Resulta incuestionable el poder que tiene la categoría del género para explicar los problemas sociales que surgen en el mundo global en el que nos encontramos. El concepto de género tiene un gran poder explicativo y de análisis de las realidades sociales de las mujeres y los hombres, ha contribuido a escribir nuestra historia, la de las mujeres. En este concepto se encuentra la explicación del porqué se ha construido un orden desigual que tímidamente estamos equilibrando.
No cabe duda que hemos avanzado en lo que respecta a la participación de las mujeres: primero fue el derecho al voto, luego el desarrollo de información estadística que permitió conocer cuáles eran nuestras necesidades como colectivo, y una vez conocidas posibilitó el desarrollar políticas y planes de acción. Uno de los últimos avances fue la aparición de un marco jurídico de legislación igualitaria.
Pero, la Administración no debería quedarse únicamente en la adopción de medidas legislativas que promuevan la igualdad, tiene que dar un paso… más utilizando para ello su enorme poder como contratante. Las Administraciones Públicas dedican más de un 15 % del PIB a la contratación pública lo que las convierte en uno de los mayores contratantes y con mayor influencia sobre el mercado. Por tanto las compras públicas sostenibles se convierten en un estupendo instrumento para promocionar la equidad de género.
La Compra Pública Sostenible consiste en la integración de aspectos sociales, éticos y ambientales en los procesos y fases de la contratación pública. La Administración a la hora de redactar los pliegos de contratación puede optar por priorizar una compra social, una compra ética o una compra verde. A través de la compra social los poderes públicos pueden promover la equidad de género, la calidad en el empleo, la contratación de personas con discapacidad o la contratación de empresas de inserción y centros especiales de empleo.
Seis argumentos para que la Administración incluya criterios de equidad en sus contratos públicos:
1. Razones legales: la ley de contratación pública permite incorporar principios y objetivos de carácter social en las diferentes fases de la contratación pública.
2. Ejemplarizante para el resto de la sociedad y para el tejido empresarial, produciendo un efecto en cascada sobre los hábitos de consumo de las empresas y su ciudadanía. Incentivando a las empresas para que evalúen sus cadenas de suministros y revisen sus políticas de empleo.
3. Razones de eficacia. Las administraciones deben hacer un buen uso del presupuesto público, nos pertenece a todos: mujeres y hombres. Las obras y/o servicios contratados deberían impulsar, respetar y velar por la equidad.
4. Respeto a la carta magna: se atenderían derechos constitucionalmente establecidos como el pleno empleo o la igualdad de oportunidades en nuestra Constitución.
5. La calidad de vida de muchas personas mejora de manera directa por efecto de las cláusulas sociales, beneficiando a las comunidades y favoreciendo la cohesión social.
6. La Administración con la compra pública sostenible priorizará a las empresas socialmente responsables, e incentivará a las que no lo son aún.
Terminamos este argumentario con una mención especial a las administraciones que forman parte de la Red RETOS, Red de Territorios Socialmente Responsables de ámbito nacional y que lidera el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Es la eterna desconocida en el ámbito de la RSE, y sin embargo está repleta de casos de buenas prácticas en administraciones públicas. Su misión es articular, integrar e implementar distintas estrategias para la construcción de Territorios Socialmente Responsables, que mejoren la calidad de vida de sus habitantes.
