¿Por qué preocupa la ley extremeña de RSE a (casi) todas las empresas? (y por qué debería preocuparle al CERSE)

En los últimos días se ha abierto un debate (serio) sobre el Proyecto de Ley de RSE de Extremadura. Después de hablar con representantes de grupos empresariales, sindicatos, fundaciones, think tanks, académicos, y gestores de las empresas, hay una opinión mayoritaria: el Proyecto de Ley preocupa. Y preocupa mucho. Política al margen, preocupa la fragmentación; los obstáculos al mercado interior; los costes de implantación; la dificultad de aplicar algunos extremos; el posible efecto contrario de una acción que persigue justo lo contrario…. Preocupa todo.

Con ánimo de contribuir al debate de la RSC, ahí van algunas preocupaciones que aparecen de una lectura técnica del Proyecto de Ley:

1. Sobre el ámbito de la Ley. Se establece que la ley aplique a las empresas que desarrollan su actividad en Extremadura (no a las empresas con domicilio fiscal allí). ¿Puede una CC.AA proponer un marco que afecta a otras empresas con domicilio social en otras Comunidades? ¿Es posible la extraterritorialidad de una ley autonómica?

2. Sobre la certificación. Se establece que las empresas socialmente responsables son aquellas que cuenten con una certificación otorgada por la Consejería de Trabajo. ¿Qué información tomará en cuenta ese organismo autonómico para acreditar a una empresa? ¿Los correspondientes a Extremadura? ¿O los que afectan a todo el territorio nacional o sus operaciones internacionales?

3. Sobre la voluntariedad. Se define la RSE es voluntaria. Pero de facto, la realidad es distinta por un simple dato: en los concursos públicos se valora positivamente las empresas que sean socialmente responsables según los criterios que fija la ley, en términos de certificación, verificación, y de políticas. Se puede argumentar que las empresas voluntariamente pueden someterse, o no, a estos procesos. Pero ahí empiezan las dificultades técnicas. De muestra, dos botones:

El primero tiene que ver con la discapacidad. Se valora como plus de responsabilidad las empresas que, en política de discapacidad, vayan más allá de lo exigido por la LISMI. Y la pregunta es… ¿en qué territorio aplica el plus del 2% de personas con discapacidad? ¿a nivel estatal? ¿a nivel extremeño? ¿Tendrán que cumplir el 2% el cada una de las CC.AA?

El segundo tienen que ver con la verificación de los informes de RSE por parte de los sindicatos. Y la pregunta es… ¿de qué federación? ¿de la extremeña? ¿de aquella donde la empresa tenga su sede social? ¿y si opera a nivel nacional? ¿Y si su comité intercentros es, además internacional?

En la práctica, si este esquema se multiplica, podrá derivar en lo siguiente. Una empresa que quiera operar a nivel nacional, y quiera optar a concursos públicos, tendrá que: estar certificada en 17 comunidades; desglosar la información correspondiente a cada Autonomía; realizar 17 auditorías o procesos de verificación diferentes. Y todo esto en un periodo en que los presupuestos internos cada vez están más tensionados.

Y todo esto no significa vaciar de contenido en RSE a las Comunidades Autónomas. España es un estado autonómico en toda regla, eso no se discute. Lo que se discute el modelo. Hay CC.AA, como es el caso del Euskadi, que han impulsado políticas de promoción muy efectivas en el entorno de las PYMES. Pero ni han “invadido” el ámbito competencial de otros territorios, ni han generado frenos ni costes a las empresas.

A todo esto, hay que añadir que a nivel global están pasando cosas nada despreciables: el acuerdo de Global Compact y GRI para hacer converger un modelo global de reporte en sostenibilidad; la aprobación mundial de la guía ISO 26.000; la próxima Comunicación de la Unión Europea para establecer un modelo europeo que podría ver la luz en el primer semestre de 2011; las solicitudes de grupos de inversores globales a la SEC norteamericana para que soliciten criterios de sostenibilidad basados en Global Compact a las compañías cotizadas.

Es curioso: mientras que el mundo busca crear un estándar, en España se corre el riesgo de localizar y fragmentar una figura, la RSC que nace para dar respuesta a los desafíos de la globalización. Y eso es lo que debería preocupar al CERSE. Si otras CCAA siguen este camino, el Consejo Estatal de RSE pierde de facto su rol de armonizador, de coordinación y de impulsión. Y lo que es peor aún: vacía de contenido una política de estado que debe engancharse en Europa.

La solución. Cada vez tengo más claro que la solución pasa por un marco global europeo, que, a su vez, enganche con las iniciativas globales de cómo Global Compact y GRI. Cada vez tengo más claro que el modelo Danés, basado en el modelo “report or explain”, que toma como base el Global Compact, es la vía de avance. Y cada vez tengo más claro que no es lo mismo una empresa cotizada, que debe reforzar sus esfuerzos de trasparencia, que una no cotizada o una PYME.

En definitiva. Más allá de los hechos, mi valoración es simple: este modelo hace insostenible la sostenibilidad. De tanto querer esta función la vamos a matar. Eso sí: la mataremos a besos.

Hablamos en Twitter: twitter.com/aandreu

*Publicado también en la red de blogs del Instituto de Empresa