ECODES ha acogido con satisfacción la aprobación en Consejo de Ministros de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 (ENPE), presentada coincidiendo con el inicio de la Semana Europea contra la Pobreza Energética. Según ha trasladado la entidad tras participar en la Mesa Social de Pobreza Energética celebrada posteriormente, el nuevo documento supone un avance en concreción respecto a la estrategia anterior e incorpora numerosas propuestas planteadas por el ecosistema socio energético durante el proceso participativo.
De acuerdo con la valoración difundida por ECODES, el texto final recoge aportaciones realizadas tanto por organizaciones sociales como por otros actores implicados en la lucha contra la pobreza energética, además de integrar aprendizajes derivados de talleres de escucha activa con personas afectadas. Para la entidad, este enfoque colaborativo demuestra la relevancia de compartir conocimiento y experiencias para diseñar políticas públicas más ajustadas a la realidad.
Uno de los aspectos que ECODES considera más relevantes es que la estrategia sitúa el derecho a la energía entre sus motivaciones principales. Este reconocimiento, subraya la organización, representa un paso significativo para garantizar el acceso universal a una energía limpia y asequible, en línea con el reconocimiento por parte de Naciones Unidas del derecho humano al agua.
Asimismo, la ENPE incorpora la Red Actúa, un instrumento de asesoramiento y acompañamiento energético destinado a reducir la brecha en el acceso al bono social —lo que se conoce como non-take up, es decir, hogares que cumplen los requisitos pero no lo solicitan—. Según datos del programa Ni Un Hogar Sin Energía, impulsado por ECODES, el 74 % de las familias atendidas tenían derecho al bono social sin estar percibiéndolo. Tras el acompañamiento, el 92 % comenzaron a beneficiarse de esta ayuda. La Red Actúa, además de orientar a los hogares, puede convertirse en una fuente estable de información si las oficinas recopilan datos de forma homogénea.
Entre las medidas destacadas figura también la introducción de un factor de ponderación superior a 1 para los Certificados de Ahorro Energético (CAE) sociales, una reivindicación defendida por ECODES junto a Andimat y GBCe. Esta modificación permite aumentar la monetización del CAE Social y reconocer que las intervenciones de eficiencia energética en viviendas vulnerables implican mayor complejidad y costes adicionales, especialmente en procesos de rehabilitación.
En la misma línea, la estrategia contempla un programa de rehabilitación exprés para hogares en situación de vulnerabilidad, orientado a mejorar el confort sin incrementar la factura energética. La organización recuerda que, en casi 360 viviendas donde ha aplicado este tipo de actuaciones, las mejoras han sido altamente valoradas por las familias. Además, como novedad, se prevé que las entidades sociales cercanas a las personas puedan ser beneficiarias directas de las ayudas, facilitando la tramitación y reduciendo barreras de acceso a la información.
La ENPE también activa medidas para que las comunidades energéticas y las fórmulas de autoconsumo colectivo integren a personas en situación de vulnerabilidad. ECODES señala como ejemplo la iniciativa Oliver Comunidad Energética, que ya funciona con este enfoque inclusivo.
La estrategia plantea adaptar la normativa para limitar el acceso al bono social eléctrico y térmico a hogares con rentas elevadas, una demanda reiterada por organizaciones sociales. Además, refuerza la protección del consumidor vulnerable al exigir el consentimiento expreso y por escrito para renunciar al bono social y pasarse al mercado libre, trámite que deberá quedar registrado en la CNMC. También define los suministros esenciales, incluyendo la vivienda habitual de consumidores vulnerables severos acogidos al bono social y atendidos por servicios sociales.
Otra de las novedades es la prohibición de llamadas comerciales no solicitadas por parte de compañías eléctricas para la venta de tarifas, una práctica que ha generado controversia en los últimos años.
La ENPE prevé la creación de un Observatorio sobre Pobreza Energética, figura ampliamente reclamada en los procesos participativos, con el objetivo de mejorar la generación de datos y el conocimiento sobre esta realidad. Asimismo, se institucionaliza la Mesa Social de la Pobreza Energética, que se reunirá al menos una vez al año para evaluar la implementación de la estrategia y proponer nuevas medidas, consolidándose como espacio de diálogo entre los distintos actores implicados.
El texto también refuerza la coordinación entre administraciones y promueve un diálogo continuo con las comunidades autónomas, responsables de competencias clave como servicios sociales, vivienda o eficiencia energética.
Por último, se contemplan acciones para implicar a profesionales sanitarios —medicina, enfermería o farmacias— en la detección de situaciones de pobreza energética. Esta medida puede contribuir a identificar casos invisibilizados, especialmente entre personas mayores que no acuden a los servicios sociales. ECODES recuerda en este ámbito su proyecto piloto “Energía para tu salud”, desarrollado en centros de salud y farmacias de Zaragoza.
En palabras de Cecilia Foronda, directora de Acción para la Transición Ecológica Justa de ECODES, la aprobación de la estrategia supone un avance en la garantía de derechos recogidos en el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada, algo que —subraya— hoy no puede entenderse sin acceso a energía limpia y asequible.
