Los impactos y riesgos sobre el trabajo esclavo y trata de personas deberán ser informados por las empresas, de acuerdo a un nuevo proyecto ley en Estados Unidos. Inversores institucionales como Interfaith Center on Corporate Responsibility y Calvert Investments y Christian Brothers Investment Services se han mostrado a favor del mismo. Además, advierten que no difundir estos datos relativos a los Derechos Humanos(DDHH) tiene posibles consecuencias negativas en el valor de la compañía.
300 inversores que gestionan cerca de 100.000 millones de dólares en activos pertenecientes a Interfaith Center on Corporate Responsibility fueron los primero en mostrar su implicación en este nuevo proyecto de ley impulsado por los congresistas estadounidenses Carolyn Maloney y Chris Smith.
Por ahora, la nueva ley, está en fase de tramitación, y en concreto pide a las empresas incrementar su compromiso para poner fin a este tipo de violaciones de los derechos humanos, exigiéndoles que expliquen las políticas y sistemas de gestión que tienen en el lugar para identificar y erradicar estas prácticas dentro de sus cadenas de suministro globales.
Los inversores creen que estos riesgos son importantes y que las empresas tienen la responsabilidad de divulgar sus esfuerzos para luchar contra ellos, como se destaca en los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.
Según estos inversores, la complejidad de las cadenas mundiales de suministro y la multitud de contratas y subcontratas utilizadas en los actuales procesos de producción hace que las compañías que no cuentan con unos protocolos integrales contra la trata y la esclavitud estén expuestas a riesgos financieros, normativos, legislativos, jurídicos y de reputación, de manera que pueden afectar negativamente al valor la compañía y de las acciones.
Al abordar de manera proactiva estos riesgos se puede evitar la publicidad negativa, las interrupciones de los procesos, prever posibles demandas y protestas públicas, y por lo tanto daños reputacionales que pueden resultar de violaciones de derechos humanos no detectados, informa Servimedia.
Así pues, los inversores institucionales consideran que las empresas que cuentan con procedimientos de debida diligencia en relación con los derechos humanos en sus procesos están en mejor posición para protegerse contra los impactos negativos ante posible falta de los mismos y, por tanto, tienen una mayor capacidad para proteger el valor de los accionistas.
El actual proyecto de ley en fase de tramitación tiene su base en la ley californiana sobre Transparencia en la Cadena de Suministro, que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2012 y se aplica a los fabricantes y distribuidores que hacen negocios en dicho estado. Con la nueva norma se verían afectadas todas las entidades que cotizan en bolsa o privadas en todos los sectores y, en consecuencia, tendría amplia repercusión internacional.
