Una década impulsando la transparencia y el buen gobierno en la universidad española

El “Examen de transparencia 2021”, publicado este mes de noviembre, constituye la décima edición desde que en el año 2011 la Fundación Haz (antes Fundación Compromiso y Transparencia) decidiese publicar el primer informe para analizar la transparencia voluntaria en la web de las universidades españolas.

A lo largo de estos diez años hemos ido construyendo, juntamente con las universidades, esas áreas relevantes de información, reformulando nuestros indicadores o incorporando otros nuevos, cuando hemos detectado que era conveniente incluir algún contenido nuevo para responder a las demandas de información de la sociedad.

Las expectativas de información de la sociedad no son algo estático y rígido, sino que van evolucionando de acuerdo con los nuevos desafíos y retos.  Por eso, en estos diez años hemos ido agregando nuevos indicadores, como el relativo a la empleabilidad de los alumnos, el grado de endogamia de las universidades (porcentaje de profesores contratados que han leído la tesis sen la misma universidad), el funcionamiento y rendición de cuentas del consejo social o la información sobre la titularidad de las universidades privadas.

Pues bien, esas expectativas se han visto cumplidas, y a lo largo de estos diez años las universidades han respondido a ese reto mejorando significativamente la rendición de cuenta en la web sobre todas estas cuestiones.

Este año, por primera vez, no hay ninguna universidad pública que haya sido calificada de opaca en este informe. El 90% de las universidades públicas han superado el porcentaje requerido para obtener la calificación de transparentes, y el promedio general de transparencia de las 49 universidades públicas ha alcanzado el 86%.

Se trata de un porcentaje muy alto que, sin embargo, no puede servir de excusa para acomodarse y no seguir progresando. Como refleja el informe, el área relativa al Consejos Social es la que presenta un índice de cumplimiento más bajo y se trata de un área especialmente crítica, pues afecta al órgano de gobierno responsable de rendir cuentas y servir de puente con la sociedad.

Además, esta mejora generalizada de la universidad pública no se ha extendido a las universidades privadas, que siguen manteniendo globalmente bajos índices de transparencia. Tan sólo seis universidades privadas (un 25% del total) han merecido la calificación de transparente frente a las 44 universidades públicas (un 90%).

Si a todo lo anterior añadimos que el proyecto de Ley orgánica del sistema universitario, aprobado el pasado mes de junio por el consejo de ministros, lejos de ayudar a la universidad, sólo contribuirá a ahondar más su ya frágil sistema de gobernanza, se entiende que nuestros informes de transparencia sean cada vez más necesarios.

El texto actual de la Ley es un coctel de lugares comunes, corrección política y promesas irrealizables. Hay que reconocer que los redactores no se han dejado nada en el tintero, Se habla de la universidad como lugar para “promocionar la universidad y la riqueza lingüística”, sin descuidar “el desarrollo local, la cohesión territorial y el cambio climático”.  Se consagran nuevos “derechos del estudiantado”, como el llamado “paro académico”, y se promete la total gratuidad con una progresiva reducción de los precios públicos.

Como es natural, no podía faltar una mención a la necesidad de adoptar un compromiso más serio con la igualdad de género para “construir una universidad más equitativa”.

La Ley, sin embargo, no prevé ni impulsa ningún mecanismo para asegurar la sostenibilidad futura de la universidad ni el control eficiente de sus recursos.

En cuanto al gobierno de la universidad, el proyecto de Ley empeora el ya de por sí defectuoso y complejo sistema de gobernanza de la universidad, abriendo la participación de los estudiantes “en el gobierno de la universidad en sus distintas unidades y en la propia gestión de servicios”. Se aumenta la representación mínima del estudiantado en diversos órganos de gobierno de la universidad, y se manda la creación de un Consejo de Estudiantes en cada universidad.

Como subraya el reciente informe de FEDEA, “Universidad pública y rendición de cuentas”, elaborado por de Benito Arrullada, Catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Pompeu Fabra: “el proyecto de ley no contempla reformas sustanciales, y las pocas que acomete, en caso de que fueran aplicadas, es probable que empeoren su situación. La universidad padece un sistema de gobierno anómalo y un grave déficit de rendición de cuentas, pero el proyecto de ley pretende aumentar su financiación pública sin mejorar su gobierno ni asegurar su rendición de cuentas. En esas condiciones, en caso de prosperar el prometido aumento de gasto, es probable que sirva tan sólo el interés privado de los universitarios, pero no el interés público”.

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