Garrigues Medio Ambiente ve la Ley de Economía Sostenible como una oportunidad para que a partir de posteriores desarrollos vía reglamentos y disposiciones se promocione la Responsabilidad Social Empresarial en España. Jesús de la Morena, Socio Medio Ambiente Garrigues, participa en el espacio RSC y Reputación del Programa Líderes para profundizar sobre las implicaciones que tendrá en materia de RSE para las organizaciones la LES.
¿Qué novedades trae la La Ley de Economía Sostenible en relación a la responsabilidad social empresarial?
La Ley de Economía Sostenible se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 5 de marzo de 2011. La Ley introduce tres artículos específicos sobre responsabilidad social empresarial. El artículo 35 dirigido para las empresas públicas, el artículo 39 dirigido a la promoción de la responsabilidad social empresarial en todo tipo de empresas tanto públicas como privadas; y luego, existe una disposición final para un desarrollo reglamentario posterior para los planes de pensiones. Esas serían las grandes novedades de la Ley de Economía Sostenible en cuanto a responsabilidad social empresarial.
¿Podemos considerar la Ley de Economía Sostenible como una buena ley, como una buena oportunidad?
Sin dudarlo es una buena oportunidad; nosotros vemos el vaso medio lleno, pueda ser la Ley que no todos deseamos pero es la Ley que ahora todos tenemos. Desde nuestro punto de vista, es una oportunidad magnífica para que a partir de posteriores desarrollos vía reglamentos u otro tipo de disposiciones llegará realmente a la promoción de la RSE que es el objetivo fundamental de esta Ley.
Dentro de los tres artículos que contiene la Ley hay uno que es importante desde el punto de vista de las empresas públicas. A partir de ahora ¿qué es lo que va a cambiar para estas empresas?
El artículo 35 de la Ley establece la obligatoriedad y da un plazo de un año para que las empresas públicas estatales, no es una obligación para las empresas públicas autonómicas o locales, adapten sus planes estratégicos. A partir del primer año de adaptación las empresas públicas estatales tendrán que presentar anualmente informes de gobierno corporativo. Algo que hasta ahora solo había sido legal para las cotizadas.
La segunda obligación importante es que van a tener que hacer memorias de sostenibilidad.
Además de estas dos obligaciones importantes, anualmente tendrán que presentar informes de gobierno coporativo y memorias de sostenibilidad, existen cinco o seis pautas básicas de principios de actuación que van tener que ser introducidos en las empresas públicas. Estos son la introducción de claúsulas ambientales y sociales en sus procesos de contratación, realizar contratos con empresas de servicios energéticos para mejorar la eficiencia energética, mejora de procesos, formación, planes de movilidad, etc. Es decir, que para las empresas públicas estatales hay dos grandes obligaciones con plazos y formas, y luego una serie de requisitos a cumplir.
Hasta ahora las empresas privadas tenían que presentar sus informes de Gobierno Corporativo a través de la CNMV. Las empresas públicas ¿ante quién presentarán estos informes?
No lo dice la Ley. El proceso deberá ser parte de un desarrollo reglamentario. Existen cosas que actualmente sin un desarrollo reglamentario son incertidumbre.
Realmente ahora la pelota está en el tejado del Gobierno para que dote de recursos, para que haga planes de formación y desarrolle una serie de herramientas que establece la Ley y vía reglamentaría desarrolle los aspectos o incertidumbres que hay en la Ley.
Según la disposición final nº 59 de la Ley, es el Consejo de Ministros quien tendrá que desarrollar reglamentariamente todos los aspectos que están pendientes de definir.
En este contexto ¿Qué papel debe jugar el Consejo Estatal de la Responsabilidad Social (CERSE)?
La Ley de Economía Sostenible en un artículo titulado “Promoción de la RSE” señala que son obligaciones concretas para el Gobierno y el CERSE. Al Gobierno por Ley se le obliga a dotar de recursos al CERSE, así como desarrollar una herramienta para la autoevaluación y para otros modelos de reporting dentro de los parámetros internacionales.
A su vez, al CERSE por Ley se le designa determinar las condiciones para que cualquier empresa pueda voluntariamente ser reconocida como empresa socialmente responsable, así como realizar un seguimiento sobre el grado de implantación de las políticas de RSE en las empresas españolas.
Con ello se le otorga al CERSE una función diferente al de la de carácter consultivo que tenía según Real Decreto. Ahora bien, estas nuevas funciones no tienen plazo, no tienen condiciones pero si hay una obligación legal para que el CERSE pueda realizar esto.
¿Cuáles son los objetivos de Garrigues Medio Ambiente para este año?
Garrigues Medio Ambiente es una sociedad 100% propiedad del despacho Garrigues y este año cumplimos 10 años desde su creación. Poco a poco hemos ido evolucionando en un concepto centrado en los temas medioambientales e ir generando conceptos bajo el paraguas de la sostenibilidad. Los pilares de la sostenibilidad son tres: los temas económicos, los temas ambientales y los temas sociales.
¿Qué papel juega Garrigues Medio Ambiente en el tejido empresarial?
El despacho Garrigues actualmente es el despacho más grande de Europa Continental tanto por número de empleados como por facturación y, a nivel mundial, es el despacho número 60; es decir que estamos hablando de una multinacional española. Garrigues Medio Ambiente todavía es una sociedad pequeña, formada por unos 50 profesionales. Su peculiaridad es que trabajamos tanto para el sector público como para el privado.
