La reciente revisión de la Estrategia Nacional de Pobreza Energética (ENPE) 2026-2030 ha generado críticas por parte de la Fundación Renovables, que considera insuficientes los cambios introducidos. Coincidiendo con la Semana Europea de la Pobreza Energética, la entidad ya había reclamado un cambio de rumbo que dejara atrás el modelo basado en ayudas puntuales para avanzar hacia reformas estructurales de mayor calado. Sin embargo, según señala la organización, esa demanda no ha sido recogida en el nuevo documento estratégico.
De acuerdo con datos de Eurostat, alrededor del 20% de la población española se ve afectada por la pobreza energética, una realidad que pone de manifiesto la necesidad de políticas públicas más ambiciosas y transformadoras.
Desde la Fundación Renovables critican que la actualización de la ENPE —que marcará la hoja de ruta hasta el final de la década— vuelve a carecer de objetivos específicos de reducción, nuevos indicadores actualizados y mecanismos claros de evaluación y seguimiento. A su juicio, la ausencia de metas cuantificables dificulta la transparencia y complica la medición real del impacto de las políticas públicas destinadas a combatir esta problemática.
Además, la organización lamenta que no se haya automatizado el acceso al bono social eléctrico, una de las principales demandas del sector social. Según los últimos datos de ESADE y Oxfam Intermón, ocho de cada diez potenciales beneficiarios no consiguen acceder a esta ayuda debido a la excesiva burocracia y a la falta de información.
La Fundación también cuestiona que el Ministerio para la Transición Energética no haya revisado la definición de “consumidor vulnerable”. En la práctica, explican, solo se consideran dentro de esta categoría quienes ya perciben el bono social. Esto implica que el 80% de personas que no logran tramitar la ayuda quedan fuera de esa protección, incluida la prohibición de cortes de suministro, que se limita a los hogares oficialmente reconocidos como vulnerables.
Para la entidad, es urgente ampliar esta definición. La pobreza energética no afecta únicamente a quienes no pueden pagar la factura, sino también a quienes viven en viviendas ineficientes que no garantizan un confort térmico adecuado ni en invierno ni en verano. En este sentido, los datos de Eurostat muestran que solo el 14% de la población en España reside en hogares que han sido rehabilitados recientemente para mejorar su eficiencia energética.
No obstante, la Fundación Renovables reconoce algunos avances en comparación con la anterior estrategia. Entre ellos, destaca la incorporación de una perspectiva de género que admite, por primera vez, que la pobreza energética tiene un impacto mayor sobre las mujeres. Esta mirada permite afinar el diagnóstico y entender mejor las consecuencias de vivir en situación de vulnerabilidad energética en un contexto marcado por la emergencia climática.
Sin embargo, la organización considera incoherente que esta mejora en el análisis no venga acompañada de reformas estructurales ni de objetivos ambiciosos que amplíen el alcance de la protección social. A su juicio, el acceso a la energía debe entenderse como un derecho universal y cualquier instrumento como el bono social debería aplicarse con criterios progresivos.
La futura creación de un Observatorio de la Pobreza Energética es otra de las medidas que valoran positivamente, en tanto puede contribuir a mejorar la recogida y gestión de datos. No obstante, advierten de que este organismo no debería limitarse a una función meramente observadora, sino que debería impulsar también la movilización de recursos y la ejecución de proyectos.
La Fundación Renovables concluye que España debe elevar su ambición y abandonar el actual enfoque asistencialista si quiere afrontar de manera efectiva la pobreza energética. Resulta contradictorio, sostienen, que el país encabece el crecimiento económico en la Unión Europea y, al mismo tiempo, se sitúe como el cuarto con peor tasa de pobreza energética.
Para la organización, el reto no es solo paliar las consecuencias, sino transformar las causas estructurales que mantienen a millones de personas en una situación de vulnerabilidad energética crónica.
