Que no había unanimidad en el Consejo Estatal de la RSE (CERSE) ya lo sabíamos. Lo que sabemos ahora es que ni la unanimidad, ni el consenso reinan por esos lares. No han sido una ni dos, sino cinco, las fuentes consultadas para conocer qué es lo que pasó la mañana del pasado viernes en la agitada reunión del Pleno de Consejo Estatal de la RSE en la sede del Ministerio de Empleo en Madrid. La Ministra no fue, estaba en la convención del Partido Popular y la Secretaria de Estado se fue justo cuando empezó el lío.
La reunión -a puerta cerrada- a la que asistieron unos cincuenta representantes de los grupos empezó con problemas: cuando se sometió a aprobación el acta anterior, ni los sindicatos ni la CEOE reconocieron los acuerdos adoptados. El problema residía en el rol que tendrían los sindicatos en la verificación de las memorias de sostenibilidad, algo en el anterior pleno, que se celebró minutos antes del la aprobacion de la Estrategia española de RSE se introdujo “de tapadilo” y el acta final no recogió esta enmienda de última hora. Primer lío
El lío continuó cuando se sometieron dos documentos a la aprobación del Pleno: el de Inversión socialmente responsable (ISR), y el de indicadores para elaborar los informes de RSE. Ambos documentos habían sido aprobados en los grupos de trabajo tras muchas horas de dedicación, pero no contaban con el visto bueno de la CEOE que en su momento se negó a trabajar en esos grupos y ahora, en coherencia, no reconocía estos trabajos. Una de las fuentes consultadas por diario_responsable señala que “lo decepcionante es que los representantes de la Administración Pública permanecieron callados después de participar y aprobar en la comisión permanente los documentos y no aclararón su posición.” Al final -por supuesto, por falta de consenso- se decidió elevar a la aprobación del pleno.
Y ahí estalló todo: por definir el consenso. A pesar de la constructiva labor del Director General de la RSE, en busca del susodicho, la representación empresarial se refugió en que no había tal y bloqueó su aprobación apelando a su particular interpretación de este vocablo. Los demás grupos, especialmente sindicatos y tercer sector, apelaron a los precedentes y exigieron una aprobación con voto particular, como había ocurrido en otras ocasiones.
Y el debate cambió, pasó de la RSE a la semántica: se empezó a debatir de forma encendida sobre qué se entendía por consenso como fórmula de aprobación. Cómo no, se recurrió -vía telefono movil- a la definición de la RAE, que tampoco sirvió para consensuar sobre la definición de consenso y sobre si el principio de consenso significa capacidad de veto de una de las partes. Al final se solicitó formalmente una consulta a la abogacía del estado para que clarifique el término y aporte luz a esta pantanosa situaciòn que puede acabar con la operatividad del Consejo y con su fin mismo con que un rupo bloquee un tema, se acabo el diálogo.
¿Y ahora qué?
Pues ahora toca poner los pies en la tierra y ver las cosas como son y no como nos gustaría que fueran. El CERSE no es un órgano ejecutivo. El CERSE, tal y como se definía en el Decreto Ley de su creación, es un órgano consultivo de la Admistracion del Estado, por lo que sus deliberaciones no tienen relevancia jurídica salvo que sean ratificadas por un órgano con capacidad ejecutiva como el Ministerio de Trabajo, o el Consejo de Ministros, algo que no ha ocurrido hasta ahora excepto en el caso de la Estrategia Española de RSE (algo a lo que tambien veniamos obligdos por la directiva euriopea), y que difícilmente ocurrirá en un futuro próximo.
La CEOE y por lo tanto el Partido Popular, no van a admitir ninguna intromisión en la informacion sobre sostenibilidad de las empresas - y menos de los sindicatos, que desean verificar las memorias de sostenibilidad - mientras no venga impuesto por instancias europeas o por un nuevo Gobierno, algo para lo que falta, como poco, un año. Mientras, algunos miembros del CERSE creen que tienen competencias para aprobar cosas.
No nos pueden tomar el pelo tanto
Eso es lo que se preguntan ahora los miembros de este Consejo que le han dedicado horas y entusiasmo a redactar estas propuestas para que al final, otra vez, los documentos no se aprueben. “Todo el mundo salió de la última plenaria del CERSE con una sensación extraña. No se supo si los documentos se habían aprobado o no; si se tenían que reiniciar los trabajos de nuevo; si había servido para algo el tiempo invertido; si la Abogacía de Estado aclararía el término consenso y, con esa aclaración, se despejaría el futuro del CERSE” señala otra fuente que prefiere permanecer en el anonimato.
"Hasta las bacterias funcionan por consenso, o no funcionan" Eduardo Punset
