Hoy, 6 de septiembre, se lanzó en Bruselas la campaña “Justice is Everybody’sBusiness”, se trata de una coalición de organizaciones sindicales y de la sociedad civil de Europa y de otros países dirigida por CIDSE, European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), European Coalition for Corporate Justice (ECCJ), European Trade Union Confederation (ETUC), Forum Citoyen pour la Responsabilité Sociale des Entreprises y Friends of the Earth Europe. La iniciativa ha sido puesta en marcha por 104 organizaciones de la sociedad civil y sindicales, entre ellas el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, y piden a la UE que promulgue una sólida ley de debida diligencia que prevenga y responsabilice eficazmente a las empresas de las violaciones sobre el medioambiente y los derechos humanos.
Cabe destacar que, si bien países como Francia y Alemania levan la delantera con leyes nacionales de debida diligencia en materia de derechos humanos, éstas no protegen suficientemente a las personas y al planeta de los impactos negativos de las operaciones empresariales europeas. En febrero de este año, la Comisión Europea publicó su propuesta de ley por la que se exige a las grandes empresas que realicen comprobaciones en sus inversiones y cadenas de suministro para identificar, prevenir y abordar los riesgos e impactos sobre los derechos humanos y el medioambiente dentro y fuera de la UE. Sin embargo, la propuesta contiene peligrosas lagunas que no garantizarán la justicia.
En palabras de Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de RSC: “La Comisión Europea debe legislar para revertir esta situación y garantizar que las empresas respetan los derechos humanos y el medioambiente en sus operaciones y en caso de que se produzcan daños que las víctimas de abusos empresariales tengan un adecuado acceso a la justicia. Además, una Ley beneficiaría a las empresas que producen respetando la legislación nacional e internacional tanto en sus actividades propias como en las externalizadas”.
Los expertos explican que la propuesta actual no logrará prevenir los daños más allá del primer nivel de la cadena de suministro. Las violaciones de los derechos humanos suelen producirse en los niveles más bajos de la cadena de valor, a varios pasos y subcontratistas de las empresas europeas. Tampoco da suficiente poder a quienes sufren las malas prácticas empresariales para obtener justicia en los tribunales de la UE. En lugar de eliminar los serios obstáculos legales para quienes intentan presentar demandas contra las empresas, la propuesta actual sigue facilitando que las empresas eludan su responsabilidad.
Por su parte, Claudia Saller, directora de European Coaltion for Corporate Justice afirmó: "El modelo empresarial dominante de 'el beneficio es el rey' está matando nuestro presente y nuestro futuro. Cuando la gente se une como contrapeso, podemos inclinar la balanza del poder. De lo contrario, los líderes de la UE sólo escuchan lo que les dicen los grandes lobbies empresariales".
Además, se destaca que la propuesta de ley tampoco obliga a las empresas a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero ni las responsabiliza por no hacerlo, a pesar de su enorme impacto en la crisis climática. Al respecto, Jill McArdle, responsable de la campaña de responsabilidad corporativa de Amigos de la Tierra Europa, dijo: "Después de un verano de sequías, olas de calor e incendios, estamos aquí para decir a los líderes de la UE que ningún tipo de lavado verde puede ocultar la nueva realidad cotidiana de la crisis climática. Las empresas son grandes contaminantes y, como tales, deben estar obligadas a reducir sus emisiones. Pero si no lo hacen, la gente debe poder llevarlas ante los tribunales".
Una encuesta realizada el año pasado en nueve países de la UE, entre ellos España, indicaba que más del 80% de los ciudadanos europeos quieren leyes fuertes que responsabilicen a las empresas de las violaciones de los derechos humanos y del medio ambiente en el extranjero. En una petición de 2021, más de medio millón de personas y 700 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo expresaron su apoyo a dicha ley de la UE. La campaña se ha iniciado hoy, 6de septiembre, con una acción pública en Bruselas en la que una "balanza de la justicia" de tres metros de altura mostró los desequilibrios actuales entre los beneficios de las empresas, por un lado, y los derechos humanos y la justicia medioambiental y climática, por otro, y cómo la presión pública puede inclinar la balanza.
Finalmente, Isabelle Schömann, secretaria confederal de la Confederación Europea de Sindicatos, declaró: "Nuestra campaña comienza en el centro de la toma de decisiones europea, pero no se detiene aquí. La UE debe asumir su responsabilidad y establecer futuras normas mundiales para una mayor responsabilidad de las empresas, una conducta empresarial responsable y garantizar un acceso mejor y más libre a la justicia, incluso para los sindicatos. Apoyaremos todas las acciones en toda Europa que pongan fin a las violaciones de los derechos humanos, incluidos los derechos sindicales".
