La Comisión Europea presentó el pasado 9 de diciembre un nuevo paquete de medidas destinado a simplificar la legislación ambiental de la Unión Europea en ámbitos clave como las emisiones industriales, la economía circular, las evaluaciones ambientales y el acceso a datos geoespaciales. El objetivo es reducir la carga administrativa para las empresas sin comprometer los elevados estándares europeos de protección del medio ambiente y de la salud pública.
Según informa la Comisión Europea, la propuesta busca acelerar y hacer más eficientes los procedimientos de autorización de proyectos, especialmente en sectores estratégicos como los proyectos digitales, las materias primas críticas o la vivienda asequible, contribuyendo así a la transición hacia una economía limpia y digital en la UE. Bruselas considera que una regulación más sencilla e inteligente es esencial para alcanzar los objetivos ambientales y, al mismo tiempo, reforzar la competitividad europea.
Con estas medidas, se estima que las empresas ahorren alrededor de 1.000 millones de euros al año, lo que eleva el ahorro anual derivado de las iniciativas de simplificación ya presentadas hasta casi 11.000 millones de euros. Este avance acerca a la Comisión a su meta de alcanzar 37.500 millones de euros en reducción de costes administrativos anuales antes de que finalice su mandato en 2029.
El paquete se enmarca en un esfuerzo más amplio vinculado a la Brújula de la Competitividad de la UE, cuyo propósito es reducir la burocracia, fortalecer la resiliencia económica y promover un crecimiento verde sostenible. En total, la propuesta incluye seis iniciativas legislativas, elaboradas a partir de las aportaciones de los agentes interesados tras una convocatoria de pruebas lanzada el 22 de julio de 2025, que recibió más de 190.000 respuestas.
La Comisión ha avanzado que seguirá trabajando en la simplificación normativa más allá de este paquete, apoyándose en las sugerencias recogidas durante ese proceso participativo.
Uno de los pilares del paquete es la simplificación de las evaluaciones ambientales necesarias para conceder permisos, mediante procedimientos más rápidos y digitalizados, la creación de ventanillas únicas y plazos más ágiles. Estas medidas pretenden acelerar proyectos clave para la economía europea, especialmente aquellos que contribuyen a la descarbonización, la eficiencia en el uso de recursos o el acceso a vivienda asequible. Además, la propuesta incorpora un conjunto de herramientas específicas para acelerar proyectos estratégicos en sectores considerados prioritarios.
En el ámbito de las emisiones industriales, la Comisión propone otorgar mayor flexibilidad a las empresas en la aplicación de los sistemas de gestión ambiental previstos en la Directiva de Emisiones Industriales. Entre otros cambios, se eliminará la obligación de incluir planes de transformación, se ampliarán los plazos para preparar estos sistemas y se suprimirá la exigencia de auditorías independientes.
Por su parte, agricultores y operadores de acuicultura quedarán exentos de determinadas obligaciones de información, lo que reducirá su carga administrativa. También se simplifica el alcance de las actividades agrarias y se eliminan duplicidades en el caso de las explotaciones ecológicas. La Comisión reconoce que el coste del sistema actual de registro de sustancias preocupantes en productos (base de datos SCIP) ha sido desproporcionado. Por ello, propone modificar la Directiva Marco de Residuos para eliminar esta base de datos y sustituirla por soluciones digitales más eficaces, como el Pasaporte Digital de Producto y la aplicación del enfoque “una sustancia, una evaluación”.
Otra de las medidas previstas es la simplificación de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, que actualmente obligan a las empresas a designar representantes autorizados en cada Estado miembro donde comercializan productos como baterías, envases o aparatos electrónicos. Esta exigencia se suspenderá temporalmente para los productores europeos mientras se avanza en la armonización de estos sistemas en el marco de la futura Ley de Economía Circular, lo que reducirá los costes operativos.
El paquete también plantea facilitar el acceso a los datos geoespaciales de alto valor, alineando los requisitos técnicos de la Directiva INSPIRE con la normativa horizontal sobre datos del sector público. Esta medida reducirá los costes de cumplimiento para las administraciones y mejorará el acceso a esta información tanto para usuarios públicos como privados.
La propuesta legislativa será ahora remitida al Parlamento Europeo y al Consejo para su tramitación y adopción. Mientras tanto, la Comisión ha reiterado su compromiso de seguir avanzando en la simplificación normativa mediante evaluaciones de estrés legislativo, orientaciones prácticas y mejoras en la aplicación de la normativa existente.
Entre las próximas actuaciones previstas figuran la publicación de orientaciones para facilitar la implementación del Reglamento de Envases y Residuos de Envases, la revisión de la Directiva Marco del Agua en 2026, la actualización de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina y el desarrollo de la futura Ley de Economía Circular, prevista también para 2026, que aspira a establecer normas más sencillas y armonizadas para las actividades circulares transfronterizas. La Comisión recuerda que este paquete ambiental forma parte del conjunto de propuestas “ómnibus” destinadas a reducir al menos un 25% las cargas administrativas —y hasta un 35% en el caso de las pymes— antes de 2029, una necesidad señalada por las propias empresas, que han identificado la complejidad normativa y los requisitos de información ambiental como uno de los principales obstáculos para avanzar en la transición verde.
