Expertos en derechos de la infancia coinciden en que es preciso diseñar una estrategia nacional integral para erradicar la violencia contra la infancia
Invertir en infancia, condición indispensable para el desarrollo sostenible

Hay que desarrollar todas las medidas incorporadas por la reforma legislativa de infancia de 2015, mantener la sensibilidad y voluntad política por la que se aprobó esta ley y pedir a la sociedad que exija que se ponga en práctica. Estas fueron varias de las peticiones que se han recalcado en la jornada “Retos ante la reforma del sistema de protección de la infancia”, que la Cátedra Santander de Derecho y Menores de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE organizó esta semana en el Congreso de los Diputados, donde se avisó de que la protección de fronteras choca con el interés superior del niño.

Para ello, los ponentes pidieron que se destine más recursos de todo tipo a este colectivo en los presupuestos, porque los presupuestos públicos deben garantizar todos los derechos de los niños. “Un país que invierte en infancia es estable, participativo y democrático, y éticamente hace lo correcto, porque un desarrollo sostenible es imposible de conseguir sin invertir en infancia”, según Jorge Cardona, Miembro del Comité de Derechos del Niño, que habló sobre la Observación General 19 del Comité de los Derechos del Niño sobre presupuestos públicos y derechos del niño.

Por su parte, Gabriel González-Bueno, de UNICEF-Comité Español, avisó sobre la necesidad de cambiar el paradigma de que todo presupuesto es gasto para convertirlo en un paradigma de derechos humanos de inversión para las personas. “Los compromisos de un país con la infancia hay que buscarlos en los presupuestos”, dijo, y añadió que, en España, hay poca preocupación histórica por la infancia y que hay un enfoque “familista”, en el que se hace recaer en las familias la responsabilidad de niños y niñas. “En España estamos entre un 40 y un 45% por debajo de la media de la UE respecto a protección infantil que se ha visto agravado por los recortes durante la crisis, cuando más necesario era el gasto social”, ha afirmado González-Bueno, que añadió que entre 2007 y 2015 se recortaron más de 21.500 millones de euros en educación infantil, primaria y secundaria, y 11.500 menos en gasto público destinado a la protección social de familias y niños.

Según los expertos que participaron en la jornada organizada en el Congreso de los Diputados por la Cátedra Santander de Derecho y Menores de Comillas ICADE, España es un país con una elevada desigualdad infantil, con escasos recursos (1,3% del PIB frente a 2,4% de media UE), que hace que esta desigualdad entre menores de 18 años sea más grande que la que existe en el resto de la población. Para Jorge Cardona, “cuando se elabora y ejecutan los presupuestos el condicionante son los derechos del niño”. Por ese motivo, los expertos consideran que los desafíos para la inversión en infancia se encuentran, entre otros, en los modelos económicos, en la desaparición del largo plazo, en la lucha por los recursos públicos y en la fragilidad del discurso que se refiere a los derechos humanos.

Además, las cifras demuestran que hay muchos países europeos, entre ellos España, en los que el gasto público se destina en mayor medida a personas con más posibilidades económicas, según datos de la OCDE que se presentaron durante la jornada. Respecto a los niveles de ingreso 2008, la pobreza infantil habría crecido un 33%, y un 56% en los hogares en pobreza severa. Según los ponentes, llama la atención la falta de una prestación universal y suficientemente generosa que ha servido de colchón en otros países para amortiguar el impacto de la crisis, y que del conjunto de las prestaciones sociales, sólo la prestación por desempleo ha tenido un impacto significativo en reducir pobreza infantil.

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