En concreto está considerando la normalización de los informes obligatorios sobre la comunicación de aspectos sociales y medio ambientales.
Parece que sugerirán orientaciones sobre políticas en materia de RSC pero es más que probable que no se incluirán medidas legislativas vinculantes por lo menos en esta fase.
En este proceso va a ser inevitable abrir de nuevo el debate sobre voluntario u obligatorio y es aquí donde se ven claramente las posiciones de las diferentes partes interesadas.
Mientras que los grupos empresariales abogan por dejar las cosas como están pues “la actual legislación sobre divulgación de información ya es suficiente” además de advertir sobre los costes que supondría una implantación de la obligatoriedad de los informes, desde organizaciones de la sociedad civil se recoge con satisfacción que la Comisión reconozca que no se puede confiar sólo en los compromisos voluntarios de las empresas y que esté preparando una legislación para obligar a las empresas a informar de sus impactos sociales y medioambientales.
Fuente: EuroActiv
