Ya en el año 50 a. de C, Cicerón señaló que "la justicia es indispensable para la realización de los negocios". El comercio internacional ha podido desarrollarse porque las monedas eran convertibles y se establecieron tratados comerciales que generaron la necesaria confianza entre las partes.
Empresas, gobierno y sociedad interactúan y han venido interactuando. Sin duda sus roles han ido variando en función de las influencias, o incluso imposiciones, de ciertos grupos sociales.
Es muy poco probable que una empresa asuma una política de responsabilidad social si esta se convierte en un gasto que va en contra de sus intereses y estados financieros. En el lenguaje empresarial todo se mide en costes de inversión y en la recuperación de la misma.
Sólo cuando nuestros empresarios y directivos adquieran conciencia de que la Responsabilidad Social es una inversión que produce retornos financieros positivos, asumirán un liderazgo positivo en el tema.
No podemos olvidar que una empresa existe para producir, además de beneficios, mercancías o servicios que la sociedad desea y necesita y ello en un clima de estabilidad y confianza. El cumplimiento de este objetivo es su primera y principal responsabilidad. Si fracasa en esta misión, no puede esperarse que asuma otras.
Respecto al retorno de la inversión, lo habitual es lograr una reducción en los costos operativos y en el tiempo / ciclo del producto o servicio. En la bibliografía se encuentran que, por ejemplo, empresas de fabricación han obtenido entre un 15 y un 35 % de reducción de costes. Lo que si es evidente es el elevado precio tanto económico como de imagen que se pagaría ante un sólo litigio legal por violación de la legislación vigente.
Estos beneficios podrán ser reinvertidos en la empresa para asegurar su crecimiento y seguir generando riqueza, y se convertirán en manos de sus receptores, junto a los salarios percibidos por sus colaboradores, en fuente de consumo, además de aportar ingresos a la Administración para contribuir al desarrollo económico del municipio, región o país, socializándose así la riqueza generada.
En resumen, y sin lugar a dudas, las prácticas de Responsabilidad Social Corporativa mejoran la competitividad global a través de la disminución de costes y generación de valor asociado a la optimización de la calidad de los productos y servicios así como por la mejora del medioambiente y de la calidad de vida de la sociedad.
¿Por qué su Boom actual?
Las tesis económicas neoliberales triunfaron desde los años 70 con el inicio de un proceso globalizador de los mercados de capitales y del comercio internacional. Su característica principal es la tendencia del capital a expandirse fuera de las fronteras nacionales y a buscar la máxima rentabilidad. Esta deslocalización generó una desregulación en los mercados que generó una dinámica general de liberalización competitiva de capitales. Su consigna era más mercado y menos Estado en la creencia en la tendencia natural al equilibrio en un mercado libre de intervenciones estatales
Se suponía que los movimientos libres de capital impulsarían el crecimiento económico de los países subdesarrollados, puesto que a ellos se dirigirían fuertes inversiones rentables. Perro estas expectativas no sólo no se han cumplido sino que son el marco perfecto para provocar la aparición de burbujas especulativas y huidas de capital al menor atisbo de devaluación o apreciación de la moneda local contribuyendo a la desestabilización de estas economías.
Ante este escenario se genera un divorcio entre los objetivos sociales y los corporativos, lo que propició la percepción, cada vez más extendida, según la cual las grandes empresas aparecen frecuentemente enfrentadas a la sociedad. Y esto es precisamente lo que se pretende evitar mediante la RSC.
Para que una empresa aplique los principios de responsabilidad social, es decir, sea un buen ciudadano corporativo que obtiene beneficios dedicando recursos a la comunidad para mejorar su calidad de vida en su conjunto, tiene que cumplir con tres responsabilidades previas:
Responsabilidad económica, es decir generar beneficios y ser rentable. Es la base sobre la que se cementan el resto de las responsabilidades. Constituye la base de su existencia. Sin ella no tiene sentido la producción y generación de productos o servicios que la sociedad precise.
Responsabilidad legal, es decir cumplir la ley y las reglamentaciones establecidas. En otras palabras, una clara exigencia de cumplir la legalidad con rigor. Tristemente sabemos que no son escasos los escándalos generados por una falta total de compromiso en este nivel.
Responsabilidad ética, es decir ser justo, la obligación de hacer lo que está bien y es justo, el evitar el daño. No sirven atajos ilegales ni faltos de ética. Conllevan el cumplimiento de expectativas sociales no contempladas en la ley.
Señalar que, aunque el concepto de responsabilidad social se aplica principalmente a las grandes firmas, es aplicable a todo tipo de empresas, públicas y privadas, incluidas las PYME y las cooperativas.
Su justificación económica.
Vamos a verificar su justificación económica en el campo medioambiental, si bien este ejemplo es fácilmente extrapolable a otros factores.
En la Conferencia de las naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo llevada a cabo en Río de Janeiro en 1992 se suscribió la "Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo" que contiene los principios aprobados por los estados para lograr acuerdos internacionales que respeten los intereses de todos y protejan la integridad global del ambiente. Específicamente el punto 16 dice "Las autoridades nacionales deben tratar de promover la internacionalización de los costos medioambientales y la utilización de instrumentos económicos teniendo en cuenta el enfoque que, en principio, los que contaminan deben asumir el costo de la contaminación sin menoscabo del interés público y sin distorsionar el comercio ni la inversión internacional"
Hasta no hace muchos años, se marginaban las exigencias medioambientales en base a supuestas razones económicas. Se estaba de acuerdo en que las cosas se podían hacer mejor, pero entonces salían demasiado caras. El argumento, aunque quizás coyunturalmente era cierto, era en el fondo falso. Y lo era por dos razones:
No salían caras debido a la tolerancia de la sociedad, en otras palabras, no se gravaban los daños producidos por una mala gestión ambiental. Esto pudo haber sido válido durante un tiempo en el cual un sistema productivo ineficiente se hacía pasar por eficaz. Pero hoy en día un proceso ineficiente, tiene un bajo rendimiento económico y por tanto conlleva una merma competitiva.
Esta situación sólo se puede mantener mientras subsista esta tolerancia. Esta se esta reduciendo a causa de la presión social, el progreso es incompatible con la suciedad y el deterioro, de modo que los ciudadanos se vuelven más exigentes, y también a causa de los agravios con la buena gestión global del planeta.
Bajo este enfoque, en el que toda actividad de cualquier empresa se debe de dirigir a satisfacer las necesidades de sus clientes, aparece la sociedad en general como uno de estos clientes, para el que una de sus necesidades prioritarias es proteger el entorno.
El desarrollo económico ha traído como consecuencia un agotamiento de los recursos naturales. Estos antes eran abundantes y tenían poco valor, su conservación no era prioritaria. Actualmente los gobiernos y la población han tomado conciencia de que los recursos naturales en varias partes del planeta se están agotando. Consumir ahora un recurso no renovable significa no poder consumirlo después. Se debe de tomar en consideración el costo de oportunidad o de privación futura del recurso, cuando se estima su costo actual. El aumento de las protestas de la población y de los grupos de ecologistas y la aprobación de una legislación ambiental cada vez más exigente por parte de las autoridades, es el resultado del aumento de valor que se asignan a los recursos naturales a medida que aumenta su escasez.
Las empresas tradicionalmente se han servido de forma gratuita de los recursos naturales y como resultado aumentaba la contaminación del agua y del aire y paralelamente disminuía la disponibilidad del agua limpia para beber y para disfrutar y del aire puro para respirar.
Tenemos que reconocer que la contaminación ambiental es provocada por la ineficiencia de los procesos industriales. Dado que el objetivo de un proceso industrial es el de convertir materias primas en la mayor cantidad de productos se ha de tender a producir mejor, a aprovechar mejor las materias primas, generando así una menor cantidad de residuos. Sólo así obtendremos un producto con un precio aceptable para los consumidores.
En caso contrario, la contaminación sólo se podrá reducir, seguramente con un costo importante para la empresa, provocando un aumento en el precio de sus productos, que no serán aceptado por los consumidores. Si la contaminación no se reduce, serán los vecinos y la sociedad en su conjunto quienes estarán soportando este costo y subsidiando el precio de los productos.
La situación actual es que para proteger el medio ambiente, las autoridades han optado por establecer unos límites a la concentración de contaminantes que pueden ser emitidos por las industrias. Estos límites pueden ser similares para todos o depender de la zona donde se encuentre localizada la industria, pero no tienen en cuenta ni la situación económica ni las características tecnológicas de las diferentes actividades industriales.
Tampoco la legislación muestra preocupación por el análisis del costo - beneficio de las acciones que puedan encarar las empresas para reducir la contaminación al establecer límites máximos estrictos para esta. De esta forma las industrias se encuentran obligadas a construir plantas de tratamiento de efluentes, con tecnología ya probada, que aseguren el cumplimiento de la legislación, sin importar su costo. De esta manera, la legislación no favorece la búsqueda de soluciones más económicas, a través de modificaciones en el proceso de producción, y tampoco permite la competitividad ambiental de las empresas.
Y esto, a pesar de que la Unión Europea, señala como una de las concisiones de la acción ambiental la necesidad de tener en cuenta las condiciones del medio ambiente en las diversas regiones de la Unión, permitiendo que las normas ambientales no sean uniformes, en función de las distintas condiciones ambientales y económicas de las regiones y de los países miembros.
Respecto de los gravámenes para la protección del medio ambiente, los economistas han propuesto el uso de desincentivos económicos para la protección del medio ambiente. Su propuesta apunta a que el gobierno cobre a las industrias una tasa o impuesto cuyo valor sea proporcional a la cantidad de contaminante emitido. Se espera que la imposición de una tasa de este tipo contribuya a desincentivar la contaminación a que esta pasa a tener un costo económico para la empresa que la genera. De esta forma los recursos naturales pasan a tener un valor económico en el mercado. Su agotamiento no será posible a no ser que la tasa esté mal calculada. Su valor debe representar su escasez. De esta forma se espera que se incentive la competitividad ambiental entre las empresas porque deja en sus manos la planificación de las inversiones ambientales.
Mediante la tasa a la cantidad de contaminación se eliminará el subsidio que reciben las empresas y los consumidores de sus productos por la explotación gratuita de los recursos naturales públicos. El valor de la tasa que deben de pagar las empresas bajo este sistema se deberá transferir al precio final de sus productos, y serán los consumidores quienes finalmente deberán optar por dejar de comprar los bienes en cuestión y preservar los recursos naturales o continuar comprando pero a su verdadero costo.
Bibliografía.
La dimensión económica del desarrollo sostenible. Dr. Ricardo Fernández García. Editorial Club Universitario. ISBN 13: 978-84-9948-327-6. 2011.
Responsabilidad Social Corporativa. Una nueva cultura empresarial. Dr. Ricardo Fernández García. Editorial Club Universitario. ISBN 13: 978-84-8454-777-8. 2009
Sistemas de gestión de la calidad, ambiente y prevención de riesgos laborales. Su integración. Dr. Ricardo Fernández García. Editorial Club Universitario. ISBN 13: 978-84-8454-504-0. 2006
Principales obligaciones medioambientales para la pequeña y mediana empresa. Dr. Ricardo Fernández García. Editorial Club Universitario. ISBN 13: 978-84-8454-521-7. 2006.
