Recientemente se ha dado a conocer el último informe elaborado por Gerard Quinn, relator especial sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas. El mismo asegura que el apoyo a este colectivo de personas exige una nueva filosofía que tenga en cuenta su autodeterminación moral, su autonomía y su inclusión social. Básicamente, el documento plantea que el apoyo a las personas con discapacidad debe pasar de un modelo médico a uno de autodeterminación e inclusión.
El experto afirma que se ha ido transformando una filosofía restringida de apoyo social que buscaba principalmente ‘compensar’ a la persona con discapacidad por su ‘pérdida’. En ese momento, el foco de la atención estaba en la deficiencia, no en la persona. La autodeterminación moral y la capacidad jurídica, el control de las personas sobre sus propias vidas, no eran el objetivo. Y tampoco lo era forjar vías inclusivas para la vida en la comunidad. Se hizo caso omiso del vínculo entre la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y el desarrollo comunitario.
Quinn recuerda que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad marca un antes y un después en este sentido y advierte que : “La Convención se desvincula completamente del modelo médico de la discapacidad. (…) Se rechazó el protagonismo de la deficiencia, que restaba valor a las personas. En lugar de ello, ahora se toma como punto de partida la humanidad y las justas reivindicaciones de las personas con discapacidad como seres humanos con los mismos derechos, esperanzas y sueños que las demás”.
En consecuencia, el objetivo de los servicios no debe ser el mantenimiento, el cuidado o la protección. Lo importante debiera ser la autonomía, tener voz propia, poder elegir y ejercer el control, y la inclusión social. Los servicios del futuro deberían permitir ante todo autorrealizarse en el mundo. Otra consecuencia de ese punto de partida es que, además del rechazo general del modelo médico, un entramado de derechos fundamentales enunciados en la Convención apunta con fuerza a la necesidad de reconceptualizar los servicios.
Por otra parte, el especialista de Naciones Unidas analiza cuál es el rol que el Estado debe tener en estos temas. Al respecto, considera que, dado que la inclusión social es vital para la evolución de nuestro sentido de la propia identidad, se deduce que los servicios deben agrupar el capital social para garantizar el derecho, en igualdad de condiciones, a pertenecer, crecer y estar conectado con los demás. En este sentido, el relator se adelanta a ciertas renuencias a este modelo cuando afirma que se podría rebatir que las personas corrientes no tienen un derecho ilimitado a recurrir al erario público para financiar sus propios planes de vida, y reconoce que “las obligaciones del Estado a este respecto deben tener un límite finito”.
“Sin embargo -añade-, este argumento soslaya las muchas formas en que el Estado suele apoyar la vida y las oportunidades de todos sus ciudadanos, y no responde a la pregunta de si el Estado tiene una mayor responsabilidad hacia aquellos cuyas necesidades y derechos requieren una acción positiva. El Estado tendrá prioridades contrapuestas incluso entre los distintos grupos de personas con discapacidad, lo que requiere equidad en el diseño de los sistemas y no obsta para que el paradigma de los servicios evolucione ni el modo de hacerlo”. Por lo anterior, Quinn concluye que se necesitan nuevos tipos de alianzas para hacer realidad esta nueva filosofía y que los Estados deben redefinir el “interés público” y determinar cómo realizar las inversiones, así como diseñar la prestación de servicios, ya sean proveídos a través del mercado o de otra forma.
Finalmente, con el objetivo de contribuir a iniciar la transición hacia un nuevo modelo de diseño y prestación de servicios en el siglo XXI, el relator especial formula una serie de recomendaciones a los Estados, la comunidad empresarial, la sociedad civil y a la comunidad internacional, entre otras:
