El cambio climático ya está aquí y sus efectos ya son más que evidentes. Naciones Unidas viene alertando de que para enfrentar las vulnerabilidades al cambio climático es necesario lograr la adaptación porque incluso los esfuerzos de mitigación más estrictos no podrán evitar sus impactos en las próximas décadas. Así lo advierte también el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que reúne y actualiza los conocimientos científicos en la materia, en su Informe de síntesis para responsables de políticas llamando a actuar con urgencia en la reducción de emisiones, pero también en la adaptación: “sin acciones de mitigación y adaptación urgentes, efectivas y equitativas el cambio climático amenaza cada vez más los ecosistemas, la biodiversidad y los medios de vida, la salud y el bienestar de las generaciones actuales y futuras” (IPCC, 2023).
En este escenario, con un panorama sin dudas poco alentador, ciudadanos y políticos, representantes de la gran mayoría de la sociedad española, lanzan un manifiesto proponiendo un Acuerdo de País para la Adaptación al Cambio Climático. Su objetivo es “evitar los daños, minimizar los impactos de la crisis climática, fortalecer la resiliencia y promover las oportunidades de una agenda de adaptación en beneficio de toda la sociedad”.
Se trata de una iniciativa del grupo promotor del Manifiesto por una Recuperación Sostenible, creado en 2021. Desde entonces, promueve espacios de entendimiento transversal con los sectores claves de la sociedad para acelerar la transición ecológica justa. Está formado por un equipo de personas expertas pertenecientes a ECODES, el Grupo Español para el Crecimiento Verde, SEO/BirdLife, BC3, Real Instituto Elcano, la APDHE y el Itd-UPM.
Los primeros firmantes del llamamiento para un acuerdo social y político para la adaptación, configuran una lista trasversal y representativa de la sociedad y de la política. Hay representantes de las entidades más significativas de los sectores especialmente afectados por el cambio climático, como la agricultura, ganadería, pesca, la salud o la infancia; así como de toda la sociedad: empresariales, sindicales, ecologistas, académicas, educativas, religiosas, profesionales, de integración social, de jóvenes, mujeres y de mayores, entre otras. En el ámbito político se encuentran representantes cualificados de los principales partidos del Gobierno y la oposición.
La lista de primeros firmantes de este Pacto, por su amplitud y transversalidad, social y política, representan un valioso y no muy usual acuerdo: un acuerdo basado en la coincidencia sobre los enormes desafíos que los impactos del cambio climático suponen para toda la sociedad, su bienestar y seguridad, y sobre la necesidad de actuar ya en materia de adaptación para mitigarlos. Una transversalidad que abre posibilidades de alcanzar un Pacto de País como el propuesto con el siguiente paso, de la búsqueda de un amplio apoyo.
