La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia preveía la creación de un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con la función de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y de buen gobierno, así como garantizar el derecho de acceso a la información pública y atención de las reclamaciones que en esta materia presenten los ciudadanos.
Después de casi un año transcurrido desde la aprobación de la Ley, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se crea como un organismo público que actuará en el ejercicio de sus funciones de acuerdo con los principios de transparencia y participación. La estructura orgánica del Consejo se articula en torno a su Presidente, la Comisión y otros órganos jerárquicamente dependientes, y contará con sus propios recursos presupuestarios, un régimen de contabilidad y control patrimonial y de contratación así como disposiciones relativas al personal que preste sus funciones en el Consejo.
A la vista de la composición reglamentaria del nuevo Consejo se constata que cumple el mandato legislativo, pero se echa en falta una composición más plural y abierta a todas las Administraciones Públicas (estatal, autonómica, local), todos los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo, judicial) la sociedad civil (universidades, empresarios, sindicatos, tercer sector, etc.).
Sin duda que las garantías de independencia y autonomía, las de especialización y profesionalidad que se esperan en el ejercicio de las funciones del Consejo necesitan de un mayor equilibrio de representantes y poderes para que se pueda actuar con eficacia en términos de transparencia y buen gobierno en todos los ámbitos del sector público. Por ahora, veremos qué primeros pasos comienza a dar este Consejo, porque en este como en muchos otros, se tendrá que hacer camino al andar...
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