La crisis climática ha intensificado la escasez de agua en todo el mundo, pero su impacto es especialmente severo en las comunidades indígenas de regiones áridas. Un caso emblemático es el de Santa Victoria Este, en la provincia de Salta, Argentina, donde miles de personas enfrentan una grave vulnerabilidad hídrica. El acceso limitado al agua potable, sumado a las extremas condiciones climáticas, ha puesto en riesgo la supervivencia de estas comunidades.
Las comunidades indígenas de Salta llevan décadas exigiendo el reconocimiento de sus derechos básicos, incluido el acceso al agua potable. Este problema, arraigado en la falta de infraestructura y en la desigualdad histórica, se ha vuelto más apremiante en el contexto actual de cambio climático. Ramón Pérez, representante de la asociación Lhaka Honhat, ha señalado que llevan más de 40 años reclamando al Estado argentino. La situación mejoró ligeramente tras una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2020, que instó al Estado a garantizar este derecho fundamental, pero los desafíos persisten.
El cambio climático ha agravado las sequías, las olas de calor y las lluvias extremas, fenómenos que afectan desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables. En Santa Victoria Este, las temperaturas durante la temporada seca superan regularmente los 50°C, secando las pocas fuentes naturales de agua y complicando aún más su obtención.
La falta de agua no solo pone en peligro la salud de las personas, sino que también impacta la capacidad de las comunidades para sostener su ganado y cultivar alimentos. Además, el agua subterránea disponible en la región contiene altos niveles de sal, lo que la hace inapropiada para el consumo humano. Esta crisis refleja la profunda desigualdad en la distribución de recursos y la capacidad de adaptación al cambio climático.
En respuesta a esta crisis, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) ha implementado un proyecto en colaboración con el Ministerio de Obras Públicas de Argentina y organizaciones locales. UNOPS es una agencia de la ONU especializada en la gestión de proyectos humanitarios y de desarrollo, cuyo objetivo es apoyar a gobiernos y comunidades en la construcción de infraestructura sostenible.
En Santa Victoria Este, UNOPS ha instalado 75 sistemas de recolección y almacenamiento de agua de lluvia, beneficiando a 12 comunidades indígenas. Cada sistema incluye una cisterna con capacidad para almacenar hasta 16.000 litros de agua, suficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia durante seis meses. Estas cisternas, equipadas con sistemas de filtrado, aseguran que el agua recolectada sea apta para el consumo.
Un aspecto clave del proyecto ha sido la participación activa de las comunidades indígenas. Las familias han decidido la ubicación de las cisternas, asegurando que estas se adapten a sus necesidades específicas. Además, el proyecto ha incorporado un enfoque inclusivo, capacitando a hombres y mujeres en el uso y mantenimiento de las cisternas.
La presidenta de la Cooperativa Indígena Chowhay, Tatiana Pereira, destacó que el proyecto no solo ha mejorado el acceso al agua, sino que también ha generado empleo y empoderado a las mujeres. En una región donde las oportunidades de trabajo formal son limitadas, esta iniciativa ha brindado un sustento vital para muchas familias.
Más allá del agua: nuevos horizontes
El impacto del proyecto trasciende el acceso al agua potable. Algunas familias han comenzado a cultivar huertas, utilizando el agua de las cisternas para regar cultivos como tomate y pimiento. Esto no solo mejora la seguridad alimentaria, sino que también refuerza la autonomía económica de las comunidades.
Además, el proyecto ha fomentado el desarrollo de habilidades técnicas, como la construcción y el mantenimiento de infraestructuras hídricas. Alfonso Pérez, un trabajador local, comentó que ha aprovechado los materiales sobrantes para construir su propia vivienda. Este tipo de iniciativas contribuyen a fortalecer la resiliencia comunitaria y a fomentar un desarrollo sostenible a largo plazo.
La situación en Santa Victoria Este evidencia la urgencia de garantizar el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental. Si bien el proyecto de UNOPS ha tenido un impacto positivo, es crucial que estas soluciones se amplíen y se integren en una estrategia nacional que aborde de manera integral la crisis climática y la desigualdad.
El agua no debe ser un privilegio, sino un recurso accesible para todos, especialmente para aquellos que han sido históricamente marginados. La colaboración entre comunidades, gobiernos y organizaciones internacionales es esencial para construir un futuro más equitativo y sostenible en el que el agua sea un bien común garantizado.
