La tarde de este pasado miércoles, el Congreso de los Diputados español ha despedido calurosamente a Ramón Jaúregui, señero diputado cuya capacidad de diálogo y de consenso ha sido reconocida por todos los grupos políticos en ésta su última intervención, dedicada a la RSE, antes de incorporarse al Parlamento Europeo
Servimedia.net.- Los grupos parlamentarios del Congreso mostraron hoy su apoyo a promover la responsabilidad social en las administraciones públicas en distintos ámbitos.
Los distintos partidos políticos presentes en la Cámara Baja acordaron la presentación de una enmienda transaccional, que sustituía la proposición no de ley sobre responsabilidad social presentada por el grupo socialista. Para Ramón Jauregui, portavoz del grupo socialista "las empresas o son responsables o de lo contrario serán expulsadas del mercado".
El diputado socialista afirmó que los servicios públicos como hospitales y universidades, o las empresas públicas, deben también informar con transparencia y dar ejemplo, "porque no se puede promover la responsabilidad social si la administración pública, en todos sus ámbitos, no asume estos principios", reiteró.
Además, el portavoz socialista afirmó que la responsabilidad social no muere con la crisis, sino "que desaparece el marketing social y la acción social, porque la RSC debe estar inmersa en la estrategia de las empresas".
Por su parte, la diputada del BNG Mª Olaia Fernández Dávila también se mostró a favor, al incorporase en la enmienda transaccional sus posicionamientos e instar al Gobierno a establecer medidas de discriminación positiva que permitan a la Administración pública incorporar criterios medioambientales en las cláusulas de concursos de obra pública.
Carles Campuzano, portavoz del Grupo Catalán, también se mostró favorable al incorporar la proposición no de ley un plan de actuaciones para promover la inversión socialmente responsable en España, así como "abrir el debate" sobre la regulación o no de la obligatoriedad de las memorias de responsabilidad social.
Por último, el diputado popular Miguel Barrachina apostó porque las administraciones públicas primen en sus concursos a las empresas que contraten a personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión como pueden ser las personas con discapacidad o las mujeres objeto de violencia de genero.
