilidad y liquidez con el mínimo riesgo, se les exige además que estén de acuerdo con la moral, valores y sistema de creencias de cada uno. La inversión ética es, por consiguiente, un concepto muy sencillo; es una filosofía de inversión que mezcla objetivos éticos, medioambientales y sociales con objetivos puramente financieros.

Este concepto ha evolución en los últimos cuarenta años. En un principio, las inversiones socialmente responsables se caracterizaron por la exclusión de determinadas actividades. Primero, la política del apartheid de Sudáfrica, y luego, la guerra de Vietnam, provocaron que determinadas personas no quisieran invertir en empresas que tenían algún tipo de relación o implicación en estos hechos. De este movimiento de protesta nació la idea de inversión socialmente responsable: los inversores “votaban y elegían” a las empresas en las que querían invertir o al menos en las que no querían invertir.

Este concepto de exclusión, asociado a la idea de discriminación negativa, sigue siendo una de las características diferenciadoras de estas inversiones. Evidentemente, los motivos de la exclusión han variado considerablemente y no son homogéneos entre países: mientras en Estados Unidos la industria tabaquera es penalizada por casi el 100% de los Fondos ISR (FISR), en el Reino Unido, la fabricación de armas o las pruebas con animales son la primera causa de censura por los FISR.

La evolución de la ISR condujo a la idea de considerar no sólo excluir determinadas actividades, sino también de incluir empresas modélicas. Esta idea, premia a las empresas que adoptan una serie de buenas prácticas, tanto en su gestión financiera (de otra forma no serían escogidas por los gestores de los fondos de inversión) como en la de los temas medioambientales y/o sociales.

Tanto los índices como los fondos socialmente responsables que nacen en la actualidad tienen más en cuenta a la hora de confeccionar sus carteras las buenas prácticas de las empresas que los criterios de discriminación negativa. Estas buenas prácticas se engloban en las áreas económica, social y medioambiental. En el ámbito económico, además del análisis financiero al que están sujetas todas las empresas para formar parte de un fondo de inversión, en estos últimos años se está analizando y valorando especialmente la calidad del gobierno corporativo como un indicador de la buena gestión de la empresa.

En función de la discriminación positiva o negativa, los fondos se dividen en:

  • Fondos de primera generación. Unicamente aplicaban la discriminación negativa en sus carteras.

  • Fondos de segunda generación. Se combina la discriminación positiva y negativa.

  • Fondos de tercera generación. En ellos ya no se habla de discriminación negativa (aunque no es incompatible), sino que tan sólo se habla de discriminación positiva. La preocupación es ahora escoger a las mejores empresas de cada uno de los sectores de actividad en todas las áreas. Por tanto se basa en premiar la sostenibilidad de las empresas.

  • Fondos de cuarta generación. Entre los fondos de cuarta y la tercera generación, la diferencia no es conceptual, sino metodológica. Lo que se pretende ahora es validar la información obtenida durante el proceso de investigación mediante, por ejemplo, su verificación externa e independiente.


1.- Como surge y el porque de su crecimiento.

1.1.- El activismo accionarial

Además de la pura selección a la hora de invertir, existe otro tipo de estrategia ligada a la ISR, que en inglés recibe el nombre de shareholder advocacy, que se ha traducido al castellano como activismo accionarial. En este caso, los inversores, como accionistas, ejercen su derecho a voto e intentan cooperar y/o presionar para que la empresa adopte una postura clara en su política respecto a los temas del desarrollo sostenible. Especial relevancia cobran en este contexto los inversores institucionales.

En el ámbito internacional es bien conocido el caso de CalPERS, uno de los mayores fondos de pensiones del mundo, que solicitó al consejero delegado de la compañía farmacéutica GlaxoSmithKline una revisión urgente de los programas humanitarios de la empresa acerca del acceso a los medicamentos contra el sida en los países en desarrollo. Glaxo respondió reduciendo un 47% el precio de sus fármacos contra el sida. En otra ocasión, esta misma empresa vio cómo el 50,72% de los accionistas votó en contra de su informe de remuneración de 2003.

En España se ha aprobado un nuevo reglamento, el Real Decreto 304/2004, que supondrá un avance sustancial en esta materia (aunque no se mencione explícitamente la noción de RSC ni sostenibilidad). Según esta normativa, el ejercicio del activismo accionarial va a ser obligatorio ya que la comisión de control del fondo, con participación de la entidad gestora, deberá elaborar una declaración de principios de su política de inversión referida, al menos, a:

  • Métodos de medición de los riesgos inherentes a las inversiones.

  • Procesos de gestión del control de dichos riesgos.

  • Colocación estratégica de activos respecto a la naturaleza y duración de sus compromisos.

Con este reglamento los fondos de pensiones deberán formalizar su política de inversión, lo que obligará a una reflexión sobre la inclusión de aspectos éticos y criterios de sostenibilidad, temas hasta ahora únicamente considerados de forma tácita.

Según una encuesta realizada por Economistas Sin Fronteras en España en el último trimestre del año 2007:

  • el 64% de los inversores estaría dispuesto a vender acciones de una empresa que esté relacionada con un desastre ecológico o que vulnere los derechos humanos, incluso a costa de una pérdida de rentabilidad.

  • más del 57 por ciento de los ciudadanos están interesados en conocer información social y medioambiental de las empresas antes de invertir en ellas, aunque sólo el 2,8 por ciento la recibe.


.- Causas de su crecimiento.

El crecimiento de la ISR en los últimos años ha sido espectacular. Hay cuatro posibles argumentos que pueden ayudar a entender esta evolución:

  • La buena evolución bursátil. En los últimos años ha habido un desplazamiento de la inversión hacia la renta variable dados sus buenos resultados. Grandes flujos monetarios han buscado esta mayor rentabilidad y las gestoras financieras han visto cómo aumentaba espectacularmente la demanda de sus productos.

  • Mayor conciencia social y medioambiental. Un dato significativo al respecto es el porcentaje de fondos en Estados Unidos que excluían empresas por su impacto ambiental o por no respetar los derechos humanos.

  • La ISR ofrece la misma rentabilidad que la inversión convencional .

  • El apoyo de la Administración a la ISR. Existe un creciente compromiso por parte de los distintos Gobiernos europeos para promover la ISR en los mercados financieros.

El Gobierno del Reino Unido fue el primero en introducir reformas legislativas favorables a la ISR. En 2000 se aprobó la Ley de Fondos de Pensiones que obligaba a los planes de pensiones a publicar su política de inversión, especificando si se tienen en cuenta criterios éticos, sociales y medioambientales a la hora de seleccionar valores cotizados. El ejemplo del Reino Unido fue seguido por varios países, como Bélgica, Alemania y Francia. En este último, además, las empresas que cotizan en los mercados financieros están obligadas a publicar un informe de sostenibilidad.

En otros lugares, como los Países Bajos, existen también deducciones fiscales para determinados productos de ahorro e inversión que tienen en cuenta criterios ecológicos. Todas estas políticas han favorecido considerablemente el desarrollo de la ISR en estos países.

Asimismo, en España el Ejecutivo ha establecido un Consejo de Responsabilidad Corporativa en el que se reúnen distintos expertos del ámbito gubernamental, empresarial, académico y social con el objetivo de elaborar una ley de responsabilidad corporativa en la que se incluirán reglamentaciones que favorezcan la transparencia de los planes de pensiones y el activismo accionarial.

En el ámbito europeo, la Unión Europea también pretende impulsar la ISR. Para ello, la Comisión Europea participó en la creación del Eurosif (European Sustainable Investment Forum) en 2001.  Con este organismo se ha logrado crear una red de foros sobre la ISR en los distintos países europeos.  El Eurosif pretende, entre otras misiones, recoger información sobre la ISR en cada país para aportar datos a las reflexiones llevadas en el proyecto multistakeholderForum 2004, con el fin de legislar u optar por la autorregulación del mercado.


2.- Los índices sostenibles.

Hace tan solo diez años era impensable que inversores institucionales presionasen a favor de un acuerdo sobre el cambio climático como los inversores de Europa y Australia, con un patrimonio de más de 4 billones de Euros, hicieron con los Jefes de Estado de las delegaciones presentes en la Conferencia de Bali, demandando que se avance en el Tratado Post-1012 para que puedan invertir en proyectos a largo plazo para reducir las emisiones de CO2 y contrarrestar el cambio climático.

Lo que realmente está comenzado a ocurrir es que la globalización entendida como la internacionalización y liberalización de los mercados, sobre todo en los mercados financieros, está llevando a un proceso cada vez más intenso de flujos de capitales que viajan de un lado a otro y que tienen una capacidad de influencia directa sobre el desarrollo socioeconómico de la humanidad.

Hay un capitalismo financiero que compra y vende con fines especulativos con una voracidad ilimitada. Pero hay también, y afortunadamente cada vez más, una parte creciente de la inversión y de los flujos financieros que se mueve por motivaciones a largo plazo, que valoran parámetros no sólo financieros sino extrafinancieros, como la reputación, el buen gobierno de las empresas y su responsabilidad social y medioambiental.

Sin embargo existe una nueva corriente, que se va imponiendo en los últimos años  y que trata de incorporar de forma integrada criterios económicos, medioambientales y sociales en la gestión de las carteras de acciones de los inversores institucionales, seleccionando las mejores empresas de cada sector.  Surgen los índices globales. Entre ellos tenemos:

  • Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI). Está integrado por aproximadamente 300 empresas que representan el 10% de las 2.500 mayores empresas en capitalización bursátil y que cumplen mejor que sus homólogas con criterios económicos, medioambientales y sociales. A finales de agosto de 2005, la capitalización bursátil del DJSI World representaba 7,8 trillones de dólares. Entre ellas se encuentran, actualmente, las empresas españolas Abertis Infraestructuras, BBVA, BSCH, Endesa, Grupo Ferrovial, Iberdrola, Inditex, Telefónica, Gas Natural y Red Eléctrica Española.

En octubre de 2001 se creó el DJSI STOXX. Es una réplica del anterior pero centrado en empresas europeas (junto a este índice se ha creado también el índice DJSI EURO STOXX, sólo con empresas de la zona euro). En este caso se selecciona, con los mismos criterios anteriormente mencionados, al mejor 20% de las empresas clasificadas por sectores del índice Dow Jones STOXX 600. Diez empresas españolas están incluidas en este índice: repiten Abertis Infraestructuras, Amadeus, BSCH, Endesa, Grupo Ferrovial, Iberdrola, Inditex y Telefónica, y se añaden Gas Natural e Iberia.

  • FTSE4Good. En asociación con EIRIS, una organización independiente encargada de realizar la evaluación de las empresas, el FTSE (Financial Times Stock Exchange (FTSE) inauguró en el verano del año 2001 los FTSE4Good Índices. El criterio de selección se basa en escoger aquellas empresas que, una vez superados los criterios de exclusión, demuestren estar ejerciendo las mejores prácticas en tres ámbitos: respeto y protección de los derechos humanos, relaciones con las partes interesadas y sostenibilidad medioambiental de su actividad. Tanto el diseño de los criterios de selección como la gestión del índice son realizados por un consejo de administración totalmente independiente de FTSE.

 

Por otro lado, muchas instituciones financieras han comenzado a generar productos de inversión éticos que incluyen criterios de sostenibilidad en su diseño. Destacan entre éstos los fondos de inversión éticos, o también llamados socialmente responsables, que además de procurar ofrecer la máxima rentabilidad y liquidez con el mínimo riesgo, tratan de invertir en empresas que combinen objetivos financieros con objetivos sociales y medioambientales.


3.- Inversión ética e inversión Solidaria. Su diferencia.

  • La Inversión ética (por ejemplo fondos éticos) es aquella que incluye en su documento de gestión los criterios sobre los que basa la selección de su cartera de inversiones, indicando qué comportamientos se excluyen de la misma (industria armamentística, pornografía, tabaco, alcohol, energía nuclear, etc.) y cuáles son las prácticas empresariales a las que se intenta apoyar (protección del medio ambiente, fomento de la contratación estable y sin discriminación, obra social, transparencia, etc.)

  • La Inversión solidaria (por ejemplo fondos solidarios) es aquélla que otorga recursos a terceros como ONG's o entidades de carácter social para que éstas lo inviertan según sus propios criterios. Por tanto no adopta un criterio de inversión previo, sino que la inversión la decide el receptor, cuyo objetivo sí que debe tener carácter social o medioambiental. Simplemente dan un pequeño porcentaje de las comisiones de gestión del fondo a entidades no gubernamentales.

El sector de los fondos éticos y solidarios es relativamente incipiente y desconocido en España. Esta corriente ya ha cobrado popularidad en los países anglosajones y se está abriendo paso en el sector de la inversión colectiva europeo.

El origen de los mismos se remonta al Pax World Found de Estados Unidos, que surge en 1971, con el objeto de excluir empresas estadounidenses vinculadas económicamente con el apoyo a la guerra de Vietnam. En España, el primer fondo de características similares fue el Iber Fondo 2020 Internacional, cuya finalidad era incluir a las empresas cuyas inversiones eran respetuosas con la religión católica.

El proceso de inclusión de las empresas en un fondo ético normalmente se basa inicialmente en criterios de exclusión, rechazando de forma generalizada la inversión en empresas cuya actuación social es inaceptable, tales como empresas relacionadas con armamento, tabaco, energía nuclear, juego, alcohol y pornografía. Posteriormente se valoran las seleccionadas de acuerdo a otra serie de criterios tales como: protección del medio ambiente y de los animales, protección de los derechos humanos, obras con fines sociales, relaciones laborales, etcétera.


4.- Productos financieros asociados al Protocolo de Kyoto

Por cambio climático se entiende “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables”. (Párrafo 2 del artículo 1 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CMNUCC / UNFCCC, en sus siglas inglesas).

La Convención nace en el marco de la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima (1990), donde se exige un tratado internacional sobre el cambio climático.

En 1997 COP 3 Kyoto (todas las partes se reúnen anualmente en la Conferencia de las Partes), Adopción del Protocolo de Kyoto. En este texto los países se comprometen a estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero en un nivel que evite una interferencia peligrosa en el sistema climático terrestre.

Los gases de efecto invernadero que se incluyen en el Protocolo de Kyoto son los siguientes:

  • Dióxido de carbono (CO2).

  • Metano (CH4),

  • Óxido nitroso (N2O).

  • Otros gases en cantidades menores son, el Hexafluoruro de azufre (SF6) y los Carbonos hidrofluorados (HFC) y perfluorados (PFC).

Aun siendo los más peligrosos estos últimos se decidió, por su importancia en cantidad, utilizar como única unidad de referencia el CO2, transformando el resto de los gases a su equivalente.

Después de dos años y medio de intensas negociaciones, en 1997 se adoptó el Protocolo de Kyoto el cual entró en vigor el 1 de enero de 2008. Su objetivo es reducir, estabilizar o limitar el crecimiento de los seis tipos de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global del planeta.

Los países desarrollados y las economías en transición se comprometen a reducir sus emisiones de estos gases hasta situarlas, en promedio, un 5,2% por debajo de los niveles del año base (1990) durante el período 2008-2012, referidos a su equivalente en CO2, con cuotas diferentes. Si bien la obligación de alcanzar los objetivos de la convención es responsabilidad compartida entre todos las partes que la forman, éstas tienen diferentes compromisos de acuerdo con sus niveles de desarrollo económico.

El Protocolo de Kyoto sugiere mecanismos para la estabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero, que a la vez persiguen los siguientes objetivos:

  • Facilitar a los países desarrollados y a las economías en transición el cumplimiento de sus compromisos de reducción de emisiones.

  • Apoyar el crecimiento sostenible en los países en desarrollo a través de la transferencia de tecnologías limpias.

Los mecanismos de flexibilidad que propone el Protocolo de Kyoto son tres: el Comercio Internacional de Emisiones (CE), el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y el Mecanismo de Aplicación Conjunta (AC). Los dos últimos son mecanismos basados en proyectos y están plenamente operativos.

  • El comercio de derechos es uno de los mecanismos de flexibilidad contemplados en el Protocolo de Kyoto para facilitar a los países más desarrollados la consecución de sus objetivos de reducción y limitación de emisiones de gases de efecto invernadero. Estos límites de emisión serán gradualmente reducidos a través de autorizaciones de emisión cada vez más restrictivas. Mediante este sistema, una compañía únicamente podrá sobrepasar las emisiones que inicialmente tenía autorizadas, si adquiere los derechos o unidades de Kyoto equivalentes a su nivel de contaminación. Asimismo, una compañía que desee reducir sus emisiones podrá negociar el exceso de que disponga o bien, mantenerlo en su inventario.

  • El Mecanismo de Desarrollo Limpio, consiste en la realización de proyectos en países en desarrollo, que generen un ahorro de emisiones adicional al que se hubiera producido en el supuesto de haber empleado tecnología convencional, o no haber incentivado la capacidad de absorción de las masas forestales. Este ahorro de emisiones debe ser certificado por una Entidad Operacional Designada (EOD), acreditada por la Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio.

  • Las Reducciones Certificadas de Emisiones (CER por sus siglas en inglés) así obtenidas pueden ser comercializadas y adquiridas por las entidades públicas o privadas de los países desarrollados o de las economías en transición para el cumplimiento de sus compromisos de reducción con el Protocolo de Kyoto.

Existen empresas como Climate Change Capital una de las pioneras en el diseño e implementación de los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kyoto desde sus inicios desarrolla y gestiona Fondos que invierten en empresas y en proyectos que suponen una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

El objetivo de estos Fondos es la consecución de retornos financieros atractivos que demuestren la oportunidad económica que supone la transición hacia una economía baja en carbono.

Existen siete distintos tipos de derechos/unidades definidos en los textos internacionales. Cada derecho/unidad representa o es equivalente a una tonelada de CO2, calculada bajo la base de la potencia calorífica de los 6 gases que establece el Protocolo de Kyoto:

  • Unidades de Derecho Europeas (UDEs), son las cuotas convertidas de las unidades de cantidad atribuida (UCAs). Sólo las unidades de derecho europeas pueden ser utilizadas para el cumplimiento.

  • Unidades de Cantidad Atribuida (UCAs) o “Assigned Amount Unit” (AAU), los Estados miembros expedirán en sus Registros nacionales unidades de la cantidad atribuida correspondientes a sus niveles de emisión determinados con arreglo a la Decisión 2002/358/CE y el Protocolo de Kyoto.

  • Unidades de Absorción (UDAs) o “Removal Unit” (RMU), son las unidades generadas en las cuentas de haberes de los Estados miembros como consecuencia de la absorción de gases de efecto invernadero obtenida a partir de proyectos de sumideros domésticos.

  • Unidades de Reducción de Emisiones (UREs) o “Emisión Reduction Unit” (ERU), son créditos concedidos en virtud de un proyecto de aplicación conjunta o un proyecto llevado a cabo en alguno de los países incluidos en el Anexo B del protocolo de Kyoto. Estas UREs son exclusivamente creadas a través de la conversión de cuotas ya existentes.

  • Reducciones Certificadas de emisiones (RCEs) o “Certified Emision Unit” (CER) son créditos entregados en virtud de un proyecto del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL). Un Comité Ejecutivo realiza el seguimiento MDL de un proyecto de un país no incluido en el Anexo B del protocolo de Kyoto.

  • RCE temporal (RCEt) o “Temporary Certified Emisión Reduction Unit" (tCER). Es una RCE expedida por un proyecto un proyecto del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) que caduca al término del período de compromiso siguiente a aquél en el que se expidió.

  • RCE a largo plazo (RCEl) o “Long term Certified Emisión Reduction Unit” (lCER). Es una RCE expedida para un proyecto de forestación o reforestación que expira al término del período de acreditación del proyecto.

La Administración española ha querido motivar y ayudar a la pyme a convertir el Protocolo de Kyoto en una oportunidad, tenga o no obligaciones, y ha dispuesto toda una estrategia al efecto. España ha creado dos fondos propios, el Fondo Español del Carbono (FEC) en el Banco Mundial la Iniciativa Interamericana del Carbono (IIC) en la Corporación Andina de Fomento (CAF), y participa en cuatro fondos del carbono multidonante. Además tiene abiertas sendas líneas de asistencia técnica en el BM y en el BID y está estudiando participar en dos nuevos fondos del BID.

España calcula que tendrá que invertir 3.000 millones en cupos de emisión y en mecanismos de desarrollo limpio para cumplir Kyoto.


5.- La inversión socialmente responsable en España.

Aunque en nuestro país, en teoría, hay un interés positivo respecto a la inversión socialmente responsable (ISR), la situación en España dista mucho de la de otros países europeos. La ISR es todavía relativamente desconocida y su existencia se reduce a muy pocos fondos.

Señalar, como aspecto positivo, que en España existen en estos momentos alrededor de siete fondos de pensiones de empleo que han empezado a plantearse incorporar estrategias de inversión responsable. La Caixa y Telefónica, por ejemplo, ya lo hacen.

Las principales causas de la escasa relevancia de la ISR podrían ser:

  • son productos novedosos y por tanto con menor experiencia

  • la ausencia de regulaciones que promuevan este tipo de inversión.

  • la inexistencia de una apuesta decidida por este tipo de productos por parte de cajas de ahorros, bancos y entidades de gestión. No mantienen un papel activo para promocionar estos fondos. Nadie hace llegar a los ciudadanos la información de que este tipo de fondos existen.

  • una cierta confusión sobre el término “inversión socialmente responsable”, al que se le asocian otras etiquetas como solidario, ético o ecológico.

  • la falta de canales de diálogo formales entre las partes interesadas.

  • la ausencia de inversores institucionales nacionales interesados en este tema y la configuración del sistema bancario, que está basada en un modelo de “banca de proximidad” en el que cuenta más la extensión de la red bancaria que la oferta de productos.

  • la legislación actual no es favorable a este tipo de fondos. No se exige, por ejemplo, que los fondos de pensiones tengan que informar de si cumplen o no criterios sociales, lo que podría beneficiar a quienes sí lo hicieran.

  • la falta de ejemplo por parte de las administraciones públicas, las fundaciones, instituciones religiosas y las ONG.

  • que los gestores de carteras han desarrollado algunos tipos de fondos ISR poco atractivos para el mercado, con excesiva renta fija o que no siguen las nuevas tendencias del mercado.

A pesar del peso residual de las cifras de ISR, existen varias sociedades y organizaciones que están trabajando en su desarrollo. Destacaron por su papel precursor las iniciativas de ONG como la Fundación Ecología y Desarrollo o Intermon Oxfam, que participaron en el lanzamiento de los primeros fondos en 1999 utilizando la metodología reconocida de Eiris o SiRi Group.

Quienes están impulsando con más éxito la ISR en España son los inversores institucionales extranjeros, que empiezan a otorgar valor a las prácticas de responsabilidad social por ser un buen indicador de la calidad en la gestión y del gobierno corporativo.

De hecho, un amplio número de instituciones de inversión colectiva socialmente responsables extranjeras han empezado a comercializar en España sus productos, ya que han visto en el mercado español una buena oportunidad debido a las expectativas de crecimiento de este tipo de productos.

Por tanto, aquellas empresas españolas que sienten más cerca la presión de estos inversores institucionales están iniciando las acciones necesarias para pertenecer a FISR. Además, dado el interés mediático que despiertan los índices bursátiles como el DJSI o el FTSE4Good, cada vez son más las empresas del Ibex 35 interesadas en pertenecer a estos selectos índices, ya que su inclusión es una forma de aumentar su reputación, aspecto clave del que se hablará más adelante.

Prueba de este interés es el estreno que el pasado 9 de abril del 2008 del índice de sostenibilidad 'FTSE4Good IBEX', creado por Bolsas y Mercados Españoles (BME) y la compañía proveedora de índices FTSE Group como parte de la familia de índices 'FTSE4Good' y como un nuevo indicador de inversiones socialmente responsables compuesto por compañías españolas cotizadas en los mercados operados por BME.


Bibliografia.

  • Responsabilidad Social Corporativa. Una nueva cultura empresarial. Dr. Ricardo Fernández García. Editorial Club Universitario. ISBN 13: 978-84-8454-777-8. 2009


Currículo del  autor.

Dr. RICARDO FERNANDEZ GARCIA

  • Doctor en Ciencias Químicas.

  • Master en Administración de Empresas con especialidad en Gestión de la Producción y la Tecnología.

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