Según los últimos estudios de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la corrupción es la segunda preocupación de los ciudadanos españoles. La Operación Púnica o las tarjetas “black” muestran como la responsabilidad social y transparencia de las instituciones públicas están siendo sacudidas semanalmente por escándalos políticos.
Recientemente el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE) ha aprobado las nuevas políticas de Responsabilidad Social de las Empresas y en lo referido al sector público se está trabajando en una Oficina de Transparencia española.
La realidad, es que no existen medidas especiales que puedan acabar con la corrupción y una vez más la iniciativa privada se adelanta a la pública. El “perdón, no volverá a ocurrir” no está solucionando la segunda preocupación de los ciudadanos, la corrupción.
El caso de las tarjetas “black” fue destapado gracias a un buzón de la Comisión de Anticorrupción creada por el Partido X y difundido por eldiario.es. Por otro lado, la Operación Púnica comienza con la sospecha de un banco suizo de blanqueo de capitales y son ellos los que informan a las autoridades españolas al tratarse de un político.
El Partido X, mediante la Comisión Anticorrupción, dice estar recibiendo información que necesita mucho tiempo para digerir. La sociedad demanda transparencia y se tiene que preparar porque llegarán más escándalos de corrupción.
Parece una evidencia que la desregulación en materia de corrupción no ataja el problema, sino que lo incrementa. Existen mecanismos de transparencia que permiten destapar e incluso evitar la corrupción. Se necesita incorporar una política transversal anticorrupción en las instituciones, la responsabilidad social tiene mucho que decir en la corrupción. Lo único que parece imprescindible es la voluntad de cambiar.