Alimentar a una población creciente es un reto en todo el mundo. Proveer de recursos alimentarios asegurando la accesibilidad a una nutrición equilibrada es una labor que requiere del trabajo conjunto de múltiples actores de la sociedad, así como de una eficiente cadena alimentaria.
La UE necesita importar anualmente millones de toneladas de granos, alrededor de 39 en el caso de la soja, base de la proteína vegetal que necesitamos para alimentar al ganado y en España, en concreto, en torno a 6 millones de toneladas de maíz, prácticamente tanto como lo que producimos.
Se hace por tanto necesario maximizar la productividad por hectárea de cultivo, al tiempo que la eficiencia en el uso de los recursos como son el agua, el suelo o la energía. Ello aportará beneficios medioambientales (menor consumo de recursos naturales y emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por unidad de producción, o reducción de la huella medioambiental por el transporte de grano desde otros países y continentes); beneficios económicos (serán los agricultores locales los que puedan capturar el valor de las producciones necesarias para nuestra alimentación) y beneficios sociales (estaremos contribuyendo al desarrollo de las comunidades rurales en nuestros país).
Sin embargo, nos encontramos que en Europa nuestros agricultores ven limitada su libertad de poder innovar gracias al desarrollo tecnológico. Quizás el ejemplo más palpable es el de la biotecnología de plantas –cultivos modificados genéticamente (MG)-. A pesar de que repetidos estudios a nivel internacional muestran que éstos han proporcionado, durante los últimos casi veinte años, importantes beneficios a agricultores de todo el mundo.
Y es que los cultivos biotecnológicos, lejos de ser una amenaza, ofrecen un abanico de posibilidades al sector agrario.
Según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), la superficie total de siembra de cultivos modificados genéticamente en España, en el año 2013, ascendió a casi 137.000 hectáreas. Con esta cifra, los agricultores españoles están contribuyendo a la generación de los beneficios antes mencionados, algo que la mayoría de los agricultores vecinos en Europa no está pudiendo hacer. Restringir el avance tecnológico en nuestra agricultura sólo puede conducir a una producción de alimentos menos eficiente y, por tanto, incrementar los costes de producción, con lo que ello puede suponer en el acceso a los alimentos.
Se ha estimado que si los agricultores europeos pudieran cultivar las variedades modificadas genéticamente aprobadas en los países que ahora nos exportan sus granos, podrían tener un ingreso adicional de entre 443 y 929 millones de euros al año.
La Biotecnología mejora la agricultura y ayuda a mejorar la calidad de vida de los agricultores allá dónde son libres de elegirla. Un ejemplo de ello lo tenemos en el proyecto WEMA (Water Efficient Maize for Africa). Una iniciativa dirigida por la Fundación para la Tecnología Agrícola Africana y con la participación del CIMMYT, Monsanto y los sistemas nacionales de investigación agrícola de Kenia, Mozambique, Sudáfrica, Tanzania y Uganda, en colaboración con la fundación Bill & Melinda Gates, la fundación Howard G. Buffett y el USAID, trata de mejorar la seguridad de los alimentos y la vida rural de pequeños agricultores reduciendo el riesgo en condiciones de sequía a través de tecnologías libres de royalties para hacer frente a la falta de agua y a los insectos, mediante la mejora genética convencional, la mejora genética asistida por marcadores moleculares y la biotecnología de plantas.
Y es que permitir al agricultor que elija la biotecnología, le ayuda a cubrir sus necesidades y las de la sociedad a la que alimenta, mejorando en términos económicos, sociales y medioambientales. En definitiva, una mejora en la sostenibilidad de la agricultura.
Carlos Vicente Alberto,
Director de Sostenibilidad de Monsanto para Europa y Oriente Medio
