Para ayudar a moverse en este terreno abrupto, sería preciso seguir unas trayectorias claras, con la ayuda de los principios de sostenibilidad normalizados de las principales organizaciones supranacionales (UE, ONU, OCDE), reconociendo la ausencia actual de literatura institucional específica, que aborde el escenario único de direcciones duales en los sectores de la banca y del petróleo y el gas. Al actuar como agencia independiente de calificación de la sostenibilidad, es necesario adoptar un enfoque cauteloso y separado. Lo anterior significa que la expresión de un juicio definitivo en esta etapa de la transición puede resultar desfavorable, obstaculizando en potencia el desarrollo de un camino consecuente y eficiente hacia la neutralidad de carbono. Aunque las directrices internacionales de sostenibilidad existentes no abordan directamente esta cuestión, es neurálgico evitar descartar precipitadamente la posible influencia positiva de estas direcciones a la hora de facilitar la asignación de créditos a las empresas de petróleo y gas en transición hacia las cero emisiones netas.
No obstante, hay que subrayar los posibles escollos de los planteamientos puramente éticos, que a veces pueden repercutir negativamente en la sostenibilidad de una empresa. Ejemplos como el de 2021, en el que se acusaba a SNAM SpA de «lavado verde» de sus objetivos de cero emisiones netas, destacan los riesgos de dar prioridad a la percepción pública frente a la acción concreta. Las acusaciones terminaron de repente cuando el Parlamento Europeo, reconociendo la necesaria gradualidad de la eliminación progresiva de las industrias hacia el cero neto, votó a favor de la inclusión del gas y la energía nuclear en la taxonomía de la UE en al ámbito de las actividades sostenibles.
A la luz de la actual crisis energética mundial, el tema se complica aún más, puesto que el papel de los proveedores y transportistas de gas natural se ha vuelto aún más clave, especialmente en el mercado único de la UE. Los analistas de la agencia europea de calificación de la sostenibilidad, Standard Ethics, creen, por ejemplo, que las inversiones de valor añadido en «activos que deben convertirse en verdes» (es decir, los llamados activos marrones) ofrecen una perspectiva calmante, que subraya la importancia de fomentar un cambio positivo en los sistemas existentes en lugar de asentarse únicamente en los activos verdes preexistentes.
La política de exclusión de los fondos de inversión siempre ha existido, especialmente cuando se trata de finanzas éticas. Sin embargo, tras el nuevo contexto geopolítico surgido en los últimos meses, el estallido de la guerra en Europa y la consiguiente aceleración con vistas a diversificar las fuentes de energía del bloque alejándolas del gas ruso, se han descubierto otras áreas que necesitan inversión. En este marco, las organizaciones internacionales han reconocido que el riesgo moral de promover indirectamente las exclusiones ya no es viable.
En el mes de noviembre de 2023, los Ministros de Defensa europeos acordaron desplegar un esfuerzo compartido y centralizado para aunar recursos y lanzar inversiones comunes con el fin de impulsar un esfuerzo a escala de la UE en el ámbito de la Defensa y la Seguridad. A raíz de lo anterior, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) lanzó su propia iniciativa en 2024, para apoyar a la industria europea de defensa. Es bien sabido que las industrias, cuyo negocio es controvertido por naturaleza, tienen una larga historia de resistencia frente a los gestores de inversiones «activistas» que exigen su exclusión de las políticas de gestión de inversiones. Hay algunos casos en la industria farmacéutica y luego llegó la pandemia; la industria aeroespacial y de defensa y luego vimos la crisis en Ucrania; Oriente Medio, así como en la perspectiva de emitir eurobonos para financiar el rearme de los países europeos y la defensa común. También es el caso de la industria del tabaco o del vino, poblada de pequeños productores, cuya financiación a menudo no es posible porque las políticas de crédito y las instituciones bancarias siguen aplicando políticas restrictivas. Pero, ¿hace falta desfinanciar por la fuerza toda una industria, como la del vino europeo? Una vez más, los planteamientos éticos y responsables no suelen coexistir con los adoptados en el ámbito de la Sostenibilidad. Nadie tiene la pretensión de afirmar qué es más ético o más responsable ni de medirlo con una calificación ESG, ya que no sería un objetivo alcanzable.
En conclusión, ni la UE, ni la OCDE y tampoco la ONU se han arriesgado aún a recomendar la exclusión de industrias cuyos impactos podrían ser una prioridad política en los próximos años. Al contrario, cuando se piensa en las generaciones futuras, un enfoque sostenible debería permitir a todos los sectores nivelar el terreno de juego hacia una transición justa, sin excluir forzadamente a algunas industrias. En la práctica, la próxima Comisión Europea tendrá que aclarar de una vez si la estrategia consiste en facilitar una transición única o bien en concentrarse en distintos calendarios para hacer frente a diferentes transiciones sectoriales. En cualquier caso, sólo la primera de las dos soluciones es verdaderamente sostenible.
