Se entiende por Cooperación Internacional la acción conjunta para apoyar el desarrollo económico y social de un país, mediante la transferencia de tecnologías, conocimientos, experiencias o recursos por parte de países con igual o mayor nivel de desarrollo, organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. Este es un concepto global que comprende diferentes modalidades de ayuda que fluyen hacia los países de menor desarrollo relativo. Si bien son generalmente los Estados los responsables de este accionar, las empresas tienen mucho que aportar también.
Un artículo recientemente publicado en el Blog Elcano, una plataforma de diálogo que permite acercar a un público más amplio las ideas y opiniones del equipo de investigación del Real Instituto Elcano, afirma que se encuentra en marcha un proceso de reforma del sistema español de cooperación internacional al desarrollo, que previsiblemente se plasmará en una nueva ley de cooperación. En esta nueva iniciativa, afirman los expertos, es importante que el sistema reconozca el papel fundamental que las empresas pueden desempeñar en la política de cooperación.
Si bien aún no hay certezas, en principio las perspectivas parecen favorables a este planteamiento. Como antesala de este importante paso, el artículo señala que el pasado mes de marzo la entonces Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno Bau, señalaba en una comparecencia en el Congreso que serán imprescindibles alianzas público-privadas con el sector empresarial, “un socio fundamental para el progreso sostenible por su contribución al crecimiento económico, el empleo digno, los ingresos fiscales y la financiación de las inversiones en las economías en desarrollo”. La Secretaria de Estado abogaba por “impulsar la creación con dicho sector de un marco de colaboración con una visión común y proyectos conjuntos que conjuguen los beneficios y rentabilidad de las empresas con el logro de resultados de desarrollo sostenible”.
La cooperación internacional o las Ayudas Oficiales al Desarrollo (AOD) se enmarcan en dos grandes criterios: los intereses del donante y las necesidades del receptor o país socio, pero el fondo de la misma se orienta, en general, a menguar la brecha de la pobreza en los países a través del fortalecimiento de sus gobiernos locales, el mejoramiento de la productividad, el intercambio de experiencias o tecnología, entre otras actividades o programas. En todas estas iniciativas, el sector empresarial puede aportar y mucho.
Enrique Fanjul, Profesor del Máster de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo y redactor del artículo, explica que existen, al menos, dos justificaciones por las cuales la cooperación internacional al desarrollo necesita a las empresas. En primer lugar, un motivo de eficiencia. Esto hace referencia a que las empresas cuentan con la capacidad técnica para desarrollar de manera eficiente muchos proyectos de cooperación al desarrollo. Tales como construir un hospital, una planta de tratamiento de aguas, o asesorar al gobierno de un país para fomentar la internacionalización de sus pymes o para reformar su sistema fiscal, son actividades en las que las empresas tienen una gran capacidad de gestión.
En según lugar, Fanjul explica que: “la política de cooperación no puede dejar de lado la realidad social de España, en la que existe un elevado nivel de desempleo, bolsas de pobreza y marginalidad, etcétera. No sería justo el que las actividades y productos empleados en proyectos de cooperación realizados por España no tuvieran el máximo componente español, a través de la participación de empresas españolas, con el efecto arrastre que ello tendría sobre el empleo y el crecimiento económico.”
Sin embargo, el catedrático advierte que hasta ahora la experiencia no ha sido demasiado positiva en cuanto a la participación de la empresa en la cooperación. En el trabajo de Bonet y Ruiz-Villar se citan los resultados de una encuesta realizada entre empresas del Club de Exportadores que tiene actividad en proyectos de cooperación internacional: “únicamente un 10% de las empresas se ha presentado a licitaciones financiadas directamente por la AECID y han encontrado la experiencia positiva (22% en el caso de Fonprode). Por el contrario, el 30% de las mismas han contestado indicando que la experiencia fue negativa y, el 60%, que no se ha presentado nunca a una licitación convocada por la AECID (78% en el caso de Fonprode)”.
Ante este panorama es aún más urgente que la anunciada ley de cooperación reconozca de manera efectiva el papel de las empresas en la política de cooperación, un papel que por supuesto es compatible e incluso complementario con el de otros agentes sociales. Al respecto concluye Fanjul: “Sería deseable, en este sentido, que en el nuevo sistema se establecieran instrumentos para fomentar la cooperación entre empresas y otros agentes sociales que participan en la cooperación al desarrollo, como las ONG, entre las que hay muchas que realizan, en su campo de actividad, una labor muy eficiente.”
Nuestro país tiene también un recorrido fluctuante en materia de cooperación. En España han existido históricamente, en ciertos sectores vinculados con la política de cooperación, recelos en relación con la participación de las empresas. El motivo de esto ha sido principalmente por la cuestión ideológica: en la medida que las empresas son entidades que, entre otros objetivos, buscan un beneficio, su participación en la cooperación al desarrollo supondría una “mercantilización” de la ayuda, que desvirtuaría su naturaleza. Según este planteamiento, sólo agentes sin ánimo de lucro estarían habilitados para desarrollar actividades de ayuda al desarrollo. Lo cual acotaría mucho el espectro de acción. Resulta absurdo que este argumento trunque el importante aporte que el tejido empresarial puede hacer a causas necesarias. La magnitud de los problemas sociales a nivel global es tal, que requiere del esfuerzo mancomunado de todos los sectores: público y privado.
Resulta preciso recordar el ODS número 17: “Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible”. Este sostiene que para que un programa de desarrollo se cumpla satisfactoriamente, es necesario establecer asociaciones inclusivas (a nivel mundial, regional, nacional y local) sobre principios y valores, así como sobre una visión y unos objetivos compartidos que se centren primero en las personas y el planeta. Una de las metas dentro de este objetivo reza: “Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en desarrollo” ¿y quién mejor que las empresas para hacerlo?
