Publicado el
El Consejo de Ministros español ha dado luz verde a una nueva estrategia para incorporar criterios ambientales en las compras e inversiones del sector público hasta 2033. Según informa el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el plan busca reducir la huella de carbono, impulsar la economía circular y preparar las infraestructuras frente a los efectos del cambio climático. La iniciativa contempla 22 medidas y aspira a que todos los procedimientos incluidos en su ámbito valoren la incorporación de criterios medioambientales.
España apuesta por una contratación pública más verde y sostenible

La manera en que las administraciones públicas adquieren bienes, contratan servicios y desarrollan infraestructuras puede convertirse en una herramienta decisiva para acelerar la transición ecológica. Con esta premisa, el Gobierno ha aprobado el Plan de Contratación Pública Ecológica 2026-2033, una iniciativa destinada a integrar progresivamente la sostenibilidad en las decisiones de gasto e inversión del sector público estatal.

La dimensión económica de esta transformación es considerable. La contratación pública supone aproximadamente el 11,5 % del producto interior bruto (PIB) y representa cerca de una cuarta parte del gasto público. Por ello, introducir exigencias ambientales en estos procedimientos puede contribuir a transformar los modelos de producción y consumo, estimular la innovación sostenible y favorecer actividades económicas menos contaminantes.

Según explica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que ha elaborado el documento junto al Ministerio de Hacienda, la nueva estrategia amplía el marco establecido para el periodo 2018-2025. Además de la Administración General del Estado, sus organismos públicos y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, incorpora a las entidades públicas empresariales y las agencias estatales.

El horizonte está fijado en 2033, cuando se pretende que en el 100 % de los procedimientos de contratación comprendidos en el plan se valore introducir, al menos, una consideración ambiental.

Medir las emisiones antes de decidir qué contratar

Uno de los cambios más relevantes consiste en otorgar mayor protagonismo a la huella de carbono de los productos y servicios adquiridos por las administraciones. La intención es que el impacto climático pueda utilizarse progresivamente como un elemento objetivo y comparable a la hora de adjudicar contratos públicos.

Para avanzar en esta dirección, el Gobierno prevé desarrollar una base de datos centralizada con información sobre los factores de emisión de los materiales de construcción. Esta herramienta deberá abarcar productos que representen, como mínimo, el 70 % del volumen medio de la obra pública estatal.

También se estudiará la creación de un repositorio nacional de huella de carbono de producto, con datos verificados y normalizados para determinadas categorías prioritarias.

El documento contempla, asimismo, incorporar progresivamente la huella de carbono como criterio de adjudicación o condición especial de ejecución en aquellos contratos donde resulte viable. La identificación y difusión de proyectos de referencia permitirá comprobar cómo funcionan estas herramientas y facilitar su aplicación en otros procedimientos.

Infraestructuras preparadas para un clima cambiante

La estrategia no se limita a reducir las emisiones asociadas al gasto público. También pretende que las inversiones estatales tengan en cuenta los riesgos derivados del calentamiento global.

Para ello, se identificarán las categorías de contratación especialmente expuestas a amenazas climáticas y se promoverán requisitos técnicos y condiciones contractuales que contribuyan a disminuir la vulnerabilidad de obras, infraestructuras y servicios.

Entre las novedades destaca la elaboración de un «test climático», una herramienta metodológica diseñada para facilitar la integración de medidas de adaptación en grandes contratos de obras, concesiones de obras y servicios, así como en los encargos destinados a redactar proyectos.

El propósito es que las infraestructuras y los servicios públicos puedan conservar su funcionalidad frente a los impactos climáticos actuales y futuros. Para apoyar este proceso, también se recopilarán y difundirán experiencias que sirvan de referencia a los organismos responsables de la contratación.

Comprar menos residuos y aprovechar mejor los recursos

La economía circular constituye otro de los pilares del nuevo plan. El Gobierno quiere que las decisiones de compra pública favorezcan productos más duraderos, reparables y reutilizables, al tiempo que disminuyen la generación de residuos y el consumo de materias primas.

Una de las medidas previstas consiste en fomentar el uso del coste del ciclo de vida como criterio para adjudicar contratos, siempre que existan metodologías armonizadas o herramientas de cálculo reconocidas.

Esto significa que las administraciones podrán considerar no solo el precio de adquisición de un producto, sino también los gastos derivados de su utilización durante toda su vida útil, incluido el consumo energético.

La estrategia incluye igualmente actuaciones para prolongar la vida útil de los bienes públicos mediante su reparación, reutilización y remanufactura, es decir, su recuperación a través de procesos que permitan devolverlos a condiciones adecuadas de funcionamiento.

En el ámbito de la construcción, se impulsará la utilización de materiales reciclados y materias primas secundarias en los contratos de obras y concesiones.

Estas medidas buscan reducir la dependencia de recursos naturales, mejorar su aprovechamiento y reforzar la autonomía estratégica mediante una demanda pública orientada hacia soluciones más eficientes.

Los edificios públicos, protagonistas de la transición energética

La transformación del parque inmobiliario estatal ocupa también un lugar destacado en la estrategia aprobada por el Consejo de Ministros.

El plan contempla desarrollar guías, herramientas prácticas y modelos de pliegos para facilitar la contratación de actuaciones de rehabilitación energética, electrificación de consumos e instalación de energías renovables en edificios públicos.

La finalidad es ayudar a los organismos responsables de estas inversiones a incorporar criterios ambientales desde la preparación de los contratos y favorecer la reducción de emisiones durante toda la vida útil de los inmuebles.

Además, se identificarán y compartirán proyectos de referencia y buenas prácticas para facilitar la aplicación de estas soluciones en distintas administraciones.

Formación, coordinación y nuevas herramientas digitales

La aplicación del plan se organizará en seis líneas de actuación y 22 medidas. Junto con los objetivos climáticos y de economía circular, la iniciativa reconoce la necesidad de proporcionar conocimientos y recursos a los empleados públicos encargados de preparar y gestionar los contratos.

Entre las actuaciones previstas figura reforzar la formación especializada y poner en marcha una Red de Contratación Pública Ecológica del Sector Público, concebida como un espacio para intercambiar experiencias, conocimientos y soluciones.

También se transformará el actual Catálogo de Prescripciones Técnicas Ecológicas en una plataforma interactiva que permita consultar e incorporar con mayor facilidad requisitos ambientales en los procedimientos de contratación.

La coordinación general recaerá en la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios ecológicos en la contratación pública, con el apoyo de un Grupo de Trabajo Permanente que deberá reunirse al menos cuatro veces al año. La ejecución se organizará mediante programas anuales que establecerán las actuaciones previstas, sus responsables y los hitos correspondientes.

En este artículo se habla de:
Noticiasactualidad

¡Comparte este contenido en redes!

Este sitio utiliza cookies de terceros para medir y mejorar su experiencia.
Tu decides si las aceptas o rechazas:
Más información sobre Cookies