Noticia Negativa
Ha aparecido discretamente en prensa, la denuncia de una ONG a una empresa catalana que suministra fármacos para inyecciones letales en EEUU. Y no pongo 'supuestamente suministra', porque no es contrario a la normativa europea, según se explica en el propio artículo, así que 'no pasa nada por hacerlo'.
Hay que decir que el artículo deja claro que no hay pruebas, sino indicios, de que los fármacos que vende esta empresa terminan en las inyecciones letales, aunque no se venden directamente a los 'verdugos'. No tenemos confirmación de que la empresa esté suministrando esos fármacos y cuando escribo estas reflexiones, la empresa no ha respondido todavía a la publicación, así que voy a tratar este asunto desde las hipótesis más plausibles, porque el escenario de esta noticia me parece muy interesante para reflexionar sobre el alcance de la RSC de las empresas.
Por un lado tenemos una empresa española, que como todas, quiere vender más y apuesta por la exportación como vía para crecimiento de las ventas.
Por otro lado, tenemos un país comprador, que es EEUU, en el que se incumplen DDHH en el punto y hora en que se mantiene la pena de muerte.
Y envolviendo a ambos protagonistas, un marco legal europeo, que impide la venta de medicamentos que puedan ser usados en ejecuciones, aunque hay fármacos que no están en ese listado y que en combinación con otros, son los utilizados en las inyecciones letales en Virginia.
A continuación, incluyo un párrafo del artículo que me parece que es el quid de la cuestión:
“Es un producto utilizado en muchos hospitales y no tenemos el control del destino final del producto”, admitió (una empleada de la empresa). En opinión de Reprieve (la ONG que ha denunciado el caso), "de eso se trata, de saber cuál es el destino final e impedir que los fármacos acaben en los corredores de la muerte, para lo que es necesario que las empresas asuman un protocolo interno de responsabilidad. De otro modo, se convierten en cómplices".
Si el debate sobre la responsabilidad 'río arriba' -de dónde vienen los recursos con los que trabajo- ya es interesante -todo lo relacionado con cadena de proveedores y suministros-, el debate sobre la responsabilidad 'río abajo' - a dónde va lo que produzco- me parece aún más rico en matices.
¿Puede la empresa a base de protocolos, asegurarse del destino final de sus productos? Difícil en mi opinión. ¿Es legítimo que al vender condicionemos el uso que nuestro cliente, y los clientes de nuestros clientes, hagan de nuestro producto? No lo sé. ¿Cómo proveedor, tengo poder de negociación para presionar a mi clientela? Mmmmm, lo dudo.
A esta empresa que está en el punto de mira ahora mismo, le diría que respondiese rápido a las acusaciones, con transparencia y de manera oficial. Y también le recomendaría que le preguntase a sus clientes qué hacen con esos productos. Porque si bien es cierto que a priori tiene muy difícil saber qué pasa río abajo, una vez que alguien le da una pista, sí que tiene la responsabilidad de averiguar si es cierto, adoptar una postura (la que considere) y a partir de ahí podrá defenderla.
Encuentro dos aspectos negativos en esta noticia.
1. Que la empresa no haya querido colaborar con la ONG. Se dice mucho que las empresas no pueden asumir los costes que les supondría analizar el comportamiento de clientes, o proveedores etc.. Pero las ONG sí lo hacen. En lugar de ver a las ONG como organizaciones molestas a las que no recibir (según se explica en el artículo en palabras de Maya Foe, directora del departamento de Pena de Muerte de Reprieve), deberían verlas como organizaciones complementarias, que dedican tiempo a analizar lo que a ellas se les escapa.
2. La ausencia de organismos sectoriales que vigilen de manera global estos casos; del artículo no se deduce que exista algo parecido, y yo desconozco si los hay; aún así este embrollo de la empresa que vende a otra sin saber a quién le vende a su vez y que puede terminar en una ejecución, tendría mejor solución con un organismo supranacional sectorial que velase por la responsabilidad del sector. Seguro que algo hay, pero al menos en este caso no se ha pronunciado.
Es una lástima poner a una empresa la etiqueta de cómplice de ejecuciones porque desconozca o quiera desconocer el destino final de lo que vende. El miedo a hablar con las ONG, el miedo a que se sepa que pasa río abajo o río arriba, el miedo a comunicar….el miedo no nos va a llevar a nada bueno. Y que esta noticia genere debate es bueno, pero mejor sería una respuesta firme de la empresa y del sector sobre esta disyuntiva. Porque hablamos de una empresa que no incumple la ley, pero que parece que mira a otro lado cuando le hablan del uso de sus productos. Y eso parece generalizado y poco coherente con la RSC.
