La Federación Europea de Bancos (EBF) se muestra contraria a la iniciativa de la Comisión Europea de establecer un marco europeo por el que las empresas deban incluir la información de pago de impuestos y financiera sobre sus operaciones en terceros estados, desglosada por países, dentro de su informe anual. La patronal bancaria entiende que este tipo de información va más allá de lo que corresponde a los informes financieros y es considerada “gravosa”. Además, afirma que los actuales requerimientos facilitan suficiente transparencia.
La Federación Europea de Bancos (EBF) se muestra contraria a la iniciativa de la Comisión Europea de establecer un marco europeo por el que las empresas deban incluir la información de pago de impuestos y financiera sobre sus operaciones en terceros estados, desglosada por países, dentro de su informe anual.
A finales del pasado mes de octubre la Dirección General de Mercado Interior inició un proceso de consulta pública, que concluyó el pasado 9 de enero, previo a la publicación de una comunicación sobre esta materia prevista para el próximo otoño, en el que han participado 76 entidades.
La patronal bancaria entiende que este tipo de información va más allá de lo que corresponde a los informes financieros y es considerada “gravosa”. Además, afirma que los actuales requerimientos facilitan suficiente transparencia, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso Servimedia.
En términos parecidos se ha posicionado la patronal europea Business Europe, que sobre las posibles peticiones de los inversores y otros participantes en los mercados de capitales afirma que nunca solicitan los informes “país por país”.
En todo caso, considera este tipo de información podría incrementar los riesgos con un exceso de datos, lo que imposibilitará a los inversores tomar decisiones correctas de acuerdo a los riesgos de las compañías, calificándola como un tema “político e indeterminado”.
Asimismo, la patronal considera que la adopción de esta norma pondría a las empresas europeas en posición de desventaja competitiva respecto a otras en cuyos países no existen normas similares, además de que también supondría un incremento de costes.
Tampoco tiene claros los objetivos de esta nueva norma y asegura que podría suponer para las empresas una mayor presión para que aumenten el pago de impuestos en terceros países.
Desde el punto de vista de Intermon, que también ha participado en la consulta pública, el desarrollo de la ley Dodd-Frank en Estados Unidos supone que las empresas extractivas europeas estén en posición de desventaja competitiva con respecto a las que están registradas en la Securities and Exchange Commission (SEC), al tener que hacer públicos este tipo de datos.
Actualmente, la SEC tiene en proceso de consulta pública las normas por las que las empresas extractivas deben revelar pagos hechos al Gobierno norteamericano o de otros países. Entre la información que deberán hacer pública figuran los impuestos, regalías, comisiones, derechos de producción y bonificaciones.
Para la citada ONG, este tipo de datos suponen una herramienta efectiva en la lucha contra la corrupción, puesto que se reducirá el grado de secretismo actual en torno a los pagos que hacen las compañías a los gobiernos.
