Paisaje después de una década

Cuando acabamos apenas de sortear el quicio final de un desquiciante 2010,  la filosofía de la responsabilidad social empresarial (RSE) cumple casi una década de aplicación sistemática en muchas empresas de nuestro país. Y unos pocos años más en los países más adelantados en este terreno (que son los más desarrollados). Un tiempo que debería ser suficiente para que los resultados, inevitablemente lentos y paulatinos, empezaran a dejarse notar de una manera ya suficientemente perceptible. En todo caso, un tiempo apropiado para hacer balance.

¿Cuál es el saldo de este balance? No es fácil concretarlo. Sin duda, se han producido muchos avances. Avances quizás que muchos no sospecharían diez años antes: estructuras organizativas ya muy consolidadas en muchas empresas, formalización de políticas, códigos de gobierno y de conducta, informes de RSE y procedimientos de verificación, sistemas de diálogo con grupos de interés, desarrollo de políticas más avanzadas de acción social, incluso progresivo (aunque todavía epidérmico) contagio de la RSE en todos los ámbitos de la actividad…

¿Deberíamos entonces los partidarios de la RSE sentirnos satisfechos? ¿Optimistas, al menos,  ante las perspectivas de un futuro crecientemente halagüeño para estas ideas? Es posible: yo, ciertamente,  no lo rechazo, pero tampoco acabo de estar completamente seguro. Es verdad que hay motivos para pensar que bastante se ha mejorado, pero quizás haya muchos más para pensar lo contrario. En todo caso, creo que no está demás contemplar la década pasada con una -siempre necesaria- perspectiva crítica: una perspectiva que es también autocrítica respecto de lo que muchos hemos venido defendiendo y en lo que hemos venido creyendo, a veces, quizás, demasiado ingenua o complacientemente.

Por una parte, y pese a todas las excepciones que puedan hacerse, la RSE no acaba de suaperar una limitación decisiva: sigue sin llegar de forma significativa a las pymes, que constituyen la inmensa mayoría del tejido empresarial. La cuestión de la RSE es todavía una cuestión marcadamente minoritaria y acentuadamente focalizada en la gran empresa.

Pero incluso en este ámbito no deja de ser algo todavía periférico: aún en el colectivo mucho más restringido de las grandes empresas aparentemente preocupadas por la RSE, el balance dista de ser nítidamente positivo para quien lo contemple con una sana mirada objetiva. ¿O es que, pensando a calzón quitado, nos sentimos capaces de afirmar sinceramente que, tras una década de esfuerzos, la gran empresa es, de verdad, más responsable?; ¿es que ha cambiado realmente sus criterios y pautas de comportamiento?; ¿es que ha integrado con autenticidad la responsabilidad social en su estrategia, en sus sistemas de gobierno, en sus modelos de negocio, en sus políticas de relaciones laborales, en su transparencia y en su sensibilidad hacia los intereses de todos aquellos a quienes, directa o indirectamente, su actividad afecta?; ¿es que contempla con franqueza  la RSE como un ineludible criterio de calidad integral imprescindible para la mejora de la competitividad?

Lo que la realidad nos sigue evidenciando con terca tozudez en no pocos casos  es que la RSE sigue siendo para muchas empresas una cuestión, en el fondo, básicamente de imagen y de reputación. Una cuestión a la que, ciertamente, bastantes empresas dedican ya presupuestos y esfuerzos considerables, para la que implementan políticas crecientemente sofisticadas y en la que se comprometen con todo tipo de acuerdos. Pero muy frecuentemente sin sobrepasar la esfera de lo simplemente formal, con una empalagosa instrumentalización y limitando en la práctica la actuación a ámbitos relativamente marginales de la gestión.

Y lo que es peor: políticas y compromisos  que, en demasiadas ocasiones (repetimos: no siempre), se establecen y de los que se presume al tiempo que  se sigue manteniendo  una perspectiva esencialmente cortoplacista, se siguen minusvalorando los problemas que la actividad genera en el entorno, se siguen despreciando (o tratando de trasladar al conjunto del sistema) buena parte de los riesgos potenciales y se sigue supeditando el interés de todo grupo de interés a la persecución del beneficio puro y duro. El año que acaba de finalizar nos deja, en este sentido, jugosos ejemplos: desde los comportamientos de algunas de las entidades financieras más responsables de la crisis hasta el desastre de BP en el Golfo de México.   

Sin duda, se pueden (y se deben) hacer muchas excepciones, pero mucho me temo que la oscura realidad apuntada no es una simple distorsión provocada por un pesimismo exagerado. Es el paisaje después de una batalla en el que -como en la  desasosegante novela de Juan Goytisolo cuyo título parodia el de este modesto artículo- domina sobre todo una gran contradicción: la RSE parece -tanto en el campo académico como en el empresarial- cada día más claramente vencedora; pero pocas veces como en el final de la década pasada hemos podido ser testigos de mayor irresponsabilidad en la gestión empresarial (incluso entre empresas que hacían pública -y bien publicitada- fe de responsabilidad social).

 
No es posible, en este sentido, olvidar el trasfondo general del tiempo en que vivimos y la durísima enseñanza de la crisis en la que permanecemos encenagados. Una crisis  que marca nuestra experiencia vital y que obliga a repensar radicalmente muchas ideas (y desde luego, en el campo de la RSE). Una crisis generada y extendida en buena medida por grandes empresas (algunas, con elegantes políticas y sistemas de gestión y espléndidas evaluaciones de RSE), agravada por los recursos públicos que ha sido necesario destinar para evitar el hundimiento de esas grandes empresas y agudizada hasta lo impensable por las actuaciones que muchas de esas mismas empresas han venido manteniendo después.

No es posible, así mismo, olvidar que, tal como la crisis ha mostrado (una vez más), muchos de los aspectos valorados para calibrar la responsabilidad social de las empresas no son más que elementos (¿ornamentos?) complementarios de importancia secundaria, que pueden ser perfectamente asumidos en medio de comportamientos de una flagrante irresponsabilidad social.

No es posible, igualmente, olvidar la responsabilidad de las grandes empresas en el modelo socio-económico que, con carácter general, se está arbitrando como presunta solución frente a la crisis: ¿o es que no tienen estas poderosas entidades ninguna influencia en la creciente desigualdad que se está generando en las economías occidentales -y claramente también en la española- y en la distribución de esfuerzos necesarios para costear una crisis provocada por unos (muy pocos), pero pagada (muy duramente) por la inmensa mayoría?

Como tampoco es posible, finalmente, olvidar que -como muchos expertos vienen sosteniendo- la RSE no es independiente de las tendencias generales de la política económica: y que la irrefrenable tendencia a la desregulación (pese a las promesas iniciales tras el desencadenamiento de la crisis) y el consiguiente fomento del cortoplacismo genera barreras y limitaciones poderosas para el progreso de la RSE (cuando no incentivos difícilmente rechazables a la irresponsabilidad).  

Es un contexto en el que a algunos se nos hace crecientemente difícil resaltar sin más los indudables avances en la RSE: porque, aún reconociéndolos, la irresponsabilidad dominante pesa cada vez más; y porque sería también irresponsable no recordar permanentemente las penalidades que algunas empresas han provocado a tanta gente inocente.

Un contexto, por eso,  en el que no puede extrañar que vuelvan a tomar fuerza las voces que reclaman  que el único remedio eficaz frente a ese tipo de comportamientos radica en una agenda pública de impulso de la RSE mucho más activa y compulsiva y en una regulación y una supervisión consiguientemente mucho más estrictas. Una reclamación que, ante la evidencia de los hechos,  quien esto escribe no puede dejar de compartir. Y no sólo en cuanto a la conveniencia de iniciativas de fomento público de la RSE, sino también en cuanto a la necesidad inevitable de medidas regulatorias para evitar o penalizar comportamientos empresariales gravemente nocivos para la sociedad. Es decir,  para reducir significativamente el margen de libertad de la gran empresa de forma que no pueda seguir  imponiendo tan impune e irresponsablemente sus objetivos.

Nada nuevo en el fondo: es la idea que nutrió el movimiento inicial por la RSE. Es también la conclusión a la que, tras no pocos rodeos, está llegando un número creciente de expertos: el convencimiento de que, por encima del eterno debate bizantino sobre la voluntariedad de la RSE, es la regulación el factor que más la impulsa en la práctica.  

Algo que debería quizás  invitar a repensar el terreno del necesario debate de la RSE. No tanto para enredarse en un creciente barroquismo (tan querido de los que buscan medrar al calor de su complejidad),  cuanto, simplemente, para regular con mucha mayor firmeza y claridad unos pocos aspectos esenciales: por ejemplo, la forma como se gobiernan, operan e informan las empresas.

Cómo se gobiernan: porque la empresa sólo integrará realmente los intereses de sus grupos de interés en su estrategia (y en eso consiste la RSE) cuando éstos se integren consistentemente en su sistema de gobierno. Sólo la empresa que asuma esta (paulatina) inclusión, dejando de estar imperialmente regida por algunos accionistas y por la máxima dirección, estará en condiciones de poder ser una empresa socialmente responsable. Y no es -como muchos defienden- el objetivo último e idílico al que se aspira en el horizonte -nunca alcanzable- del camino, sino un prerrequisito previo e imprescindible para la responsabilización.

Cómo operan: porque muchas implicaciones sociales no reguladas de la forma en que producen y comercian las empresas no pueden ser dejadas al albur de la voluntariedad empresarial. Muy especialmente, todo lo que se refiere a la generalización absoluta de condiciones laborales dignas y  al cumplimiento riguroso de los derechos humanos básicos. Exigencias incondicionales que deben extenderse en las grandes empresas a toda la cadena de valor y a la operativa en países en los que la legislación es insuficiente o, aunque exista, no se cumple. Algo que, como vienen reclamando muchas organizaciones cívicas desde largo tiempo atrás, sólo puede ser corregible con una regulación obligatoria de carácter internacional impulsada por Naciones Unidas y que todos los Estados de origen de las empresas tengan la obligatoriedad de imponer a sus empresas donde quiera que operen.
Cómo informan: porque, por encima de la polémica sobre la posible obligatoriedad de los informes de RSE para determinados tipos de empresas (que, desde luego, defiendo), lo que verdaderamente importa es que las empresas no distorsionen ni oculten información significativa en los documentos que -obligatoria o voluntariamente- generen. Algo que exigiría extender criterios similares a los aplicados a la información financiera a toda la información adicional (y también a la de RSE) que publique institucionalmente la empresa. Es decir: criterios mínimos de información (que necesariamente deben respetarse de forma que la información sea evaluable de forma objetiva),  auditoría externa obligada (pero auditoría real, no las amables verificaciones habituales en los informes de RSE) según criterios públicos y penalización legal en caso de descubrirse que la empresa ha manipulado u ocultado información relevante. Sólo así, de paso, podría superarse el estomagante tono publicitario y la muy baja calidad de tantos informes de RSE.

Creo que no somos pocos los que  desearíamos que ese imprescindible (e inevitable) debate público sobre la RSE no dejara de lado este tipo de preocupaciones. Pero no deberíamos olvidar que  eso es algo que dependerá decisivamente del interés (y de la corresponsabilidad) de la sociedad por tener empresas mejores y más responsables: es decir de la fuerza de los contrapoderes (viejos y nuevos)  que, frente al poder empresarial, sepa construir la sociedad.   Si la RSE consiste en esencia en la respuesta equilibrada que la empresa ofrece a las demandas de sus diferentes grupos de interés, sus avances dependerán inevitablemente de que esos grupos de interés se doten de la capacidad de presión necesaria para equilibrar la posición con que la empresa negocia con cada uno de ellos. Sólo así, como ha demostrado abrumadoramente la mejor teoría económica, se puede reducir el grado de dominación en el mercado y el nivel de imperfección de la competencia: algo que tiene mucho que ver con la RSE.  Por eso, cada día que pasa comparto con más firmeza el convencimiento de que una de las medidas públicas más eficaces para intensificar y extender la RSE es fortalecer el tejido cívico de la sociedad.

Regulación y contrapoderes: nada nuevo, decíamos; una muy vieja canción. Una canción, sin embargo, que no es de otro tiempo: que recuerda el carácter eminente e inevitablemente político y social de la RSE. Es la poco original y un tanto escéptica lección que a algunos nos queda de una década de la que se esperaba mucho, y en la que probablemente no poco se ha avanzado, pero que finaliza dejándonos un embarazoso aroma de melancolía, una inocultable  insatisfacción y una lacerante sensación de frustración.