.- El acceso de las mujeres al poder económico, político y social en todo el mundo está aumentando. Sin embargo, también aumentan las situaciones de riesgo, violencia, acoso o amenazas de las que son objeto por las actividades que realizan en defensa de sus derechos y de los de sus comunidades. Los cambios y las transformaciones que llevan a cabo en pro de los derechos y la igualdad amenazan al sistema patriarcal que las acosa y, en muchas ocasiones, las violenta y hasta las asesina.
Durante los últimos años, el empoderamiento femenino y las movilizaciones feministas han sido muy visibles, y las mujeres han conseguido grandes avances en muchos países. Estos progresos y movilizaciones han tenido a su vez una reacción que ha puesto al movimiento feminista, a activistas y políticas en el punto de mira de las corrientes más reaccionarias y conservadoras. Por ejemplo, en Colombia, donde Alianza por la Solidaridad-ActionAid trabaja desde hace décadas, la vicepresidenta afrocolombiana Francia Márquez ha recibido múltiples amenazas y un acoso continuo. El pasado enero se desactivó un artefacto explosivo cerca de su vivienda, en el Cauca. Márquez, antes de ocupar este cargo, ha sido activista por los derechos de las mujeres a través de organizaciones sociales que también trabajan el empoderamiento y la participación femenina. En 2022, la Defensoría del Pueblo en Colombia registró un total de 215 homicidios a personas defensoras de derechos humanos. Según un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), hubo 534 agresiones contra líderes y lideresas y 102 mujeres sufrieron algún acto de violencia por su liderazgo político, social o comunal. Las últimas en sufrir esta violencia han sido las lideresas Rosa Elena Celix, quien trabajaba con víctimas del conflicto armado, y Shaina Vanessa Pretel, activista LGBTIQ+, asesinadas el pasado febrero.
Alianza-ActionAid subraya que, en muchos casos, la lucha de las mujeres por sus derechos se ha hecho más visible y reivindicativa, incluso en lugares donde sus derechos han sufrido brutales retrocesos, como Afganistán o Irán.
En otros países, como Perú, organizaciones de mujeres indígenas y campesinas han denunciado en los últimos meses la persecución que sufren a raíz de las protestas tras la caída del anterior presidente, Pedro Castillo. Similar acoso se denuncia en El Salvador donde, al estado de excepción promulgado por Nayib Bukele, se suman las campañas de difamación y acoso a las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las de mujeres, para obstaculizar la defensa de los derechos humanos, amenazados por las acciones autoritarias del Gobierno. Y en Guatemala, donde las mujeres defensoras, especialmente las indígenas, son perseguidas y criminalizadas por la defensa de sus territorios, tal como la ONG Alianza-ActionAid ha denunciado en numerosas ocasiones. En este caso, es el propio Estado quien está deteniendo, bajo acusaciones arbitrarias, a mujeres defensoras como las activistas medioambientales María Choc, encarcelada por dos años, o Sofía Tot, que está en pleno proceso judicial.
En Bolivia, el asedio a mujeres que han desempeñado cargos públicos ha hecho necesaria la promulgación de una ley contra el acoso y la violencia política, tal como señalaban algunas activistas y lideresas, apoyadas por Alianza-ActionAid, durante su visita a España el pasado noviembre. Bolivia también sufre una altísima tasa de violencia hacia las mujeres y su peor expresión, el feminicidio, ya alcanza a 19 víctimas en lo que va de año, según la Fiscalía General del Estado. “A partir de los procesos de fortalecimiento y liderazgo de las mujeres, promovemos su empoderamiento para que exijan, con voz propia, el cumplimiento de su derecho a una vida libre de toda forma de violencia”, declara Magalí Chávez, coordinadora de programas en Alianza por la Solidaridad-ActionAid Bolivia.
En España también hemos asistido a casos de acoso político a mujeres con cargos públicos, como a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y a la diputada socialista, Laura Berja, en el Congreso de los Diputados o, en su día, el acoso a Mónica Oltra en su domicilio, entre otros. También en redes sociales son numerosas las denuncias de activistas feministas ante un acoso que sigue aumentando y está cada vez más organizado.
En este duro contexto, Alianza por la Solidaridad-ActionAid considera necesario seguir respaldando los procesos de empoderamiento y liderazgo de las mujeres para llevar a cabo una transformación social. En este sentido, la organización apoya a asociaciones locales en países de América Latina, África, Asia y Europa para desarrollar programas que fomenten el empoderamiento y la participación de las mujeres; así como campañas de comunicación para que la sociedad participe activamente en transformar esta realidad.
Este 8 de marzo, la ONG ha lanzado la campaña Power Up Women #TomaPoderío en la que reivindica el papel de las mujeres a través de los ejemplos, con nombres y apellidos, de activistas y defensoras de derechos de varias partes del mundo.
