La protección de los derechos sociales, el acceso a una vivienda digna y el fortalecimiento de las organizaciones que trabajan con las personas más vulnerables deberían ocupar un lugar central en la agenda política de la próxima legislatura. Así lo defiende la Plataforma del Tercer Sector, que continúa su ronda de encuentros con las formaciones políticas para trasladar propuestas destinadas a construir una sociedad más justa, inclusiva y cohesionada.
Según ha informado la propia organización, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales en España, el pasado 27 de octubre mantuvo una reunión con representantes de Frente Amplio para abordar los principales desafíos sociales de la XVI Legislatura y promover la incorporación de sus demandas a los futuros programas electorales.
La agenda presentada plantea una serie de reformas que van más allá de las medidas asistenciales y buscan consolidar un sistema de protección social capaz de garantizar derechos, reducir las desigualdades y ofrecer respuestas eficaces a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión.
Una de las principales reivindicaciones de la Plataforma es avanzar hacia una reforma de la Constitución Española que otorgue a los derechos económicos, sociales y culturales el reconocimiento de derechos fundamentales. La propuesta pretende reforzar su protección y situarlos en el centro de las responsabilidades de los poderes públicos.
En esta misma línea, la organización considera imprescindible aprobar una Ley Estatal de Servicios Sociales que establezca garantías mínimas compartidas en todo el territorio. El objetivo es asegurar unos estándares comunes de accesibilidad, calidad y protección, independientemente del lugar de residencia de las personas.
El fortalecimiento del propio Tercer Sector constituye otro de los ejes de la propuesta. Para ello, la Plataforma reclama actualizar la Ley del Tercer Sector de Acción Social y desarrollar la Ley de Voluntariado, con el propósito de consolidar el reconocimiento institucional de las organizaciones sociales y ampliar su capacidad de participación en las decisiones públicas.
La entidad insiste especialmente en la importancia del diálogo civil y en la necesidad de que las organizaciones sociales intervengan no solo en la elaboración de las políticas públicas, sino también en su seguimiento y evaluación.
«La próxima legislatura debe situar la cohesión social y la protección de las personas entre sus grandes prioridades. Las entidades sociales queremos contribuir, desde nuestro conocimiento de la realidad y nuestra presencia en los territorios, a construir políticas públicas más eficaces, accesibles y ajustadas a las necesidades de la ciudadanía», ha señalado María José Juanes, directora ejecutiva de la Plataforma del Tercer Sector.
El acceso a una vivienda adecuada también ha ocupado un lugar destacado durante el encuentro. La Plataforma ha defendido la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado por la Vivienda que permita abordar este desafío desde una perspectiva de derechos y protección social.
Entre las medidas propuestas figura la ampliación y protección del parque público y social de alquiler asequible, así como el establecimiento de garantías para evitar que las personas y familias en situación de vulnerabilidad sean desalojadas sin disponer de una alternativa habitacional adecuada.
Estas reivindicaciones sitúan la vivienda como una cuestión esencial para la cohesión social y ponen el foco en la responsabilidad de las administraciones públicas de garantizar respuestas habitacionales a quienes afrontan mayores dificultades.
Junto con las reformas legislativas, la Plataforma ha insistido en que la continuidad de los programas sociales requiere un marco de financiación más estable y previsible. La organización considera necesario superar las dificultades que afectan a la sostenibilidad económica de las entidades y garantizar recursos suficientes para mantener sus actuaciones.
En este sentido, ha planteado una reforma de la Ley General de Subvenciones y una revisión del régimen de desindexación, con el objetivo de mejorar las condiciones en las que las organizaciones prestan sus servicios.
Otra de sus demandas es elevar del 0,7 % al 1 % la asignación tributaria destinada a fines sociales en el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades. Esta medida busca incrementar los recursos disponibles para las iniciativas de interés social y reforzar la capacidad de respuesta de las entidades ante las necesidades de la ciudadanía.
La Plataforma vincula estas reformas con la necesidad de disponer de un modelo de sostenibilidad económica suficiente y previsible, que permita planificar las intervenciones y garantizar su continuidad.
En la reunión participaron María José Juanes, directora ejecutiva de la Plataforma del Tercer Sector, y Mar Amate, directora de la Plataforma del Voluntariado de España. Por parte de la formación política asistieron Rosa Martínez, co-coordinadora de Movimiento Sumar, e Isabel Rosa y Fernando Acuña, responsables de Programa.
Este encuentro forma parte de una ronda de contactos con distintas fuerzas políticas que la Plataforma está desarrollando ante las próximas elecciones generales. Su finalidad es trasladar las prioridades de las entidades sociales y promover compromisos políticos que contribuyan a fortalecer la garantía de derechos, la protección de las personas más vulnerables y la cohesión social.
Con esta iniciativa, el Tercer Sector busca que su experiencia y conocimiento directo de las realidades sociales se traduzcan en propuestas concretas para la próxima legislatura, reforzando su papel como interlocutor en la construcción de políticas públicas orientadas al interés general.
