La FMBBV acaba de presentar en Madrid el informe “Índice de Instituciones Sociales y Género 2019 (SIGI)” del Centro de Desarrollo de la OCDE, junto a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Una de las principales conclusiones del documento es que la desigualdad de género le cuesta a América Latina más de 400.000 millones de dólares. Esta cifra se refiere a pérdidas de ingresos regionales asociadas con los niveles actuales de discriminación de género en las instituciones sociales.
Durante la última década, este Índice ha demostrado constantemente que los gobiernos deben analizar las leyes, normas y prácticas discriminatorias para lograr la igualdad de género y promover el empoderamiento de las mujeres. Este informe global de 2019 proporciona una visión general de los principales resultados del SIGI en relación con las mujeres y la familia, su integridad física, el acceso a recursos productivos y financieros y sus derechos cívicos. Sobre la base de estos resultados, este informe proporciona un conjunto de recomendaciones de políticas para mejorar los esfuerzos de los gobiernos para cumplir sus compromisos de igualdad de género a través de un enfoque triple: a partir de reformas legales y políticas de género transformadoras, hacer cumplir las leyes a través de la movilización y el empoderamiento de la comunidad, y aprender sobre la eficiencia de la política a través del seguimiento.
La historia de Elisa es una de tantas y tantas que se dan en este continente. Otra es la de Benita Hernández, la agricultora de la FMBBVA que ha viajado desde República Dominicana a Madrid para contar su experiencia. Esta mujer, de 63 años, empezó ayudando a otras emprendedoras a acceder a crédito y, ahora, trabaja en una asociación que impulsa el acceso de campesinas a la propiedad de la tierra. Entre otras cosas, ha señalado que “las mujeres dominicanas no son propietarias por desconocimiento. Les falta información: no saben qué documentación necesitan y, en la mayoría de los casos, ni siquiera tienen un documento de identificación, que es el primer paso para acceder a la titularidad de la tierra”. Según el documento de la OCDE, seis países de América Latina todavía no cuentan con leyes o políticas que faciliten el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra.
Mario Pezzini, director del Centro de Desarrollo de la OCDE afirma, en la primera página del Índice, que "situar a mujeres y hombres en pie de igualdad en todos los ámbitos de la vida política, económica y social no es sólo un imperativo moral, sino también económico". Y sitúa el coste global de la desigualdad de género en aproximadamente 6 trillones (¡con t!) de dólares, lo que supone aproximadamente el 7,5% del PIB mundial. "El impacto de esta desigualdad afecta a la calidad de vida de millones de mujeres, pero no sólo a ellas, sino a sus familias y su entorno", añade.
Según la jefa de la división de Redes, Alianzas e Igualdad de Género del Centro de Desarrollo de la OCDE, Bathylle Missika, “el SIGI hace un llamado a no dejar a ninguna mujer ni niña atrás: la débil implementación de las leyes y la persistencia de normas sociales discriminatorias son los principales obstáculos para alcanzar la igualdad de género de aquí a 2030 en América Latina y el Caribe”.
“Todos los estudios muestran que, si eliminamos las barreras para el empoderamiento económico de las mujeres, vamos a tener un crecimiento más dinámico e inclusivo, más equidad y menos pobreza”, ha señalado la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, durante la presentación del documento.
Según el SIGI 2019, el nivel de discriminación en las leyes, costumbres y normas sociales de América Latina es del 25% (en Europa, la región con la mayor igualdad según el índice, es del 17%). En la región, una de las mayores preocupaciones está en el ámbito familiar: las mujeres dedican más de 4 horas y media al día a las tareas domésticas o al cuidado de los hijos y mayores (3 veces más tiempo que los hombres). En España, la proporción es de 2,2, como señala la OCDE.
El Embajador y Representante Permanente de España ante la OCDE y Presidente del Consejo Directivo del Centro de Desarrollo de la OCDE, Manuel Escudero, ha dicho que “España está experimentando un enorme proceso de transformación contra las desigualdades de género. España comienza a ser un país feminista y defensor de los derechos de las mujeres. Y se ha progresado mucho en el marco normativo para alcanzar la igualdad de género en el ámbito familiar y en el laboral. Sin embargo, continúan existiendo desafíos para poner fin al flagelo de la violencia machista contra las mujeres”.
