Algunos acontecimientos llamativos -más de lo habitual- están detrás de este debate: contradicciones sonadas entre algunos índices en la selección y exclusión de empresas, opacidad -no tanto en la metodología y en los criterios, que suelen ser explícitos, sino en la forma de aplicar una y otros- y, muy especialmente -por lo sonado-, reconocimiento por parte de Dow Jones Sustainability Indexes de errores en su herramienta de medición y revisión de la última evaluación realizada. Habría que dar gracias por el revuelo si han servido para impulsar una discusión imprescindible, porque los problemas planteados por este tipo de índices vienen de largo y no son pequeños.
José Angel Moreno Izquierdo
Se empieza a extender el debate social en torno a los llamados índices de sostenibilidad: bienvenido sea, por tarde que llegue.
Algunos acontecimientos llamativos -más de lo habitual- están detrás de este debate: contradicciones sonadas entre algunos índices en la selección y exclusión de empresas, opacidad -no tanto en la metodología y en los criterios, que suelen ser explícitos, sino en la forma de aplicar una y otros- y, muy especialmente -por lo sonado-, reconocimiento por parte de Dow Jones Sustainability Indexes de errores en su herramienta de medición y revisión de la última evaluación realizada. Habría que dar gracias por el revuelo si han servido para impulsar una discusión imprescindible, porque los problemas planteados por este tipo de índices vienen de largo y no son pequeños
Recordemos brevemente la razón esencial de estos índices: básicamente, surgen -desde la década de los 90 los primeros- para suministrar una guía sencilla a los inversores -particulares o institucionales- que quieren invertir con criterios de responsabilidad social. Ése es su cometido fundamental: facilitar, y por tanto contribuir a promover e incentivar, la inversión socialmente responsable (ISR). No debe olvidarse, porque es una finalidad noble, necesaria, requerida y de patente utilidad social (si los índices son consistentes).
Los problemas empiezan porque se trata de una tarea ciertamente nada fácil. La responsabilidad social es un concepto resbaladizo e inevitablemente transido de subjetividad: algo que irremediablemente se refleja en los índices. Un concepto, además, con un fuerte potencial de repercusiones económicas: algo que no ha dejado también de afectar -cada día más crudamente- a estos índices (“detrás de los índices hay un buen negocio”, dice en este diario Jordi Jaumà: no es muy diplomático, pero no le falta razón).
Aunque con escaso impacto social, son problemas que algunos expertos vienen aireando desde hace tiempo. Es ya un clásico el recuadro que dedicaron Porter y Kramer en un célebre artículo de 2006 al “juego de los ratings” (entre los que incluían destacadamente a los índices de sostenibilidad): 1)los criterios que manejan los diferentes índices son muy distintos e incluso contradictorios en ocasiones; 2) son criterios que están variando continuamente dentro de un mismo índice; 3) no analizan bien el grado de cumplimiento de los criterios que piden: se basan en las variables disponibles, que no suelen ser las óptimas; 4) y además, por si fuera poco, los datos suministrados por las empresas son en muchas ocasiones de mala calidad e insuficientemente significativos y fidedignos. El resultado, concluían, es que -por grande que sea su utilidad teórica- en la práctica tienen muy escaso sentido.
Escaso para su finalidad básica: el problema es que la promoción de la ISR ya no es la única -ni a veces la principal- razón de ser de los índices: para muchas empresas –sobre todo las de gran dimensión- se han convertido en un instrumento reputacional muy potente -mucho más, desde luego, que los propios índices de reputación-. Algo que contribuye no poco a ese “negocio de los índices” cada día más evidente. Y no tanto -que también- por la intensa comercialización de los índices -que no está en contradicción con su misión básica-, sino, sobre todo, porque las empresas están dispuestas a mucho por entrar en los índices -en ocasiones, a todo, menos a mejorar realmente sus comportamientos- y porque estos índices -y las entidades que están tras ellos- se están convirtiendo en verdaderos árbitros de la reputación empresarial: y eso duele.
Duele y plantea un problema -como ha señalado más de una vez José Alias- similar, aunque a otra escala, al de las agencias de calificación, crecientemente convertidas en referentes de los mercados financieros internacionales y capaces de dar sobresaliente cum laudem a piratas económicos o a paquetes estructurados de hipotecas basura.
Una arbitrariedad -¿condición de los árbitros?- que genera parecida perplejidad en el más modesto terreno de la RSE, en el que muchos no dan crédito ante las reiteradas inclusiones en la cúspide de los índices de empresas sobre cuya responsabilidad social real caben no pocas dudas. Sólo algunas perlas a título de recordatorio de una patología muy generalizada: Enron estaba espléndidamente calificada antes de que se revelaran sus engaños sistemáticos; Siemens era una empresa líder de uno de los principales índices antes de hacerse la luz sobre su estrategia de corrupción habitual; a Citi Group el mismo índice le daba parecida consideración cuando estaba siendo una de las entidades financieras más enfangadas en la debacle de la titulización de hipotecas sub prime; las arriesgadísimas prácticas extractivas de BP venían siendo denunciadas desde tiempo atrás por organizaciones ambientales sin eco significativo en muchos índices. Etc., etc., etc.
¿Son anomalías que descalifican el intento de calificación de la RSE? Creo que no: la ISR es uno de los fenómenos económico-sociales de mayor interés social de los últimos años y uno de los motores con mayor capacidad de impulsar realmente la responsabilidad empresarial. Y la ISR necesita de los índices. Pero sí queremos que los índices sirvan para sus propósitos esenciales y si queremos que la ISR y la RSE se extiendan hacen falta cambios profundos en los índices (por cierto, no en todos por igual, porque no son todos iguales). Ahí van algunos que a mí me parecen muy recomendables:
- Mayor transparencia. Y si la confidencialidad de los datos empresariales sufre, se siente: que participen en la selección las empresas dispuestas a afrontar de verdad el desafío de la transparencia.
- Mayor rigor analítico: para superar algunos de los problemas que señalaban Porter y Kramer. La información suministrada por las empresas a las agencias confeccionadoras de los índices debe ser exigente y homogéneamente verificada.
- Mayor exigencia socio-ambiental: para que no se incluyan en los índices empresas muy cuestionables en estos aspectos. Algo que exigiría sistemas de valoración mucho más rigurosos en términos de ética y responsabilidad y, como ciertamente ya hacen algunos índices, sistemas de evaluación permanente, asesorados -y fiscalizados- por expertos independientes y organizaciones sociales.
- Mayor confianza: si queremos que los índices impulsen una extensión verdaderamente significativa de la ISR (y no sólo de algunos grandes inversores institucionales y de fondos de inversión que cumplen remitiéndose a ellos), la gente tiene que fiarse de ellos. Algo que requiere información, pedagogía y verificación. Y es verdad que los índices se auditan, pero -como en la verificación de los informes empresariales de RSE- hace falta mucho más: auténticas auditorías socio-ambientales capaces de disipar toda duda (si no, ¿para qué sirven?).
- Coordinación: los índices son inevitablemente propuestas comerciales y difícilmente pueden trabajar conjuntamente con sus competidores. Pero sí hay campo para una mayor coordinación: si no de metodologías (ésa es la clave competitiva de cada uno), sí de criterios y de peso de las variables. Algo que permitiría también avanzar hacia una muy necesaria comprensión más homogénea de la RSE.
Aspectos todos, en definitiva, en los que no se podrá progresar sustancialmente sin el concurso de dos elementos que inevitablemente aparecen siempre que se habla de RSE: mayor apertura a la sociedad y mayor regulación. Y digo esto último -y que me perdonen los bienpensantes- porque parece que algo deberían decir al respecto algunos organismos internacionales y las administraciones públicas de los países en que recalan los índices y las empresas evaluadas. Si no lo dicen, mucho me temo que poco cambiará el panorama.
José Ángel Moreno Izquierdo