Entrevistamos a Carles Campuzano, 50 años, diputado de Convergencia y Unió en el Congreso, residente en Vilanova y la Geltrú y uno de los pocos políticos españoles que ha mostrado interés por la Responsabilidad Social de las Empresas, el Emprendimiento social o las Empresas Sociales en los últimos años. Campuzano se muestra crítico con el Plan Nacional de RSE y considera que las grandes empresas deben reportar sobre su informacion no financiera.
d_r.- Usted es uno de los pioneros de la promoción de la Responsabilidad social de las Empresas (RSE) en España. Tras un periodo de vino y rosas, cómo la ve ahora?
Carles Campuzano .- Hace unos años un lugar común que todos compartíamos era precisamente que sucedería en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas (RSE) cuando una crisis nos golpease. Los más pesimistas, o aquellos que afirmaban que el movimiento social en favor de la responsabilidad social era una moda, consideraban que una crisis se llevaría por delante las prácticas y las experiencias de la RSE. De momento eso no ha sucedido; la RSE continúa allí. Ni los trabajadores, ni los consumidores, ni la comunidad donde la empresa desarrolla su actividad , son menos relevantes. Todo lo contrario. Y es más, la conciencia que una parte fundamental de la crisis tiene que ver con la ausencia de responsabilidad debe ser un acicate para profundizar en los valores de la RSE. Otra cosa, es la RSE oportunista, y ésta sí, ha caído, como tantas otras cosas durante estos años.
d_r.- ¿Ha tenido oportunidad de leer el borrador del Plan Nacional de RSE? Cree que aportará luz en esta materia o va a quedarse un conjunto de buenas intenciones y escasas acciones concretas?
CC.- He podido leer el texto. Efectivamente, está cargado de buenas intenciones, recorre casi todas las cuestiones que deben de preocupar a una política pública en este ámbito, pero después de tanto tiempo esperábamos y necesitamos un planteamiento más ambicioso y audaz, que expresase un mayor compromiso político con la RSE como instrumento para la mejora de la competitividad de las empresas y de impulso de determinados objetivos sociales y ambientales que reclaman el compromiso empresarial. Sabe a poco y orilla superficialmente aspectos clave que son responsabilidad del Gobierno, tales como el poder de la compra pública o la promoción de la inversión socialmente responsable.
d_r.- Cuál es su opinión sobre la directiva de Información No Financiera, ¿deben las grandes empresas reportar sobre esta materia?
CC.- Me parece imprescindible una regulación a escala europea sobre la necesidad de las grandes compañías de integrar la información no financiera en sus informes. De entrada, España debería de formar parte de los Estados que empujase en esa dirección. Pero además debería de avanzar en su propia regulación mientras la Unión Europea no termina de decidirse. Ya le hemos trasladado al Gobierno nuestra intención de promover una iniciativa legislativa en el Congreso de los Diputados en esa dirección, de establecimiento de la obligación de reportar sobre los aspectos sociales y ambientales de la actividad de las grandes compañías con la idea de fortalecer el principio de transparencia. Otros estados hace tiempo que lo han hecho y ya toca legislar en España.
d_r.- El pasado 21 de octubre su Grupo Parlamentario solicitó la comparecencia de la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, para presentar este borrador de Plan, ¿podrán los diputados y senadores aportar sus sugerencias para que sean incorporadas? ¿Pasará el Plan un trámite parlamentario?
CC.- De entrada es necesario que el Congreso participe del debate y el mecanismo parlamentario para articular esa participación consiste en que el Gobierno venga al Congreso, nos cuente su política y escuche a los grupos parlamentarios. El plan no exige la aprobación del Congreso, ni tampoco un trámite de audiencia parlamentaria, pero hará bien el Gobierno en querer escuchar nuestras aportaciones.
d_r.- Hablando de Planes, que le parece el Plan de Empresas y Derechos Humanos donde el Ministerio de Asuntos exteriores está haciendo una ingente labor de diálogo con las partes interesadas. Esta materia es crítica para las grandes empresas españolas que operan en entornos donde los derechos humanos son más vulnerables, ¿Cómo lo ve?
CC.- El compromiso a nivel técnico en el Ministerio de Asuntos Exteriores es enorme. No tengo la impresión que eso suceda a nivel político. La vinculación entre derechos humanos, política exterior y empresas está cargada de buenas intenciones, de limitaciones evidentes y de intereses nunca explicados. Vamos a ver finalmente cual es el plan que se aprueba, su dotación y los compromisos reales que se asumen. De momento, los diplomáticos continúan estudiando para unas oposiciones donde las cuestiones de democracia y derechos humanos son irrelevantes.
d_r.- Uno de los temas que se toca muy por encima en el Plan Nacional de RSE es la promoción de los emprendedores y las Empresas Sociales. Desde Convergencia i Unió cómo creen que deberían apoyarse este tipo de iniciativas?
CC.- Ciertamente ha emergido un interesante movimiento que reclama un espacio para las empresas sociales. Se trata de un movimiento que engloba la economía social, pero que incluso va más allá de la economía social. Si la economía social tiene que ver con el carácter democrático de la propiedad de la empresa y de la toma de decisiones ( cooperativas y sociedades anónimas laborales), o con el carácter sin ánimo de lucro de sus actorres ( asociaciones y fundaciones) o bien con la vocación de ofrecer empleo a personas con discapacidad ( centros de empleo) o a personas en riesgo de exclusión ( empresas de inserción), ahora emergen empresas mercantiles que con vocación de mantener su carácter mercantil expresan una voluntad de generar un impacto social. A esa nueva realidad desde hay que darle salida. Desde CiU hemos recogido el guante y ya hemos planteado el reconocimiento de una nueva denominación empresarial: la sociedad limitada de interés general. El plan no reconoce ni ampara esa nueva realidad.
d_r.- Dos preguntas más, cree usted que como entidad pública el Congreso de los Diputados debería elaborar una memoria de sostenibilidad?
CC.- Las memorias de sostenibilidad son útiles para impulsar cambios y mejoras en las organizaciones; y sí, el Congreso necesita mejoras relevantes y significativas en ámbitos como la transparencia. Una memoria seria una buena oportunidad para avanzar en esa dirección
d_r.- ¿Y los partidos políticos? Sería estupendo que informaran sobre sus impactos en sus grupos de interés y sobre si han cumplido sus expectativas ¿ no le parece?
CC.- Me parece que lo que los partidos necesitan, sobretodo, es una democracia interna de verdad, una cultura de asunción de las propias responsabilidades seria y una política comprometida de lucha contra la corrupción.
