Los resultados de este estudio son bastante positivos, ya que reflejan un incremento en los avances en materia de gobernanza, derechos humanos, normas laborales y anticorrupción en España. Lo hace en línea con Europa e incluso por encima de la media global en varios ámbitos clave. Las conclusiones se basan en el análisis 1.007 empresas españolas participantes de la iniciativa y de la totalidad del IBEX 35. Entre los datos más destacados, el estudio revela que el 97% de las empresas del índice bursátil aplica ya medidas para prevenir o mitigar riesgos en derechos humanos, seis puntos más que el año anterior, un avance especialmente relevante en un ámbito que tradicionalmente ha sido uno de los más rezagados dentro de la sostenibilidad empresarial.
La sostenibilidad continúa afianzándose en los máximos niveles de decisión empresarial. En España, el 78% de las empresas analizadas indica que la junta, el órgano de gobierno o la persona ejecutiva de mayor jerarquía revisa periódicamente los riesgos potenciales relacionados con el modelo de negocio y el 77% supervisa los informes ambientales, sociales y de buen gobierno. Tan sólo un 3% afirma que su máximo órgano de gobierno no realiza ninguna de las acciones indicadas anteriormente.
Además, hay un un cambio cualitativo en la forma en que las empresas abordan estos riesgos: de compromisos declarativos a procesos cada vez más integrados en la gestión corporativa. Cristina Sánchez, directora ejecutiva del Pacto Mundial de la ONU España, subraya que “los datos muestran que la sostenibilidad ya es un elemento estructural de la gestión: hoy vemos a las empresas españolas integrando los riesgos en derechos humanos, laborales y anticorrupción en sus procesos de decisión, en sus sistemas de control y en sus cadenas de suministro”.
Respecto a las empresas adheridas a Pacto Mundial España, ln concreto, el 96% ha designado personas o equipos responsables en normas laborales, el 94% en medioambiente, el 89% en anticorrupción y el 87% en derechos humanos. Esta evolución, que mejora ligeramente respecto al año anterior, muestra que este deja de ser un ámbito periférico para integrarse de forma creciente en la organización y en los procesos de gestión.
En derechos humanos y normas laborales, el estudio apunta a la consolidación de avances tanto en compromiso como en gestión efectiva. Entre los temas considerados más materiales por las empresas destacan el entorno de trabajo seguro y saludable (93%) y la igualdad de género y derechos de las mujeres (87%), seguidos por la no discriminación en el empleo y la ocupación (76%). El salto cualitativo se observa en las acciones de prevención y mitigación. En España, el 88% de las empresas analizadas declara haber desarrollado medidas para reducir los riesgos en entorno de trabajo seguro y saludable, con cifras del 85% en pymes y 94% en grandes empresas, y los niveles de diálogo con los grupos de interés potencialmente afectados superan los de la media global y de la UE en todos los temas examinados.
En el caso de las compañías del IBEX 35, el 97% afirma haber puesto en marcha medidas o acciones para prevenir y mitigar los riesgos asociados a los derechos humanos, frente al 91% del año anterior, lo que supone una mejora de seis puntos porcentuales con respecto al año anterior. Este progreso supone un paso adicional en la integración de los procesos de diligencia debida en la gestión corporativa y una mayor capacidad de las compañías para identificar, prevenir y responder a posibles impactos en sus operaciones y cadenas de suministro.
El bloque de anticorrupción es uno de los que más ha avanzado respecto a 2024, acercándose a las áreas tradicionalmente más trabajadas. El 71% de las empresas españolas participantes de la iniciativa cuenta ya con un programa de cumplimiento específico en materia de lucha contra la corrupción, seis puntos más que el año pasado (65%), y un 16% adicional tiene previsto implantarlo en los próximos dos años. Entre las pymes el salto es especialmente relevante: el 63% dispone de programa, frente al 56% de la edición anterior.
Estas herramientas se acompañan de una supervisión más sistemática. El 95% de las empresas españolas analizadas, en línea con la media global y europea, afirma revisar sus programas de cumplimiento, con un avance significativo entre las pymes, que pasan del 74% al 93% de supervisión en un año. Además, más del 82% dispone de políticas y recomendaciones concretas para la plantilla sobre cómo actuar ante posibles conflictos de interés, con ratios del 95% en grandes empresas.
