Es posible, pero además es una obligación de todos que, sea cual sea nuestra condición, podamos acceder al derecho al trabajo digno y en condiciones. Afortunadamente y fruto de la evolución social, las personas con discapacidades ya sean físicas o psíquicas no son apartadas de la sociedad o recluidas en centros donde era imposible su desarrollo personal al no contar con los suficientes medios para poder mostrar sus capacidades y habilidades que son muchas y valiosas.
El objetivo es lograr su des envolvimiento en el mundo laboral y, por tanto, su inserción social, contemplando las especifidades. Un logro que debe alcanzarse fuera de planteamientos paternalistas.
En España, el marco legal que ha permitido superar el concepto exclusivamente de beneficencia parte de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), cuya propia denomi nación está desfasada porque las personas con discapacidad son tan válidas como cualquier otra. En cualquier caso la LISMI, y su posterior desarrollo normativo, ha permitido integrar laboralmente a muchas personas de los diferentes colectivos afectados.
Los centros especiales de empleo, por su parte, han sido y son una de las herramientas más eficaces. Dado que la reglamentación de la que se rigen para llevar a cabo su labor es similar a la de otras empresas, uno de sus principios es el de garantizar la calidad y ser competitivos. Un fin que debe compatibilizar se con el compromiso social hacia las personas con menos posibilidades laborales.
El empleo verde se presenta, en este contexto, como un campo muy idóneo para las personas con discapacidad. Actividades relacionadas con la limpieza de cauces, recogida de cartones casa por casa, ajardinamiento, adecuación de riberas o tratamiento de aceite usado son proyectos desarrollados por numerosas organizaciones. Estas entidades son conscientes de las nuevas oportunidades de trabajo para personas con discapacidad, aprovechando las potencialidades que ya viene ofreciendo la actividad económica vinculada al empleo verde.
