El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS, Naciones Unidas) número 8 se refiere a «lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor” mientras que el número 5 alude a «lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas». Ambos tienen como horizonte temporal 2030. A pesar de que las últimas dos décadas han sido positivas, las perspectivas de la mujer en el mundo del trabajo distan mucho de ser iguales a las de los hombres. Y, como subraya la Organización Mundial del Trabajo (OIT por sus siglas en inglés) en su documento Tendencias del empleo femenino 2018, “la comunidad mundial tiene ante sí uno de los retos sociales y del mercado laboral más acuciantes: subsanar las brechas entre los géneros en el mundo del trabajo”.
La principal conclusión de este informe es lamentable: en promedio y a escala mundial, las mujeres tienen menos probabilidades de participar en el mercado de trabajo que los hombres. En 2018, la tasa mundial de participación femenina en el mercado laboral es del 48,5%, 26,5 puntos porcentuales más baja que la de los hombres.
También es cierto que esta cifra difiere considerablemente en función de países y regiones del mundo. Por ejemplo, se queda por debajo del 30% en Asia Meridional, en un 22% en África del Norte y por debajo del 19% en los Estados Árabes. Por el contrario, la media en el caso de los países en desarrollo se acerca al 70%.
Pero se da una cierta paradoja y es que el empleo vulnerable afecta más a las mujeres de los países en desarrollo. La OIT clasifica como empleo vulnerable el de los trabajadores que trabajan por cuenta propia y el de trabajadores familiares auxiliares, ya que “tienen más probabilidades que los de otras categorías laborales de estar en situación de empleo informal y vivir en la pobreza, y de tener acceso limitado o nulo al sistema de protección social”. Según sus datos, en esta situación se encuentran 1.391 millones de personas, y las proyecciones para 2019 suben hasta 1.426 millones (ver gráfico).
En este sentido, el documento afirma que “el riesgo es especialmente importante en los países emergentes y en desarrollo, donde estas categorías laborales constituyen un fuerte indicio de informalidad, malas condiciones de trabajo y falta de protección social. Más concretamente, el trabajo por cuenta propia no parece ser un paso importante hacia mejores oportunidades en el mercado de trabajo”. Respecto a las mujeres, afirma que “en realidad, la probabilidad de que las trabajadoras por cuenta propia amplíen sus actividades y se conviertan en empleadoras es escasa”. Y aporta un dato: a nivel mundial, las mujeres empleadoras –es decir, las trabajadoras por cuenta propia con empleados– representan solo el 1,7% del empleo femenino total.
La OIT también denuncia que “la presencia femenina en el empleo informal de los países en desarrollo es excesiva”. Esta organización define el empleo informal como aquél realizado por trabajadores y unidades económicas que no están cubiertos o que están insuficientemente cubiertos (en la legislación o en la práctica) por acuerdos formales. “El empleo informal puede tener características como falta de protección en casos como el no pago de salarios, obligación de hacer sobretiempo o turnos extraordinarios, despidos sin aviso ni compensación, condiciones de trabajo inseguras y ausencia de beneficios como las pensiones, el reposo por enfermedad o el seguro de salud. Las mujeres, los migrantes y otros grupos de trabajadores vulnerables que no tienen otras oportunidades se ven obligados a aceptar trabajos en condiciones de informalidad”, según esta organización.
Por último, aunque señala que la falta de acceso a la protección social no es un problema privativo de las mujeres, no es menos cierto que la mayor propensión de las mujeres a trabajar en formas atípicas de empleo, con horas irregulares y una trayectoria laboral con interrupciones, provocan disparidades de protección social entre mujeres y hombres. Y concluye que para respaldar la transición de las mujeres a empleos dignos “es vital seguir impulsando la matriculación femenina en la educación formal, la formación profesional y los programas de iniciativa empresarial”. También hay mucho margen para mejorar el alcance y la efectividad de las políticas públicas de asistencia a la familia mediante la ampliación de la cobertura de servicios relacionados con la infancia y el fomento de un reparto más parejo de las responsabilidades familiares entre los miembros de la familia.
