Transparencia, Calidad institucional y Responsabilidad Social

Su importancia se refuerza en el contexto actual pues contribuyen a reducir la incertidumbre, a aminorar los costes de transacción y a impulsar la acción colectiva y el futuro desarrollo de un país.

El desarrollo económico y el bienestar de un país y de sus ciudadanos y ciudadanas dependen pues no sólo de políticas económicas sino de la impronta de calidad que las instituciones sepan impregnar a su trabajo y al discurrir de su actuación.

De hecho, aunque en economía, la teoría del crecimiento identificó las causas del progreso económico con la dotación de factores productivos y el nivel técnico de un país, la calidad de las instituciones se ha ido incorporando a los índices de competitividad (Global Competitiveness Index (GCI), Objective Governance Indicators (OGI), Corruption Perception Index (CPI), Doing Business Indicators (DBI), Government Finance Statistics, World Development Indicators, Index of Economic Freedom) de suerte que la competitividad se define como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país.

Así, por ejemplo, de los 12 pilares o componentes de la competitividad en el GCI, el primero viene representado por las instituciones. El Marco institucional viene determinado a su vez, por el marco legal y administrativo, la transparencia, la corrupción, la independencia del sistema judicial, la burocracia, y la eficiencia de la actuación gubernamental.

La crisis que estamos viviendo ha roto la supuesta relación entre desarrollo económico y calidad institucional precisamente porque si bien las instituciones representan (o han de representar) respuestas eficientes para minimizar los costes de transacción en el mercado, se ha demostrado que los agentes no se han guiado por criterios de optimización racional y social. Pero es que además, se está haciendo cada vez más evidente que el agravamiento de la crisis tiene un fuerte componente de una mala calidad institucional a escala europea, nacional, autonómica y local.

Es por ello que el desarrollo económico no se logrará si no se depuran las instituciones ineficientes y para ello es necesaria la transparencia.

¿Qué funciones cumple la transparencia? ¿Cuál es la relación entre transparencia, instituciones y RSC?

La transparencia disminuye el grado de discrecionalidad con que operan las instituciones y limita los comportamientos oportunistas y de búsqueda de rentas. La transparencia mejora la eficiencia creando un terreno para el fair play de todos los agentes.

De esta forma, tendremos buenas instituciones cuando éstas sean capaces de incentivar un alto retorno social, cuando sean capaces de obtener una asignación eficiente del esfuerzo particular y colectivo y al contrario, serán deficientes aquellas instituciones que estimulen comportamientos socialmente inútiles o improductivos. Una sociedad que invierte 20 años en educación y fuerza a la emigración a sus jóvenes constituye un ejemplo del segundo tipo.

España no aparece en el top 10 de países más transparentes, de los 48 países analizados por el Milken Institute en el Opacity Index 2009. El índice mide cinco factores: corrupción, eficiencia, estándares contables, eficacia regulatoria, políticas económicas y cumplimiento de políticas. Altos niveles de opacidad redundarían en un pobre funcionamiento institucional, lo que aumentaría los costes de transacción y los riesgos de todo tipo.

The top 10 markets (with 2008 ranking):

Fuente. Milken Institute, Opacity Index 2009.

Es más, si analizamos la serie de los Indicadores de Gobernanza del Banco Mundial de 2011 para el período 1996-2010, agrupados en 5 ítems (Voice and Accountability, Political Stability and No violence, Government Effectiveness, Regulatory Quality, Rule of Law y Control of Corruption), observaremos que salvo en calidad regulatoria, hay una evolución decreciente (más débil) para todos los demás ítems en el caso de España. Resulta significativo que en este período, la Eficacia del gobierno se haya reducido considerablemente, de 90 a 79 puntos.

Pues bien, en este contexto se aprobó por el Consejo de Ministros el pasado viernes el texto del proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno, antes de su tramitación parlamentaria, con una veintena de modificaciones respecto al proyecto inicial y omitiendo muchas de las recomendaciones de los órganos consultivos (Consejo de Estado, Agencia de Protección de Datos, Consejo General del Poder Judicial y los expertos del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales) así como de diversas instituciones especializadas y las emanadas de la propia ciudadanía, en un proceso de consulta pública con la particularidad que nunca fue abierto.

Junto a las críticas que planteamos en su día en Comentarios al anteproyecto de ley de transparencia, queremos resaltar algunas otras fundamentales para lograr esa futura calidad institucional, en un momento especialmente crítico en nuestro país:

-El acceso a la información sigue sin considerarse un derecho fundamental, lo que subordina al Administrado a la Administración, es decir, ¿quién sirve a quién?

- No se han modificado las excepciones al derecho de los ciudadanos de acceder a la información pública, que no están bien reguladas y delimitadas, lo que aumenta el grado de discrecionalidad administrativa. Además, como ha puesto de manifiesto el informe del Consejo de Estado, “la indeterminación de los conceptos y el carácter abierto de algunos preceptos (…) pueden mermar seriamente la eficacia real del referido derecho”.

-El ámbito de aplicación sigue siendo limitado. Junto a la ya comentada excepción de la Casa Real, resulta interesante destacar en el ámbito de la contratación pública, que no se haya incorporado la modificación sugerida por el Observatorio de la Contratación pública en el sentido de que en caso de haberse utilizado el procedimiento negociado sin publicidad para la adjudicación del contrato, se indicará la causa que justifica la utilización de dicho procedimiento y las circunstancias que la hacen aplicable al caso concreto.

- Sigue siendo imposible solicitar información de manera anónima y sin explicar los motivos del requerimiento, lo que favorece las posibles represalias.

- La Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios no ofrece garantías suficientes de independencia, ya que actuará en el marco de un Ministerio, previéndose que el Presidente de la agencia cesará en su cargo, bajo especiales circunstancias, por separación acordada por el Gobierno.

-En cuanto al Buen Gobierno, la Ley de Estabilidad presupuestaria establecerá un marco de intervención suficiente para que autonomías y corporaciones locales se plieguen a lo establecido en ella. Sin embargo, no se penaliza el despilfarro, es decir, la realización de gastos sin habilitación presupuestaria, o con agotamiento de crédito, sino sólo el falseamiento de las cuentas, ocultación de datos o los divulguen siendo falsos, ocasionando un perjuicio económico para la Administración. Así mismo, se incluye una modificación de la Ley Electoral, por la que los gestores públicos que sean sancionados por la comisión de una infracción muy grave serán “inelegibles”, es decir, que se extenderá la inhabilitación de por vida.

La falta de transparencia será cada vez más un factor depurador de responsabilidades y las instituciones ineficientes y corruptas acabarán cayendo bajo el peso de su propia ineficacia y el de la desconfianza del resto de instituciones y de los mercados. Cada vez tienen menos cabida las complicidades partidistas y la aquiescencia de los partidos políticos con un status quo que ampare la opacidad.

Si España quiere mirar hacia el futuro no sólo ha de apostar por la consolidación fiscal, y las reformas estructurales de su tejido productivo. Hemos de estar convencidos de que nuestra credibilidad como país –y cada vez más la legitimidad ante sus ciudadanos- pasa por instituciones de excelencia, que reduzcan al mínimo las incertidumbres y saquen el máximo partido de sus capacidades humanas y tecnológicas; instituciones cercanas a los administrados –que sepan vislumbrar y anticiparte a los cambios sociales y tecnológicos para no quedarnos rezagados una vez más. Y todo ello pasa por una política de comunicación transparente y de ciudadanía colaborativa, bilateral.

Helena Ancos www.helenaancos.com

@helenaancos