El hambre no es inevitable, pero tampoco desaparecerá únicamente con el crecimiento de la producción. La edición de 2026 de El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI) muestra que las políticas de protección social y la inversión sostenida en sistemas agroalimentarios pueden reducir la subalimentación. Al mismo tiempo, evidencia que los progresos siguen condicionados por la pobreza, los conflictos, la emergencia climática y la desigual distribución de los alimentos.
El estudio, elaborado conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que aproximadamente 645 millones de personas padecieron hambre en 2025.
La cifra equivale al 7,8 % de la población mundial, frente al 8,6 % registrado en 2022. Son 43 millones de personas menos en tres años y cerca de 14 millones menos que en 2024. Aunque la evolución es positiva, el volumen de población afectada continúa muy alejado del objetivo de erradicar el hambre en 2030.
La propia FAO advierte de que, si no se aceleran las medidas, alrededor de 520 millones de personas podrían seguir pasando hambre al final de la década. Esta previsión, además, podría no reflejar completamente el impacto de futuros episodios de El Niño o de los recortes en la financiación humanitaria y para el desarrollo.
América Latina y el Caribe consiguió revertir el deterioro posterior a la pandemia y redujo la prevalencia del hambre hasta el 4,8 % en 2025, por debajo del nivel registrado en 2015. No obstante, la media regional oculta importantes diferencias territoriales.
Sudamérica protagonizó el descenso más pronunciado: la proporción de población afectada pasó del 5,5 % en 2020 al 3,5 % en 2025. Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia y Uruguay se encuentran entre los países donde la combinación de alimentación escolar, transferencias monetarias condicionadas y apoyo a la agricultura familiar contribuyó a mejorar la seguridad alimentaria.
En América Central, donde se incluyen México, Guatemala, Honduras y El Salvador, el avance fue más moderado, aunque constante. La prevalencia disminuyó del 5,7 % al 5,1 %, en un contexto favorecido por la recuperación del empleo y la moderación de la inflación.
El Caribe, en cambio, continúa siendo la subregión latinoamericana más castigada, con un 16,6 % de su población afectada. La elevada dependencia de las importaciones y la exposición a huracanes y otros fenómenos climáticos extremos perpetúan una vulnerabilidad que no puede resolverse mediante intervenciones coyunturales.
Los resultados regionales respaldan la importancia de combinar dos líneas de actuación: una protección social capaz de llegar a los hogares con menos recursos y una inversión agroalimentaria que fortalezca la producción local de manera sostenible. La reducción de la inflación alimentaria y el crecimiento económico ayudaron a crear un entorno favorable, pero consolidar los avances requerirá políticas públicas estables.
Asia también mantuvo una trayectoria descendente. Según el informe SOFI 2026, el hambre afectó al 6 % de la población asiática en 2025, frente al 7,9 % de 2021.
El mayor progreso se produjo en Asia Meridional. En países como India, Bangladesh, Pakistán, Nepal y Sri Lanka, la prevalencia bajó del 13,9 % al 9,3 %. La ampliación de las redes de protección social y la estabilización de los mercados locales de cereales y legumbres fueron determinantes.
Asia Sudoriental —incluidos Indonesia, Vietnam, Filipinas, Tailandia y Myanmar— pasó del 5,6 % al 5,1 %, apoyada en inversiones continuadas en infraestructuras rurales y seguridad alimentaria. Asia Oriental, con China, Japón y la República de Corea, mantiene una prevalencia inferior al 2,5 %, después de décadas de inversión pública en productividad agrícola y cadenas eficientes de distribución.
Máximo Torero, economista jefe de la FAO, atribuye estos resultados a la concurrencia de varios factores: un mayor crecimiento económico, la moderación de la inflación alimentaria, la extensión de la protección social y la inversión sostenida en sistemas agroalimentarios más productivos y resistentes frente a las crisis.
El contraste más preocupante se encuentra en África. En 2025, el continente albergaba aproximadamente 309 millones de personas subalimentadas, por encima de los 292 millones contabilizados en Asia. Es la primera vez que África concentra el mayor número de personas con hambre del planeta.
La prevalencia descendió ligeramente, desde el 20,3 % en 2024 hasta el 20 % en 2025, interrumpiendo por primera vez desde 2017 la tendencia ascendente. Sin embargo, el crecimiento demográfico impide que esta mejora porcentual se traduzca todavía en una reducción del número absoluto de personas afectadas.
Las desigualdades internas son profundas. África Septentrional —con países como Egipto, Marruecos, Túnez y Argelia— presenta la tasa más baja, del 9,8 %. África Meridional, donde se encuentran Sudáfrica, Zambia, Zimbabue y Mozambique, registra un 12,3 %, con progresos muy desiguales en el acceso a los mercados.
En África Occidental, con Nigeria, Senegal, Ghana y Costa de Marfil, la prevalencia alcanza el 16,9 %. Los conflictos prolongados y la volatilidad de los precios frenan la recuperación. La situación se agrava en África Oriental, donde Etiopía, Kenia, Somalia y Sudán del Sur afrontan sequías recurrentes y desplazamientos masivos, con una prevalencia regional del 25,6 %.
África Central presenta el escenario más crítico: el 28,9 % de la población padece hambre. Países como la República Democrática del Congo, Camerún y Chad se enfrentan, además, a graves barreras de acceso a financiación, infraestructuras y servicios básicos.
El SOFI señala que 2025 fue el primer año desde la adopción de la Agenda 2030 en el que África registró una mejora de la inseguridad alimentaria moderada o grave. Pero los conflictos, la crisis climática y la vulnerabilidad frente a las perturbaciones económicas amenazan con revertir este incipiente progreso.
La situación de América del Norte y Europa es distinta. La inseguridad alimentaria moderada o grave afectó al 8,7 % de su población en 2025 y el hambre severa dejó de ser un fenómeno generalizado. Sin embargo, eso no significa que el sistema alimentario garantice una nutrición adecuada.
La obesidad adulta alcanzó una prevalencia mundial del 16,2 % en 2024, con una evolución especialmente preocupante en los países de renta alta. La amplia disponibilidad de productos procesados y ultraprocesados, junto con los estilos de vida sedentarios, alimenta una crisis nutricional que convive con el hambre persistente en otras regiones y con bolsas de pobreza alimentaria dentro de los propios países ricos.
Esta doble realidad cuestiona un modelo que puede generar grandes cantidades de alimentos y, al mismo tiempo, impedir que millones de personas accedan a productos frescos, variados y nutritivos.
El coste medio mundial de una dieta saludable alcanzó en 2025 los 4,28 dólares PPA por persona y día. Los dólares en paridad de poder adquisitivo permiten comparar cuánto cuestan los mismos bienes en distintos países. En 2021, ese coste era de 3,44 dólares y, en 2017, de 2,94 dólares.
El encarecimiento acumulado durante los últimos cinco años ronda así el 25 %. Pese a ello, el número de personas que no podían permitirse una alimentación saludable descendió desde 2.970 millones en 2021 hasta 2.690 millones en 2025, equivalentes al 32,7 % de la población mundial.
La mejora tampoco se distribuye de manera equitativa. En África, el 66,6 % de la población carece de recursos para pagar una dieta saludable, más del doble que en Asia y América Latina y el Caribe. En la región latinoamericana, las verduras constituyen el componente que más encarece una cesta nutricionalmente adecuada.
El problema, por tanto, no consiste solo en producir calorías suficientes. La cuestión central es quién puede acceder a los alimentos ricos en nutrientes y a qué precio. Entre el 70 % y el 75 % del coste de una dieta saludable se acumula después de que los productos abandonan las explotaciones agrarias, debido al transporte, el almacenamiento, la distribución y los márgenes de intermediación.
La falta de sistemas de refrigeración, energía fiable, infraestructuras logísticas y mercados eficientes repercute especialmente en el precio de las frutas, las verduras y otros alimentos perecederos, expulsándolos de la dieta de los hogares con menores ingresos.
Las experiencias de Asia y América Latina demuestran que combatir el hambre requiere crecimiento inclusivo, inversiones estratégicas y redes públicas de protección. Pero también revelan que dejar la alimentación exclusivamente en manos del mercado reproduce las desigualdades: puede haber alimentos disponibles y, al mismo tiempo, millones de personas sin capacidad económica para adquirirlos.
Entre las prioridades, el informe plantea revisar los subsidios agrícolas para dirigir una mayor proporción de recursos hacia frutas, verduras y legumbres, en lugar de concentrar las ayudas únicamente en cereales básicos. También reclama reforzar la refrigeración, el almacenamiento y el transporte para reducir las pérdidas posteriores a la cosecha y abaratar los productos perecederos.
Otra medida fundamental es vincular la protección social con la producción local. La compra pública de alimentos para escuelas y otros servicios puede crear circuitos cortos que garanticen una alimentación adecuada a la población vulnerable y, simultáneamente, proporcionen ingresos estables a la agricultura familiar y a los pequeños productores.
No existen, sin embargo, recetas idénticas para todos los territorios. Las políticas deben adaptarse a las condiciones sociales, productivas y climáticas de cada región. Esa necesidad resulta especialmente urgente en África, donde el primer indicio de mejora convive con conflictos, desplazamientos y emergencias climáticas.
El descenso del hambre confirma que las decisiones políticas funcionan. Pero 645 millones de personas privadas de una alimentación suficiente impiden presentar la tendencia como un éxito cerrado. Alcanzar el Hambre Cero exige tratar los alimentos como un derecho y no únicamente como una mercancía, proteger a quienes soportan las crisis y garantizar que una dieta saludable deje de ser un privilegio.
