El Gobierno tendrá que poner a disposición de las organizaciones e instituciones públicas o privadas un “conjunto de características e indicadores para su autoevaluación” en materia de responsabilidad social.
Este es uno de los aspectos más relevantes del nuevo artículo 37 de la Ley de Economía Sostenible que aprobó en la noche de ayer la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los diputados, resultante de una enmienda transaccional poromovida por Convergencia i Unió. En concreto se afirma que el Ejecutivo tendrá que indicar también los “modelos o referencias” de informe, “todo ello de acuerdo con los estándares internacionales en la materia” y de acuerdo con las recomendaciones que haga el Consejo Estatal de la Responsabilidad Social Empresarial (Cerse).
Entre el conjunto de características a los que se hace referencia el nuevo artículo considera que tendrá que atender a los objetivos de transparencia en la gestión, buen gobierno corporativo, compromiso con lo local y el medioambiente, respeto a los derechos humanos, mejora de las relaciones laborales, de la contratación indefinida y de la conciliación de la vida laboral y personal, promoción de la integración de la mujer, de la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad entre otras.
Las empresas que hagan accesible esta información tendrán que indicar cuales son las estándares usados, así como si esta ha sido “verificada por terceras partes”, pudiendo solicitar “voluntariamente ser reconocidas como empresas socialmente responsables”, de acuerdo con las condiciones que determine el Cerse.
Respeto a la inversión socialmente responsable se ha incluido otra enmienda pactada por CiU y PSOE por la que la ley incluye una nueva disposición final en la que se dice que “reglamentariamente se desarrollarán las condiciones para la difusión de la información sobre el uso de criterios sociales, medioambientales y de buen gobierno en la política de inversión de los fondos de pensiones”.
