Cuando hablamos de Responsabilidad Social, siempre decimos que no es una práctica exclusiva de las empresas sino que todas las organizaciones deben comprometerse en este sentido y mencionamos las ONG, las fundaciones...y la administración pública. Este es el discurso políticamente correcto.
Montse Cusachs
Cuando hablamos de Responsabilidad Social, siempre decimos que no es una práctica exclusiva de las empresas sino que todas las organizaciones deben comprometerse en este sentido y mencionamos las ONG, las fundaciones...y la administración pública. Este es el discurso políticamente correcto.
La administración pública ha estado más atareada en su papel de difusora que en plantearse seriamente las acciones que ella misma puede hacer para no tan solo predicar la RS sino practicarla.
Cuando ha puesto en marcha alguna acción ha sido, a menudo, de ese tipo que no cambia nada pero que permite decir que algo se está haciendo.
La administración pública da formación sobre Responsabilidad Social, da subvenciones para trabajar la RS con las empresas del territorio, publica dípticos, trípticos y documentos mil para informar y difundir el concepto, organiza o subvenciona total o parcialmente jornadas, seminarios sobre el tema...PERO cuando compra material, servicios...prima el precio antes que las cláusulas sociales porque a menudo éstas no están redactadas, por poner un ejemplo.
El discurso de la RS ante los departamentos de compras parece ridículo y suele arrancar una sonrisa burlona que se traduce en el “ya estamos con el temita de nuevo”.
Cuando se habla de cláusulas sociales en los concursos públicos nadie se atreve a poner el cascabel al gato y es más cómodo seguir como hasta ahora que cambiar.
Cláusulas sociales “¿y eso qué es?”.
La administración pública se posiciona por encima del bien y del mal y debería ser el ejemplo a seguir para las demás organizaciones, al fin y al cabo no deja de ser una empresa enorme, la más grande de todo el país. Así que su volumen de compra es proporcionalmente grande.
Ésta, tal vez, es una de las primeras medidas para castigar a las empresas NO responsables porque a través de las cláusulas sociales se premiaría a las que demuestran responsabilidad y se castigarías a las que no lo son o no pueden demostrarlo, que viene a ser lo mismo. La RS si no se puede demostrar es que es fruto de la buena voluntad más que del buen hacer.
El castigo a las empresas no responsables que preocupa a Ramón Jáuregui como manifestó en su discurso de la Conferencia europea de la RSE celebrada en marzo en Palma de Mallorca podría empezar por el uso generalizado y obligado de las cláusulas sociales en los concursos públicos.
Es curioso que mientras defendemos que la RS es voluntaria y ahí radica su esencia, la misma administración pública no haya puesto en marcha ya acciones firmes en este tema voluntariamente.
Estaréis pensando que hay algunas administraciones locales o autonómicas que tienen acciones en este sentido...y es cierto PERO lo grave de la situación es que no es una práctica extendida a todo el territorio español y una práctica indiscutible perteneciente al ADN de la entidad pública. Mientras haya departamentos que miren de reojo y con cierta desconfianza las cláusulas sociales, estaremos lejos de empezar a ser ejemplo.
Hemos atendido y puesto nuestros esfuerzos en las empresas como clientes externos y hemos olvidado -quiero pensar que no ha sido de forma consciente- empezar o trabajar de forma paralela con cada uno de los estamentos o escalones del organigrama público como clientes internos.
La administración pública también debe ser premiada, en el sentido de ser reconocida, si es responsable y castigada si no lo es.
Debe perder esa característica más divina que humana de estar fuera de toda duda y ganar, en serio, credibilidad.
Montse Cusachs
