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Ayer, miércoles 30 de agosto, se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una violación de los derechos humanos que se ha convertido en un problema mundial aún sin solución. Desde Naciones Unidas afirman que los Estados deben proteger y reparar a todas las víctimas de las desapariciones forzadas.
Desaparecidos, los dolores que aún nos quedan

Las violaciones de Derechos Humanos son muchas en el mundo actual. Si bien ha habido avances en la materia, lo cierto es que aún queda mucho por hacer. Ayer, miércoles 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que es mucho más que una violación de los Derechos Humanos. Los expertos de Naciones Unidas explican que la desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en la ciudadanía. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad. Se trata de una estrategia organizada para infundir el terror.

Las desapariciones forzadas ocurren cuando una persona es arrestada, detenida, secuestrada o privada de su libertad por agentes del Estado u otras autoridades gubernamentales, o por grupos organizados que actúan con el respaldo, la tolerancia o la aquiescencia del Estado, y luego esa persona desaparece sin dejar rastro. Este crimen afecta profundamente a las familias y comunidades de las víctimas, dejando una huella duradera de sufrimiento emocional y psicológico.

Según la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, proclamada por la Asamblea General en su resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992, se producen desapariciones forzadas siempre que: “Se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley”.

Tanto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que entró en vigor el 1 de julio de 2002, como la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 2006, establecen que cuando, como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido a cualquier población civil, se cometa una desaparición forzada, ésta se calificará como un crimen contra la humanidad y, por tanto, no prescribirá. Se dará a las familias de las víctimas el derecho a obtener reparación y a exigir la verdad sobre la desaparición de sus seres queridos.

En el contexto del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Comité contra la Desaparición Forzada, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Presidente del Grupo de Trabajo sobre Pena de Muerte, Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y los representantes de Indonesia y Malasia ante la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN pidieron conjuntamente a todos los Estados que se comprometieran a promover sin demora la justicia para todas las víctimas de desapariciones forzadas y a ratificar los instrumentos internacionales y regionales sobre desapariciones forzadas.

Esta práctica se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. La misma fue muy frecuente durante las dictaduras militares, pero también continúan perpetrándose hoy en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes. Es motivo de especial preocupación:

  • Al acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada;
  • Al uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones;
  • La todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada.

A pesar de los instrumentos legales en vigor, aún tiene lugar una impunidad generalizada a nivel mundial. Los expertos señalan que, incluso si la muerte no es el desenlace, y tarde o temprano, quedan libres, las víctimas pueden sufrir durante largo tiempo las cicatrices físicas y psicológicas de esa forma de deshumanización y de la brutalidad y la tortura que con frecuencia la acompañan.

A su vez, la familia y los amigos de las personas desaparecidas sufren una angustia mental lenta, ignorando si la víctima vive aún y, de ser así, dónde se encuentra recluida, en qué condiciones y cuál es su estado de salud. Además, conscientes de que ellos también están amenazados, saben que pueden correr la misma suerte y que el mero hecho de indagar la verdad tal vez les exponga a un peligro aún mayor.

Resulta inaceptable que hoy, en pleno siglo XXI sigan ocurriendo estas prácticas. El terror y el dolor con complicidad estatal en sistemas democráticos no pueden ser el paisaje cotidiano. Para las Naciones Unidas, es motivo de gran preocupación el acoso que sufren los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada, y también el uso de la lucha contra el terrorismo por parte de los Estados como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones.  Además, todavía tiene lugar una impunidad generalizada a nivel global. Según los datos disponibles, cientos de miles de personas han desaparecido durante conflictos o períodos de represión en al menos 85 países de todo el mundo.Finalmente, con motivo de la efeméride, expertos en derechos humanos regionales y de las Naciones Unidas instaron a los países a proporcionar a las víctimas de desaparición forzada acceso efectivo a la justicia. Esto incluye a cualquier persona que haya sufrido daños como consecuencia directa de esta violación.

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