El Mecanismo para una Transición Justa (MTJ) de la Unión Europea es una iniciativa que proporcionará apoyo específico a las regiones y los sectores más afectados por la transición hacia la economía verde. Este busca contribuir a abordar los efectos sociales y económicos de la transición, centrándose en las regiones, las industrias y los trabajadores que se enfrentarán a los retos más importantes, y movilizará al menos 100.000 millones de euros a través de las siguientes áreas: En primer lugar, asistencia técnica a través de una Plataforma de Transición Justa para prestar asesoramiento y apoyo. En segundo lugar, brindará condiciones atractivas y reparto de riesgos para los inversores públicos y privados junto a planes de transición para las regiones beneficiarias, a fin de orientar las inversiones.
Por último, el MTJ proporcionará un importante paquete de medidas económicas compuesto por grandes ayudas financieras. El Fondo de Transición Justa (FTJ) es el primer pilar del Mecanismo para una Transición Justa, una herramienta clave para apoyar a las regiones, a la industria y a los trabajadores que previsiblemente tendrán más problemas por la aplicación del Pacto Verde Europeo. Este fondo se anunció el pasado martes 18 de mayo y tiene como principal objetivo ayudar a las regiones menos desarrolladas de la UE en la transformación a la economía verde para de este modo garantizar que nadie se quede atrás.
Dicho paquete se compone de 7.500 millones de euros del Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y 10.000 millones de euros del Instrumento Europeo de Recuperación. Para poder acceder a los fondos, un proyecto debe centrarse en la diversificación económica, la reconversión o la creación de empleo, o bien favorecer de algún modo la transición hacia una economía europea sostenible, circular y neutra desde el punto de vista climático. Así, el financiará programas de asistencia en la búsqueda de empleo, mejora de las capacidades y reciclaje profesional, además de la inclusión activa de los trabajadores y los solicitantes de empleo conforme la economía europea evoluciona hacia la neutralidad climática. También apoyará a microempresas, incubadoras de negocio, universidades y organismos públicos de investigación, así como las inversiones en nuevas tecnologías energéticas, eficiencia energética y movilidad local sostenible.
Dentro de sus planes de transición justa, los Estados miembros de la UE deberán determinar cuáles serán los territorios más afectados por la transición energética y concentrar en ellos los recursos que reciban del FTJ. Uno de los principios rectores para la aplicación de esta ayuda es que se centrará en las zonas más vulnerables. Es decir, los Estados deberán prestar especial atención a las características específicas de las islas, las zonas insulares y las regiones ultra periféricas. La parte que subvenciona la Unión (cofinanciación) queda fijada en un máximo del 85 % para las regiones menos desarrolladas, del 70 % para las regiones en transición y del 50 % para las regiones que cuenten con mayores avances en la materia.
Dos puntos importantes a resaltar son: por un lado, que el FTJ no subvencionará la incineración de residuos. Asimismo, quedarán excluidos el desmantelamiento y la construcción de centrales nucleares, las actividades relacionadas con los productos del tabaco y las inversiones relacionadas con los combustibles fósiles. Por otro lado, la iniciativa del Parlamento Europeo introducirá un “mecanismo de recompensa ecológica” en el FTJ si este cuenta con nuevos fondos después del 31 de diciembre de 2024. Estos recursos adicionales se distribuirán entre los Estados miembros, y recibirán más financiación los que logren reducir más las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria.
Además, el reglamento prevé que las empresas con dificultades financieras podrán recibir ayudas de conformidad con las normas temporales de la UE sobre ayudas estatales establecidas para hacer frente a circunstancias excepcionales. Por último, cabe destacar que el acceso de los Estados miembros al FTJ estará condicionado a la adopción de compromisos a escala nacional para lograr la neutralidad climática de aquí a 2050. Antes de haber fijado objetivos en este sentido, los Estados miembros solo tendrán derecho al 50 % de su asignación nacional.
Nuestro país es el octavo país que más financiación recibirá de este fondo: 1.806 millones de euros para paliar los efectos socioeconómicos de la transición ecológica en las regiones más afectadas, según cifras de la Comisión Europea. Por el momento, Asturias, León, Palencia, Cádiz, A Coruña, Córdoba, Almería y Teruel son los territorios españoles que podrían beneficiarse de estas ayudas, según el análisis publicado por la Comisión Europea sobre la elegibilidad de las distintas regiones de la UE para recibir ayuda económica de este fondo.
Manolis Kefalogiannis, Diputado griego del Parlamento Europeo, señaló que: “El Parlamento Europeo envía una señal política clara: hay que mitigar las consecuencias sociales, económicas y medioambientales de la transición energética en las regiones más afectadas. Avanzamos hacia una nueva era para Europa sin dejar a nadie atrás”.
