Según los indicadores de pobreza energética del Observatorio Energético de la Unión Europea basados en la Encuesta de Condiciones de Vida y en la Encuesta de Presupuestos Familiares, las cifras muestran que existe un número elevado de hogares en situación de pobreza energética, pero con diferencias muy significativas entre territorios. En el caso europeo, los países del Este presentan una situación en la que el 67% de la población está en riesgo de pobreza energética, una situación que contrasta con el ejemplo de los países nórdicos, donde los indicadores se reducen hasta el 1,4%.
En el caso español, Sergio Tirado, uno de los autores del estudio Papeles de Energía, destaca el hecho de que desde 2014 el porcentaje de personas que declara una temperatura inadecuada de la vivienda durante los meses fríos supera la media de la UE-28, siendo un 9,5%. Esta cifra se mantiene desde 2014 por encima del 10% de la población que representa unos 4,6 millones de personas, frente al mínimo del 6% en 2008.
Además el estudio señala que, con excepción de algunos Estados con cifras excepcionalmente bajas de pobreza energética como los Países Bajos y Dinamarca, el acceso a unos niveles mínimos de servicios domésticos de la energía está lejos de estar garantizado en la Unión Europea. En lo relacionado al marco regulatorio e institucional actual, aún queda mucho por hacer para conseguir una situación óptima desde el punto de vista de la protección de los derechos de los hogares considerados por legislaciones europeas y nacionales como vulnerables.
En otro artículo del estudio, los autores Elena Escribano y Pedro Cabrera plantean una estrategia de renovación del trabajo social para atajar el problema de la pobreza energética basada en la innovación social y en la incorporación de valores de sostenibilidad social y ambiental. Su trabajo se basa en un análisis de los riesgos y oportunidades del enfoque actual de la intervención social señalando el peligro de pasar de un discurso de erradicación de la pobreza, como situación de injusticia social padecida por ciudadanos, a otro de protección de la vulnerabilidad energética de consumidores vulnerables.
En el estudio destacan los beneficios potenciales más claros de la posibilidad de desarrollo de especialidades de Trabajo Social que en España no tienen hoy mucho peso como por ejemplo el Trabajo Social Empresarial, que podría jugar un papel importante en beneficio de los ciudadanos vulnerables, clientes de las empresas energéticas.