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Habrás entrado en este artículo pensando si sería otra opinión sobre la guerra de Ucrania. Error. ¿Otro conflicto armado futuro? Frío, frío. Podría haber escrito algo sobre inteligencia artificial, pero tampoco es eso. Si has pensado que el artículo trataría sobre otro tema polémico como podría ser la inmigración, también vas mal encaminado. Hablo sobre España y sobre un futuro no muy lejano: la gran guerra del siglo XXI será la de los empleados del sector público contra los empleados del sector privado. Lo sé, suena descabellado. Pero quédate conmigo durante unas líneas más.
La gran guerra del siglo XXI

En la actualidad, los beneficios de los empleados del sector público son mucho mayores que los del sector privado y, además, son también insostenibles para la economía española. La comparativa entre el sector público y el sector privado es sangrante y, cuando los trabajadores del sector privado no puedan prosperar, se desatará una tormenta de difícil solución.

Vayamos de menos a más. Primeramente, está el horario de trabajo. Aunque esto cambia en función del trabajo que realice el funcionario, hay muchísimos trabajos de oficina en los que el trabajador público trabaja menos horas que un trabajador del sector privado. Esto se puede ver en los horarios de atención al público de muchas administraciones públicas. Sin ir más lejos, hace poco, tuve que realizar una visita a una delegación de la Agencia Tributaria por motivos de trabajo. ¿Su horario? De 9 de la mañana a 2 de la tarde. Por supuesto, esto reduce la calidad de atención al cliente (el contribuyente), multiplicando el tiempo de espera y dando, en definitiva, un mal servicio.

En segundo lugar, se encuentran la seguridad y la estabilidad del empleo público. Un funcionario no puede perder su trabajo, ni se le puede reducir el sueldo. Naturalmente, esto es imposible de encontrar en la empresa privada.

Pero, por si fuera poco, hay más, y se trata de lo más sorprendente: el salario. En 2021, según datos del Instituto Nacional de Estadística, un empleado público cobraba, de media, un salario de 2.800 euros brutos al mes. En cambio, un empleado de una empresa privada cobraba, de media, 1.900 euros brutos al mes. La diferencia es muy significativa y, a la vez, la 5ª más elevada de Europa (a nivel porcentual) tras Portugal, Italia, Grecia y Chipre. No he podido comprobarlo dado que no he podido encontrar datos sobre el tema, pero intuyo que las diferencias en algunas Comunidades Autónomas serían aún más dolorosas.

¿Por qué hemos llegado a este punto? Porque nuestros dirigentes han sido poco responsables (para variar) durante las últimas décadas y han ido ampliando el número de empleados públicos, por la influencia política que tienen. Tenemos Comunidades Autónomas donde un 33% de la población trabaja en la Administración Pública, como Extremadura. La que cuenta con un menor porcentaje, alrededor del 16%, es Cataluña, pero tampoco está libre de culpa: tiene centenares de puestos de trabajo, muchos de ellos de designación política, que son superfluos, como, por ejemplo, muchos puestos de trabajo en las delegaciones provinciales.

Solucionarlo no es sencillo. Sería difícil reducir los salarios de los trabajadores públicos, y eso afectaría enormemente la economía del país. Sin embargo, sí podríamos hacer dos cosas. La primera, hacer que su trabajo no esté asegurado durante toda su vida laboral, ligándolo a su rendimiento. Esto debería ser de cajón, ya que, consecuentemente, la calidad de los servicios públicos mejoraría. La segunda acción que podríamos tomar sería trazar un plan a largo plazo que permitiera reducir los puestos de trabajo en la función pública, aprovechando las jubilaciones de los próximos años y contratando menos personal.

Si no tomamos algunas medidas, ¿qué ocurrirá? No me gustaría pensar que llegaremos, por dejadez y poca previsión, a la gran guerra del siglo XXI.

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