"Las causas de tan dudoso honor hay que buscarlas no sólo en la baja prioridad política que ocupan los objetivos ambientales en nuestro país –y la correlativa sensibilidad en la población que tales prioridades manifiestan– sino también en el sistema de gobernanza", según Susana Galera, profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Rey Juan Carlos.
Las 30 infracciones de España contra el medio ambiente

En un articulo publicado en el 'Informe sobre Sostenibilidad en España', editado por la Fundación Alternativas, Susana Galera explica que estos 30 procedimientos de infracción abiertos a día de hoy contra España pueden deberse bien a una falta de transposición o a una transposición tardía de la normativa europea, o bien a la falta o deficiente aplicación de esta normativa. “Hay que advertir que el elevado ranking de incumplimiento que año tras año acumula España es imputable bien a las autoridades estatales bien a las autoridades autonómicas e incluso locales, es decir, al órgano competente para llevar a cabo la acción omitida o incorrectamente ejecutada. Es el caso, por ejemplo, de los incumplimientos relacionados con la Directiva marco de aguas y la no adopción de los Planes Hidrológicos en determinadas Demarcaciones –Islas Canarias y cuenta intracomunitaria de Cataluña–, mientras que en el resto sí han sido adoptados.

En su artículo, titulado 'La evolución política ambiental europea', afirma que resulta difícilmente entendible cómo puede estar elaborándose una Ley de Clima y Transición Energética sin que se hayan convocado previamente a los órganos de coordinación existentes, en número más que suficiente, siquiera a nivel de Conferencia Sectorial –de Energía, de Medio Ambiente, de Ciencia y Territorio…– para fijar en común un punto de partida del texto a tramitar. “Tampoco es fácilmente comprensible cómo se puede impedir que una Comunidad Autónoma apueste decididamente por el turismo sostenible como ámbito económico y consecuentemente prohíba en su territorio prácticas ambientalmente inciertas y dudosas como el fracking”. Y recuerda que este es otro ámbito de reflexión –institucional y organizativo– que aparece de forma recurrente en las recomendaciones y orientaciones que desde la UE se le hacen a España para mejorar el cumplimiento de sus obligaciones europeas.

En cuanto a los procedimientos de infracción activos, Galera ennumera los siguientes ámbitos:

– Protección de la naturaleza –hábitats– sistema de riego, Lérida.

– Evaluación de Impacto Ambiental, mina de carbón, León.

– Tratamiento de Aguas residuales, vertidos y áreas sensibles, aglomeración de Pontevedra.

– Tratamiento de aguas residuales en aglomeraciones urbanas de Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad Valencia, Galia y País Vasco.

– Vertederos incontrolados e ilegales en poblaciones de Andalucía, Canarias, Castilla La Mancha, Castilla León, Murcia.

– Protección de la naturaleza –hábitats– proyecto de carretera. Comunidad de Madrid.

– Calidad del aire: superación de límites de partículas (PM10) en aglomeraciones urbanas de Andalucía, Asturias y Cataluña;

– Protección de la naturaleza: degradación de espacios naturales. Tablas de Daimiel.

– Protección de la naturaleza –hábitats– trazado de ferrocarril, Andalucía.

– Gestión de Residuos y vertederos en poblaciones de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla La Mancha, Murcia y País Vasco.

– Aguas residuales en pequeñas aglomeraciones: 612 poblaciones entre 2.000 y 15.000 habitantes.

– Naturaleza: degradación del río Guadalquivir, proyecto acceso al puerto de Sevilla.

– Agua y Naturaleza: deterioro de hábitats por excesivas captaciones de agua en Doñana.

– Aguas Residuales: contaminación por residuos salinos en extracciones en El Bages, Comunidad Valenciana.

– Contaminación atmosférica: superación límites NO2 en Madrid y Barcelona.

– Aguas: Planes Hidrológicos Cuencas intracomunitarias Canarias y Cataluña.

– Aguas residuales: falta de tratamiento en varios cientos de aglomeraciones urbanas.

– Residuos: Planes de Gestión de Residuos: Baleares, Canarias, Madrid y Ceuta (no adopción), Aragón y Cataluña (no revisión de los anteriores).

– Evaluación de Impacto Ambiental, Evaluación Estratégica y Directiva Hábitats en Canarias.

– Planes de Riesgo de Inundación: falta de notificación.

Dentro de sus conclusiones, Susana Galera hace referencia a las recomendaciones que la Comisión Europea dirige a España para mejorar la aplicación de la normativa ambiental diferenciando dos grupos. Por un lado, las acciones específicas relacionadas con los ámbitos normativos en los que España tiene abiertos procedimientos de incumplimientos: obligaciones diversas relacionadas con las aguas y residuos, con la superación de límites de contaminantes en el aire, con las evaluaciones de proyectos y planes, etc. Y, por otro lado, dice que “es insistente, en éste y en muchos otros documentos, la sugerencia de que España mejore su sistema de gobernanza, propiciando el encuentro sistemático de autoridades de todos los niveles territoriales, pues las políticas ambientales se proyectan sobre todos ellos simultáneamente y los impactos sobre la naturaleza no conoce fronteras”.

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