La cuenta atrás hacia 2030 deja poco margen para la complacencia en América Latina y el Caribe. Tras más de una década de aplicación de la Agenda 2030, buena parte de los compromisos asumidos para combatir la pobreza y el hambre, reducir las desigualdades, proteger el medio ambiente y garantizar servicios básicos continúa lejos de cumplirse.
Según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de las 134 metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) cuya evolución pudo analizarse, únicamente el 19% ya se ha alcanzado o probablemente se cumplirá en 2030 si se mantiene la trayectoria actual. Un 42% avanza en la dirección adecuada, aunque a una velocidad insuficiente, y otro 39% permanece estancado o ha retrocedido.
El balance supone, además, un deterioro respecto a 2025, cuando el 23% de las metas examinadas se encontraba en camino de cumplimiento. En seis de los 17 ODS, más de la mitad de las metas analizadas están estancadas o retroceden.
La dificultad ya no reside únicamente en identificar los problemas. La región dispone de diagnósticos, planes y compromisos, pero continúa encontrando obstáculos para convertirlos en transformaciones duraderas y suficientemente amplias para llegar al conjunto de la población.
Uno de los principales frenos es económico. La CEPAL calcula que la brecha de financiación necesaria para alcanzar los ODS ronda los 650.000 millones de dólares anuales. El desafío coincide con un contexto marcado por presupuestos públicos tensionados, bajo crecimiento y elevados compromisos vinculados a la deuda.
El escenario queda reflejado en el balance regional del ODS 17, dedicado precisamente a las alianzas y los medios necesarios para ejecutar la Agenda 2030. La movilización de recursos internos mantiene una tendencia descendente, mientras disminuye la ayuda oficial al desarrollo y la inversión extranjera sigue siendo insuficiente.
Las limitaciones no proceden únicamente del exterior. En 2023, los ingresos tributarios representaron de media el 21,3% del PIB regional, frente al 34% registrado en los países de la OCDE. Paralelamente, la evasión fiscal se estimó en unos 433.000 millones de dólares, equivalentes al 6,7% del PIB de la región.
No significa que recuperar esa cantidad solucionase automáticamente la financiación de los ODS, pero sí evidencia la magnitud de un problema fiscal que condiciona la capacidad de invertir en educación, protección social, infraestructuras, agua o políticas climáticas.
A esta realidad se suma otra dificultad. La consideración de numerosos países latinoamericanos como economías de renta media o media-alta puede restringir su acceso a financiación concesional pese a que mantienen profundas desigualdades sociales y productivas. En 2024, la asistencia oficial para el desarrollo cayó un 4,5% en términos reales a escala mundial y solo el 6,7% tuvo como destino América Latina y el Caribe. Al mismo tiempo, la deuda pública de los gobiernos centrales se mantenía, de media, por encima del 50% del PIB.
La financiación, sin embargo, es solo una parte de la ecuación. Contar con recursos no garantiza que estos se traduzcan automáticamente en mejores servicios públicos.
El acceso al agua y al saneamiento ilustra esta dificultad. De acuerdo con el análisis de la CEPAL sobre el ODS 6, en 2024 140 millones de personas carecían de servicios de agua potable gestionados sin riesgos y 324 millones no disponían de servicios de saneamiento gestionados de forma segura.
Las diferencias territoriales son considerables. El acceso al agua potable segura alcanzaba el 83,1% en América del Sur, frente al 58,9% en el Caribe y el 49,2% en Centroamérica.
La CEPAL señala que parte de las inversiones realizadas no se ha traducido en mejoras sostenidas de capacidad y calidad debido, entre otros factores, a redes incompletas, instalaciones insuficientes y dificultades para financiar la energía, el funcionamiento y el mantenimiento. En las áreas rurales se añaden problemas de fragmentación institucional y capacidad técnica.
La cuestión resulta clave para entender el retraso de la Agenda 2030: construir una infraestructura es solo el primer paso; garantizar que funcione durante años exige financiación estable, personal cualificado, regulación y coordinación institucional.
En la misma línea, el Programa Regional del PNUD para América Latina y el Caribe 2026-2029 identifica las limitaciones de gobernanza y capacidad institucional entre los factores que dificultan el desarrollo. Estas vulnerabilidades interactúan con el cambio climático, la volatilidad económica, la fragmentación social y las transformaciones tecnológicas, aumentando el riesgo de perder avances ante nuevas crisis.
Otro de los grandes retos es productivo. Las economías con escaso crecimiento y baja productividad tienen más dificultades para crear empleo de calidad, elevar los ingresos públicos y financiar de forma continuada las políticas necesarias para alcanzar los ODS.
El diagnóstico del ODS 9 sobre industria, innovación e infraestructuras muestra avances desiguales. La participación de la industria manufacturera en el PIB y el empleo sigue una trayectoria descendente y el gasto en investigación y desarrollo en relación con el tamaño de la economía prácticamente no ha variado durante la última década.
La CEPAL también señala la limitada implicación empresarial en investigación y desarrollo y la baja densidad de investigadores. Entre 2000 y 2022, además, la región no consiguió incrementar de manera sostenida la participación de las manufacturas de tecnología media y alta en su producción industrial.
Cumplir la Agenda 2030 requiere, por tanto, algo más que aumentar el gasto social. También implica desarrollar economías capaces de innovar, crear empleo formal y productivo y ampliar los recursos disponibles para sostener servicios públicos y protección social.
Los datos regionales esconden además importantes diferencias sociales y territoriales. Un ejemplo es el acceso a la electricidad, cuya cobertura pasó del 91,7% en 2000 al 98,5% en 2023. Pese a estar cerca de la universalización, en las ciudades alcanzaba el 99,7%, mientras que en las zonas rurales se situaba en el 92,9%.
Las diferencias son todavía más visibles entre los hogares con menores ingresos. En 2024, el 3,6% del 20% más pobre de la población seguía sin electricidad, proporción que aumentaba hasta el 10,2% entre las personas residentes en áreas rurales.
Estas brechas ayudan a explicar el fuerte retraso del ODS 10, dedicado a reducir las desigualdades, que registra la mayor proporción de metas estancadas o en retroceso. También presentan importantes dificultades los objetivos vinculados al hambre, la producción y el consumo responsables, la acción climática y los ecosistemas terrestres: en los cuatro casos, más del 55% de las metas evaluadas están paralizadas o evolucionan negativamente.
El reto se vuelve especialmente complejo a medida que aumenta la cobertura de los servicios. Quienes permanecen excluidos suelen encontrarse precisamente entre las poblaciones que requieren mayores esfuerzos para ser atendidas: hogares con bajos ingresos, comunidades rurales, territorios alejados y colectivos históricamente relegados.
La capacidad institucional también condiciona el avance. El Informe sobre Democracia y Desarrollo del PNUD señala que más de cuatro de cada cinco habitantes de América Latina y el Caribe viven en democracias, pero menos de la mitad se declara satisfecha con su funcionamiento. Más del 70% considera, además, que los gobiernos responden a intereses particulares.
En 2024, solo el 31,1% de la población manifestaba confianza en el gobierno, porcentaje que descendía al 28,4% para el poder judicial y al 16,9% en el caso de los partidos políticos.
Esta falta de confianza tiene consecuencias prácticas. Reformar los impuestos, modificar subsidios, transformar el transporte o desarrollar políticas climáticas implica distribuir costes y beneficios entre distintos grupos. El PNUD subraya por ello la importancia de contar con instituciones dotadas de capacidades técnicas, operativas, políticas y de anticipación para alcanzar acuerdos, gestionar conflictos y sostener las reformas.
Pese al retraso generalizado, la región también ofrece señales positivas. El ODS 7, sobre energía asequible y no contaminante, destaca como la principal excepción: es el único objetivo en el que ninguna de las metas evaluadas aparece estancada o en retroceso. Cerca del 80% presenta altas probabilidades de alcanzar los umbrales previstos para 2030 si continúa la tendencia actual.
El Salvador constituye uno de los ejemplos. Un subsidio al gas licuado de petróleo focalizado según criterios socioeconómicos y consumo eléctrico contribuyó a que la cobertura de tecnologías y combustibles limpios para cocinar aumentara del 58,4% en 2000 al 94,4% en 2023.
Chile aporta otra experiencia desde la movilidad urbana. Santiago ha combinado financiación pública, inversión de operadores privados y créditos verdes procedentes de bancos multilaterales para electrificar su transporte público. Durante 2025 se incorporaron 308 nuevos autobuses eléctricos y, en marzo de 2026, se estimaba que siete de cada diez vehículos de la red ya funcionaban con electricidad.
También existen progresos importantes en prevención de desastres. Costa Rica pasó de tener un 2,2% de gobiernos locales con estrategias alineadas con el marco nacional en 2005 al 100% en 2015, porcentaje mantenido desde entonces. Colombia avanzó desde el 3,5% en 2008 hasta el 89,6% en 2023, mientras Chile y Ecuador también mejoraron sus resultados.
Según la CEPAL, detrás de estos avances aparecen elementos como legislaciones que delimitan responsabilidades, estrategias nacionales actualizadas, objetivos concretos de cobertura y asistencia técnica a las administraciones locales.
Costa Rica también ofrece un ejemplo en materia de agua. En 2024 avanzó hacia un modelo tarifario que combina componentes fijos y variables con protección específica para los hogares vulnerables. Las familias en pobreza extrema quedan exentas del pago de los primeros 15 metros cúbicos, mientras que aquellas en situación de pobreza básica reciben un descuento del 50% sobre ese mismo consumo.
Las experiencias son diferentes, pero comparten algunos factores: financiación identificada, instituciones con responsabilidades definidas, continuidad de las políticas, coordinación entre actores y medidas destinadas a evitar que los costes de las transformaciones recaigan de manera desproporcionada sobre quienes disponen de menos recursos.
La región, por tanto, no carece de soluciones ni parte de cero. El gran problema es que las experiencias positivas todavía son demasiado fragmentadas para modificar la trayectoria general.
La CEPAL señala que al menos la mitad de las metas relacionadas con pobreza, educación, igualdad de género, empleo digno, infraestructura e innovación, ciudades sostenibles e instituciones sólidas avanzan en la dirección adecuada, pero no con la rapidez necesaria para cumplirlas en 2030.
Con solo cuatro años por delante, la recta final de la Agenda 2030 exigirá no solo nuevas inversiones, sino también ampliar las políticas que han demostrado resultados, protegerlas frente a cambios políticos y garantizar que lleguen a los territorios y grupos sociales que continúan quedándose atrás. El desafío ya no consiste únicamente en avanzar, sino en conseguir que los progresos aislados se conviertan en transformaciones estructurales capaces de mejorar de forma duradera la vida de la población.
