La crisis de acceso a la vivienda en España tiene consecuencias que van mucho más allá de las dificultades para encontrar un hogar. Cada vez son más las personas que, pese a contar con ingresos laborales, no disponen de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas después de afrontar los gastos de alojamiento. Esta es una de las principales conclusiones del informe Cuando trabajar no es suficiente: el impacto del coste de la vivienda en la pobreza laboral, elaborado por Oxfam Intermón, que advierte de la creciente relación entre precariedad económica y costes habitacionales.
Según los datos publicados por la organización, correspondientes a 2024, la pobreza laboral afecta al 11,48% de las personas ocupadas en España, lo que equivale aproximadamente a 2,2 millones de trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, cuando se descuentan los gastos vinculados a la vivienda, el porcentaje aumenta hasta el 15,49%, incorporando a otras 770.000 personas a esta situación de vulnerabilidad. En total, cerca de tres millones de personas con empleo quedan por debajo del umbral de pobreza una vez afrontados sus costes residenciales.
El estudio, basado en una explotación propia de la Encuesta de Condiciones de Vida 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE), analiza cómo cambia la capacidad económica de los hogares después de pagar el alquiler, la hipoteca, los impuestos sobre la propiedad y otros gastos asociados a la vivienda. Para ello, recalcula la renta mediana y el umbral de pobreza una vez descontados estos desembolsos, siguiendo una metodología que cuenta con antecedentes internacionales.
Los resultados llegan en un contexto de creciente preocupación social por la situación habitacional. Las movilizaciones ciudadanas de las últimas semanas han vuelto a visibilizar una crisis que no solo amenaza con expulsar a las personas de sus hogares, sino que también deteriora las condiciones materiales de quienes consiguen conservarlos.
Alejandro García-Gil, responsable de empleo, vivienda y políticas sociales de Oxfam Intermón, alerta de que los desahucios representan únicamente la manifestación más extrema del problema. Existe, además, una realidad menos visible: la de quienes logran pagar su vivienda cada mes, pero se quedan sin ingresos suficientes para mantener una vida digna. En este escenario, la vivienda se consolida como uno de los principales factores de empobrecimiento y desigualdad.
La situación resulta especialmente preocupante entre quienes residen en viviendas alquiladas a precio de mercado. En este colectivo, la tasa de pobreza laboral pasa del 19,35% antes de pagar la renta al 34,08% después de asumir ese gasto, un incremento relativo del 76%.
Esto significa que aproximadamente una de cada tres personas trabajadoras que viven de alquiler se encuentra en situación de pobreza una vez abonada su mensualidad.
La diferencia respecto a quienes disponen de una vivienda en propiedad es considerable. Entre las personas que todavía están pagando una hipoteca, la pobreza laboral se sitúa en el 10,22% después de descontar los gastos habitacionales, mientras que entre quienes tienen su vivienda completamente pagada desciende hasta el 7,95%.
Estas cifras ponen de manifiesto que el régimen de tenencia de la vivienda se ha convertido en un elemento determinante de la desigualdad económica. La cuestión habitacional ya no se limita, por tanto, a garantizar el acceso a un inmueble, sino también a asegurar que los hogares puedan mantener unas condiciones de vida adecuadas después de afrontar sus costes.
Otro de los aspectos que destaca el análisis de Oxfam Intermón es la desconexión entre la evolución económica del país y las condiciones de vida de una parte importante de su población trabajadora.
Entre 2022 y 2024, el producto interior bruto (PIB) español aumentó más de un 6%. Sin embargo, durante ese mismo periodo, la pobreza laboral apenas descendió del 11,64% al 11,48%, una mejora de solo 0,16 puntos porcentuales.
De mantenerse esta velocidad de reducción, España necesitaría 59 años para alcanzar la tasa media europea de pobreza laboral, situada en el 8,2%, según las estimaciones de la organización.
Las desigualdades también se manifiestan en función de la nacionalidad, la modalidad contractual y la actividad profesional.
Entre las personas trabajadoras con nacionalidad de países extracomunitarios, la pobreza laboral alcanza el 31,42%, frente al 8,71% registrado entre quienes tienen nacionalidad española. Asimismo, afecta al 20,62% de las personas ocupadas a tiempo parcial, prácticamente el doble que entre quienes trabajan a jornada completa.
El autoempleo tampoco está exento de dificultades: el 21,69% de las personas autónomas se encuentra en situación de pobreza laboral, una proporción que supera en 11 puntos a la de quienes trabajan por cuenta ajena.
Por sectores, los mayores porcentajes se concentran en actividades esenciales que suelen caracterizarse por remuneraciones reducidas y una menor capacidad de negociación. El empleo doméstico y de cuidados presenta una tasa del 27,48%, seguido de la agricultura, con un 26,24%, y la hostelería, con un 21,17%.
Estos datos evidencian que el crecimiento económico, por sí solo, no está consiguiendo corregir las situaciones de precariedad que afectan a determinados segmentos del mercado laboral.
La composición familiar constituye otro factor decisivo para comprender el alcance de la pobreza laboral.
El informe señala que el 39,5% de los hogares integrados por dos personas adultas y tres o más menores se encuentra en situación de pobreza laboral. En el caso de las familias monoparentales, el porcentaje ronda el 29%, y ocho de cada diez de estos hogares están encabezados por mujeres.
La presencia de menores incrementa considerablemente las necesidades económicas de las familias, incluso cuando en el hogar hay dos personas adultas. Esta circunstancia revela las limitaciones del empleo como única herramienta de protección frente a la pobreza.
Desde Oxfam Intermón insisten en que la combinación de salarios insuficientes, empleo parcial involuntario, precariedad en el trabajo autónomo y encarecimiento de la vivienda está reduciendo la capacidad de numerosos hogares para llegar a fin de mes.
Por ello, la organización considera imprescindible abordar las políticas laborales y habitacionales de manera conjunta, de forma que contar con un trabajo vuelva a representar una protección efectiva frente a la exclusión económica.
El impacto de la vivienda sobre la pobreza laboral también presenta importantes diferencias territoriales.
Si se analiza la pobreza laboral antes de descontar los gastos residenciales, Andalucía encabeza la clasificación autonómica, con una tasa del 17,65%. Le siguen la Comunidad Valenciana, con un 16,95%, y Extremadura, con un 16,54%.
Sin embargo, el panorama cambia cuando se incorpora el coste de la vivienda.
La Comunidad de Madrid registra el mayor incremento, al pasar de una tasa del 7,29% al 12,73%, una subida de 5,44 puntos porcentuales. Cataluña presenta un aumento de casi cinco puntos, desde el 7,90% hasta el 12,86%, mientras que en la Región de Murcia el indicador crece del 15,37% al 20,23%.
Las diferencias son todavía más pronunciadas entre quienes viven de alquiler a precio de mercado.
En Castilla y León, la pobreza laboral de este colectivo aumenta del 29,65% al 50,68% después de pagar la vivienda. En Castilla-La Mancha, el porcentaje pasa del 22,53% al 48,69%, mientras que en el País Vasco crece del 12,98% al 31,07%, lo que supone un incremento superior a 18 puntos porcentuales.
La magnitud de estas diferencias territoriales refleja que la presión económica de la vivienda no se distribuye de manera uniforme y que sus consecuencias dependen tanto del mercado residencial como de las condiciones económicas de los hogares.
Ante esta situación, Oxfam Intermón reclama que la lucha contra la desigualdad ocupe un lugar prioritario en los programas de las formaciones políticas de cara a las próximas elecciones generales.
La organización considera que los decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros representan una oportunidad para comenzar a modificar la orientación de las políticas habitacionales, aunque advierte de que estas medidas no resuelven por sí solas los problemas estructurales existentes.
García-Gil defiende la necesidad de avanzar hacia un modelo que priorice el derecho a la vivienda frente a la especulación, proteja a las personas más vulnerables y garantice estabilidad a quienes viven de alquiler. Al mismo tiempo, considera necesario ofrecer seguridad jurídica a los pequeños propietarios que arriendan sus inmuebles a precios asequibles.
En materia laboral, Oxfam Intermón propone garantizar por ley la actualización del salario mínimo interprofesional (SMI) para evitar que las personas con menores remuneraciones pierdan poder adquisitivo frente a la inflación.
También reclama la aprobación definitiva del Estatuto del Becario, con el objetivo de mejorar la protección de las personas trabajadoras más jóvenes, así como el desarrollo de políticas activas de empleo dirigidas a quienes atraviesan situaciones de desempleo de larga duración.
Otra de sus prioridades es fortalecer la negociación colectiva para contribuir a recuperar la capacidad adquisitiva de las clases medias ante el aumento de los precios.
En el ámbito de la vivienda, la organización pide a los grupos parlamentarios que atiendan las reivindicaciones expresadas en las recientes movilizaciones ciudadanas y tengan en cuenta las experiencias europeas.
Entre las medidas planteadas figura la aprobación de renovaciones automáticas de los contratos de alquiler, destinadas a ofrecer mayor estabilidad a las personas inquilinas y evitar que los hogares se enfrenten periódicamente a la pérdida de su vivienda al finalizar los contratos de cinco años.
No obstante, Oxfam Intermón subraya que estas actuaciones inmediatas deben complementarse con transformaciones de mayor alcance, especialmente mediante la movilización de viviendas y la construcción de nuevos inmuebles asequibles y sociales que permitan ampliar la oferta disponible.
La entidad sostiene que la próxima legislatura debe responder al malestar expresado por la ciudadanía y situar la mejora de las condiciones materiales de vida en el centro de las decisiones públicas.
El diagnóstico del informe deja una conclusión especialmente relevante para el debate sobre justicia social en España: tener trabajo y poder pagar una vivienda no significa necesariamente disponer de recursos suficientes para vivir dignamente. Reducir esa brecha exige actuar simultáneamente sobre los salarios, la calidad del empleo y el acceso a una vivienda asequible.
