El aumento del nivel del mar se ha convertido en una de las consecuencias más visibles y complejas del cambio climático. Ya no se trata únicamente de calcular cuántos centímetros puede avanzar el océano o qué infraestructuras quedarán expuestas. Para los territorios más vulnerables, especialmente los pequeños Estados insulares, la cuestión alcanza dimensiones sociales, económicas, culturales e incluso jurídicas: ¿qué sucede si un país pierde parte de su territorio bajo el agua?
Según informa Naciones Unidas, el nivel del mar alcanzó en 2024 un máximo histórico y la velocidad de su ascenso se ha más que duplicado en las últimas décadas. Mientras entre 1993 y 2002 aumentaba alrededor de 2,1 milímetros al año, entre 2015 y 2024 el ritmo llegó a 4,7 milímetros anuales.
La dimensión humana del problema es igualmente significativa. Cerca de 900 millones de personas, aproximadamente una de cada diez en el planeta, viven en zonas costeras de baja elevación. Allí, el avance del mar pone en riesgo viviendas, tierras agrícolas, fuentes de agua e infraestructuras esenciales.
Ante esta realidad, los Estados adoptaron este jueves en la Asamblea General de Naciones Unidas la Declaración de la ONU sobre el aumento del nivel del mar, un documento destinado a mejorar el conocimiento de los riesgos, reforzar la adaptación, movilizar financiación y proteger a las poblaciones más expuestas. El acuerdo también intenta aportar claridad sobre cuestiones especialmente sensibles, como la continuidad de un Estado si pierde territorio o el mantenimiento de sus fronteras marítimas.
Una de las prioridades acordadas es disponer de información más precisa para anticiparse a los impactos. Los países plantean fortalecer la observación científica, la recopilación de datos y los modelos sobre la evolución del nivel del mar, además de mejorar los sistemas de alerta temprana y las evaluaciones de riesgo.
Contar con estos datos permitirá orientar decisiones que afectarán directamente a la planificación territorial durante las próximas décadas: desde determinar dónde construir nuevas infraestructuras hasta identificar qué áreas necesitan protección prioritaria o qué servicios deberán reforzarse antes de que las inundaciones sean más frecuentes.
La adaptación deberá alcanzar también a las infraestructuras esenciales. Puertos, hospitales, redes de agua y energía, sistemas de transporte y telecomunicaciones tendrán que incorporar en su planificación los cambios previstos en las costas.
Pero la respuesta no depende exclusivamente de grandes obras. La declaración también reconoce el papel de los ecosistemas como barreras naturales frente a inundaciones y tormentas. La conservación y restauración de manglares, arrecifes de coral y humedales, entre otros entornos costeros, aparece así como parte de las estrategias para aumentar la resiliencia.
Prepararse para un nivel del mar cada vez más elevado requiere inversiones que no todos los países están en condiciones de afrontar. Precisamente algunos de los territorios más amenazados disponen de menos recursos económicos para anticiparse a los impactos.
La declaración reclama por ello más financiación pública y privada para los países en desarrollo, con especial atención a los pequeños Estados insulares y los países menos adelantados. Los Estados también plantean que los fondos sean más rápidos y previsibles y que se simplifique el acceso a los mecanismos internacionales de financiación.
La disponibilidad de estos recursos puede resultar determinante para actuar antes de que se produzcan los daños: reforzar infraestructuras, extender las alertas tempranas o proteger a las comunidades vulnerables requiere capacidad financiera y planificación anticipada.
Esta es una de las cuestiones de mayor alcance abordadas por el documento, fruto de varios meses de negociaciones intergubernamentales iniciadas a finales de 2025.
La posición acordada establece que la pérdida de territorio como consecuencia del aumento del nivel del mar no implica necesariamente la desaparición de un Estado. La declaración respalda una presunción favorable a su continuidad, lo que incluye su soberanía, sus derechos y responsabilidades y su pertenencia a Naciones Unidas.
La cuestión resulta especialmente relevante para los pequeños Estados insulares, entre ellos los situados en el Pacífico, que podrían perder físicamente parte de sus tierras sin que ello suponga automáticamente dejar de ser reconocidos como países.
El documento también se pronuncia sobre las zonas marítimas. Las delimitaciones que ya hayan sido establecidas de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar podrán mantenerse aunque la línea física de la costa se modifique.
No es una cuestión menor: de esas zonas dependen los derechos que los Estados ejercen sobre determinadas áreas del océano y sus recursos.
La subida del mar tiene efectos que comienzan mucho antes de que un territorio quede completamente cubierto por el agua. Puede provocar la salinización de acuíferos y terrenos agrícolas, agravar la erosión y las inundaciones y perjudicar sectores económicos como la pesca, el turismo o el transporte.
La declaración reclama que estos riesgos formen parte tanto de la planificación del desarrollo como de las políticas de protección social.
En determinados territorios, las condiciones pueden deteriorarse hasta hacer cada vez más difícil la permanencia de las comunidades. Ante esa posibilidad, el documento señala que deben respaldarse las decisiones voluntarias de las personas afectadas y garantizar que cualquier traslado se realice en condiciones de dignidad. Cuando el desplazamiento implique cruzar fronteras, deberá acordarse entre los Estados involucrados y respetar el derecho internacional.
También está en juego el patrimonio cultural de numerosas poblaciones costeras. Tierras tradicionales, cementerios, lugares sagrados, yacimientos arqueológicos y paisajes de especial importancia cultural pueden quedar destruidos o resultar inaccesibles debido al avance del océano. Naciones Unidas pide por ello reforzar su protección, conservación y documentación.
El documento adoptado por la Asamblea General no es un tratado internacional vinculante y, por sí mismo, no genera nuevas obligaciones jurídicas equivalentes a las establecidas por este tipo de acuerdos.
Sin embargo, según explica Naciones Unidas, sus aspectos jurídicos se apoyan en normas del derecho internacional ya existentes, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El texto también toma nota de la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia sobre las obligaciones de los Estados ante el cambio climático y del trabajo desarrollado por la Comisión de Derecho Internacional en relación con la subida del nivel del mar.
Su relevancia reside, por tanto, en haber establecido una posición compartida entre los países frente a cuestiones que, para muchos Estados costeros e insulares, han dejado de pertenecer a un futuro lejano.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, celebró la aprobación de la declaración y puso el foco en la necesidad de convertir sus compromisos en actuaciones concretas.
“El aumento del nivel del mar se mide en milímetros. Pero su costo se mide en millones de vidas destrozadas, comunidades desarraigadas y futuros robados”, advirtió.
