El pasado martes 13 de diciembre, el Parlamento Europeo aprobó un informe con 526 votos a favor, 10 en contra y 83 abstenciones, el cual propone medidas para reinventar el marco social, jurídico y político para los derechos de las personas con discapacidad, y ayudar a erradicar los estereotipos, el capaciticismo y los conceptos erróneos.
En este sentido el Parlamento demanda un sistema que promueva la participación social, basado en comunidades accesibles que ofrezcan los servicios y los cuidados necesarios, en consonancia con la Estrategia Europea de Discapacidad. Además, las y los eurodiputados exigen que se amplíen los beneficios de la futura tarjeta de discapacidad de la UE y que su introducción sea una obligación para los Estados miembros, al igual que las medidas para entornos educativos y servicios sanitarios inclusivos.
Una de las mayores barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad es la del empleo. El acceso al mercado laboral es esencial y es muy complejo insertarse para este colectivo de personas. Es por esto, que la Comisión debe desarrollar un marco jurídico europeo para las empresas inclusivas e iniciar la revisión de la Directiva sobre igualdad en el empleo. En este sentido, el texto también anima a la Comisión a actualizar la propuesta de Directiva de la UE sobre igualdad de trato, bloqueada por los Estados miembros desde 2008.
Por otro lado, las y los eurodiputados están especialmente preocupados por la discriminación múltiple que sufren personas con discapacidad debido, por ejemplo, a motivos de género, raza, edad, religión u orientación sexual. Apuntan en concreto a la violencia de género, así como a la denegación del acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, a la denegación del consentimiento informado sobre el uso de anticonceptivos y a la esterilización forzosa.
En esta misma línea, el informe afirma que las personas con discapacidad deben poder votar y concurrir a las elecciones en igualdad de condiciones. En el caso de los ciudadanos europeos que viven en otro país de la UE, la privación de su capacidad jurídica en sus Estados miembros de origen no debe necesariamente conllevar la inelegibilidad para presentarse y votar donde viven, subrayan los eurodiputados.
Finalmente, cabe destacar que el Parlamento acoge con satisfacción la próxima auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo sobre cómo los fondos de la UE contribuyen a garantizar la igualdad e insta a la Comisión a suspender o recuperar los pagos en caso de vulneración de los derechos fundamentales, destacando que ningún proyecto que conlleve segregación debería recibir fondos de la UE.
